El expresidente de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014) no atendió las preguntas del fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada sobre la compra del Grupo Epasa presuntamente con fondos públicos, y la diligencia terminó con la orden de prohibir al exgobernante salir del país, sin autorización judicial.
También deberá notificarse los días 15 de cada mes.
La medida cautelar fue dictada este jueves 2 de julio, por el fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, que lo citó el día antes para que rindiera indagatoria por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en el caso conocido como New Business.
El indagado se acogió al artículo 25 de la Constitución -que señala que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo-; reclamó la aplicación del principio de especialidad contenido en el tratado de extradición pactado en 1904 por Estados Unidos y Panamá, y mostró un certificado expedido por el cardiólogo Gabriel Frago, que señala que está incapacitado del 1 al 3 de julio. El 3 de julio, Martinelli tiene otra indagatoria, esta vez a solicitud de la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga las coimas que Odebrecht pagó en Panamá. En esa fiscalía, declara en estos momentos el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
El doctor Frago ya atendió a Martinelli como médico particular, cuando estuvo detenido previamente en El Renacer, luego de ser extraditado por Estados Unidos, donde estuvo detenido un año. En varias ocasiones, Frago certificó que su cliente padecía de enfermedad coronaria, hipertensión arterial crónica, apnea de sueño, glaucoma y depresión, entre otros padecimientos. Frago incluso prestó testimonio, bajo juramento, en las audiencias ante el magistrado Jerónimo Mejía, quien fungió como juez de garantías del caso pinchazos, cuando la competencia la tenía la Corte Suprema de Justicia.
Roniel Ortiz, abogado de Martinelli, informó que “no hay ninguna citación más”, dado que su defendido está incapacitado por Frago. Cuando los periodistas le preguntaron si eso significa que no comparecerá el viernes a la indagatoria por los sobornos de Odebrecht, Ortiz respondió airadamente.
“¿Cómo va a venir, si está incapacitado?”, señaló. En todo caso, adelantó que invocar el artículo 25 de la Constitución “es la estrategia que vamos a utilizar”. De hecho, precisó que con el fiscal Márquez, “no hubo ningún tipo de interrogatorio”.
Posteriormente, el vocero del expresidente, Luis Eduardo Camacho, informó en un “comunicado” en redes sociales que Martinelli había presentado una querella contra Tania Sterling, una de las fiscales que lleva la causa de Odebrecht. También presentaron una recusación contra Sterling.
Martinelli también se declaró víctima de una “persecución política”, y acusó a los fiscales “de responder a Kenia Porcell”, quien en diciembre pasado renunció como procuradora de la Nación y fue reemplazada por Eduardo Ulloa.
“Todo esto sucedió porque le secuestré las cuentas corrientes a Kenia Porcell”, dijo a los periodistas.
“Yo soy el empresario más grande de este país, el que paga más impuestos. Si a mi me violan la ley, la Constitución y los tratados internacionales, ¿qué no le harán al resto de los inversionistas?”, remarcó.
El expresidente culpa a Porcell, “que todavía tiene sus tentáculos aquí”, y también a Juan Carlos Varela, “que todavía manda en este Ministerio Público”. Los periodistas le pidieron que explicara, entonces, cómo era posible que Varela -si todavía tenía mando...-, estuviese en ese momento en una indagatoria, pero Martinelli eludió esas preguntas y cambió su versión: empezó a repetir que -ahora...- el caso tenía el propósito de “cerrar” el Grupo Epasa, que edita diario El Panamá América, “el único medio independiente que dice la verdad”.
“¡Todo esto es una patraña política de parte de Juan Carlos Varela y Kenia Porcell! ¡Ellos son los que mandan en este Ministerio Público!”, dijo al retirarse del lugar.
Martinelli insiste en la aplicación del principio de especialidad, pese a que Estados Unidos -a través de su embajada en Panamá y del Departamento de Estado estadounidense- ha señalado que ese principio ya no está vigente, porque el expresidente ha viajado fuera de Panamá desde septiembre de 2019. Salir del país es una de las excepciones al principio de especialidad, según consta en el tratado bilateral de 1904.
Roniel Ortíz envió el pasado miércoles una “advertencia” escrita al fiscal Contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, en la que sostiene que su cliente “no ha renunciado a su principio de especialidad”.
El principio de especialidad implica que Martinelli no podría ser procesado por casos distintos a aquel por el que fue extraditado por Estados Unidos, en junio de 2018: el de los pinchazos. Por este caso, en agosto de 2019, un tribunal lo declaró “no culpable”, sentencia que está en apelación.
Desde diciembre de 2019, Estados Unidos ha informado que Panamá tiene libertad para procesar y juzgar a Martinelli por otros casos.
Este jueves, Martinelli dijo a los periodistas que saldrá airoso del caso New Business, como ya ocurrió -según él- con el de los pinchazos, porque se trata de investigaciones “montadas”.
En este caso, la fiscalía investiga a unas 40 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en las transacciones para la compra de Epasa.
La sociedad New Business sirvió como “canasta” para acumular, al menos, $43.9 millones, que fueron usados para adquirir la editorial en 2010, cuando Martinelli era presidente.
