Zulay Rodríguez, diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y candidata a la presidencia de la República por la libre postulación, denunció penalmente a sus copartidarios y colegas de la Asamblea Nacional, Raúl Pineda y Benicio Robinson. Los acusa de la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la fe pública y contra el patrimonio económico.
Rodríguez alega que Pineda en asocio con su sobrino, José de Los Santos Ruiloba Pineda, mantienen una planilla secreta en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) con 2,822 personas, que supuestamente trabajan para programas como Techos de Esperanza; lo que implica un costo para el gobierno de $2.5 millones.
Ruiloba Pineda es candidato a diputado del circuito 8-2, San Miguelito y candidato a representante de corregimiento de Belisario Frías en el mismo distrito. También laboró como jefe personal del Miviot.
La diputada afirmó que en un período de cinco años, esta planilla oculta alcanza la cifra de $150 millones mensuales.
También denunció que el también diputado de San Miguelito, Raúl Pineda, tiene una gran cantidad de fincas y apartamentos en Arraiján, Panamá Pacífico, Panamá y en Colón. Aseguró que sus familiares manejan una empresa a la que se han adjudicado varios contratos de limpieza de áreas verdes.
Con relación al diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, precisó quemaneja una empresa llamada Transporte y Edificaciones del Atlántico S.A. (Teasa), que mantiene una concesión desde el año 2013 para el suministro de grava y arena que vende a megaproyectos que se desarrollan en la provincia de Bocas del Toro. Añadió que esta empresa no ha declarado sus ganancias.
Rodríguez manifestó que entregó a la Corte Suprema de Justicia una serie de documentos y la prueba idónea para que se inicie una investigación penal contra ambos diputados.
Hasta el momento de redactar esta noticia, ninguno de los tres políticos había reaccionado.
La Corte Suprema de Justicia investiga a la diputada Rodríguez por la supuesta apropiación de 66 kilos de oro, metal que reclamaba el fallecido orfebre mexicano José Luis Penagos. Este tribunal tiene pendiente de una audiencia de imputación, pero la candidata no ha asistido a ninguna de las audiencias.
La Corte la procesa por la supuesta comisión de los siguientes delitos: contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto con abuso de confianza y estafa. Contra el orden económico, específicamente por blanqueo de capitales. Contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir. Contra la administración de justicia, específicamente por prevaricato.
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