La Fiscalía Segunda Anticorrupción, endilgó responsabilidades a otras siete personas en el caso que sigue ese despacho por el alquiler de helicópteros a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy la Dirección de Asistencia Social.
En una resolución del pasado 19 de enero de 2016, la fiscal Vielka Broce ordenó la indagatoria de los nuevos protagonistas del caso.
Se trata del exdirector del PAN, Giácomo Tamburelli; Lina Tejera, exdirectora de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; Jessica Pérez, exdirectora del Programa 100 a los 70 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides); Jorge Torregroza, exsecretario ejecutivo de la Red de Oportunidades, del Mides; Eliécer Lara Coba; excoordinador de pagos de 100 a los 70, del Mides; Ramón Cuervo, exdirector de administración del Ministerio de Salud (Minsa); y Adelis Varela Vega, exsecretaria general del Minsa.
POR PECULADO
Los exfuncionarios son investigados por la supuesta comisión del delito de peculado y de acuerdo a la fiscal, están vinculados al caso porque no cumplieron con el procedimiento adecuado para confirmar el servicio de alquiler de las aeronaves.
Es decir, la mayoría de ellos avaló el pago de las horas-vuelo de helicópteros sin que este servicio se concretara, de acuerdo al Ministerio Público. Fueron vuelos fantasmas.Tamburelli, según la fiscalía, “...contrató a la empresa Cabin Corp., la cual no contaba con aeronaves, certificados de explotación de servicios de aeronavegación comercial, ni tampoco tenía certificados de operación, para que prestara los servicios en concepto de horas vuelo”. Cabin Corp. está vinculada a Gabriel Btesh, miembro del círculo cero de Martinelli. A Btesh, el Ministerio Público lo relaciona con otros casos de supuesta corrupción del gobierno pasado, pero su paradero es desconocido.
El Ministerio Público no encontró documentos que demuestren que Cabin Corp transportara a funcionarios, lo que ocasionó una millonaria lesión al Estado. De Tejera, exdirectora de administración y Finanzas del Mida, la Fiscalía determinó que firmó las actas de aceptación de servicios emitidas por el Mida, las cuales describen la recepción a satisfacción del servicio de alquiler de helicópteros para el transporte del ministro del ramo y su equipo de trabajo.Pero Broce advierte que al igual que en el primer caso no se ubicaron los documentos que evidencien que el servicio se prestó, lo que ocasionó un perjuicio al Estado.Mientras que Pérez, exdirectora del Programa 100 a los 70; y Torregroza, exsecretario ejecutivo del programa Red de Oportunidades, están en la mira del Ministerio Público por estos hechos a raíz de que también certificaron que recibieron a satisfacción los servicios de alquiler de helicópteros para desplazar a funcionarios a corregimientos de difícil acceso a nivel nacional para distribuir dinero del Programa 100 a los 70, a personal de la Policía Nacional, entre otros. Broce resalta que en la documentación examinada que sustenta los desembolsos por $2.9 millones [solo en este caso] se determinó que las horas facturadas y los lugares difieren con los registros de la Autoridad de Aeronáutica Civil. La Fiscalía Segunda Anticorrupción tiene los mismos argumentos para endilgarle responsabilidades a Lara Coba, exdirector de Pago de 100 a los 70. Mientras que a Cuervo, exdirector Nacional de Administración del Minsa, según las pesquisas del Ministerio Público, firmó las solicitudes para solicitar el servicio de las compañías Love Aviation y Ángel Wings Life Team Inc., y posteriormente avaló documentos donde constaba que el encargo se había recibido satisfactoriamente, pero la Fiscalía advierte que el servicio tampoco se prestó.En tanto Varela Vega, exsercetaria General del Minsa, es investigada ya que “...firmó documentos que certifican a recepción de los servicios de horas de vuelo contratadas, sin la verificación de la contraprestación de los mismos, lo que ocasionó una lesión al Estado”. La Contraloría General de la República en una auditoría reveló que en este caso se habría cometido un perjuicio al Estado por el orden de $10.1 millones. En la primera etapa de la investigación se le formuló cargos por supuesto peculado al exdirector del PAN, Rafael Guardia; a los exministros del Mida: Emilio Kieswetter y Óscar Osorio y al exministro de Salud, Javier Díaz.
