En el último día del juicio del caso Lava Jato, Jürgen Mossack, cofundador de la extinta firma Mossack Fonseca y uno de los 32 imputados por presunto blanqueo de capitales, se dirigió a la juez penal Baloisa Marquínez.
Mossack, entre otras cosas, consideró que la fiscalía le atribuye un delito “inexistente”, que Mossack Fonseca creó más de 250 mil sociedades para fines lícitos, que su firma fue pionera en aplicar la debida diligencia a sus clientes y que pretender que vaya a prisión, a sus 75 años de edad, es “inverosímil”.
“He visto durante estos días, porque yo doy la cara, yo me siento al frente... He visto que usted ha escuchado con mucha paciencia tanto a la fiscalía como a la defensa. Considero que usted ha prestado mucha atención a todo. Le agradezco por su paciencia. Estoy seguro que al final usted tomará la decisión más sabia posible”, dijo Mossack a la juez, el último día de un juicio que inició el pasado 26 de junio y terminó el 4 de julio.
Para que Mossack tuviera la oportunidad de tomar la palabra, su abogada Guillermina McDonald (que también defiende al cofundador de la firma, Ramón Fonseca Mora, y a Edison Teano y Sandra Naranjo de Cornejo) le solicitó a la juez que escuchara a su cliente por unos “cinco minutos”, a lo que Marquínez prontamente accedió.
Mossack agradeció el gesto y contó que había esperado este momento por siete años. “En el tribunal hay un letrerito que dice que uno no se le puede acercar al juez para ningún asunto. Entonces esta es mi oportunidad”, dijo.
Su socio Ramón Fonseca no acudió personalmente a la sala de la juez Marquínez y siguió el desarrollo del juicio vía electrónica. Para ambos la fiscalía pidió hasta 12 años de prisión, lo mismo que para otros 26 imputados, y la absolución de cuatro acusados.
Mossack dijo ejercer como abogado desde el año 1973 y nunca ha tenido “roces con la ley de ninguna clase”, salvo alguna boleta de tránsito por exceso de velocidad.
Reiteró que no es “responsable” de los cargos que se le imputan, pero que sí lo es de otras cosas, “como proveer empleo para unas 650 familias entre Panamá y el extranjero, así como de haber constituido, junto con mi socio y el personal de mi oficina, unas 250 mil sociedades, de las cuales unas cuentas se han mencionado durante el juicio y que aparentemente pueden haber sido utilizadas con fines no lícitos por algunos clientes finales”.
Contó además que siempre se preocupó “por hacer las cosas bien”.
“Nosotros inclusive, antes de que aquí fuera obligación conocer a su cliente por la Ley 2 de 2011, nosotros ya teníamos una oficina de debida diligencia. Ya lo hacíamos”, aseguró.
“Éramos una firma de abogados que hacíamos bien las cosas durante muchísimos años y pretender ahora la fiscalía que yo a mis 75 años sea condenado a ocho años de cárcel por un delito inexistente, eso señora juez es inverosímil”, indicó.
Marquínez no precisó cuándo dará a conocer su fallo, pero esa decisión, que es en primera instancia, podría ser apelada por alguna de las partes insatisfechas.
