La magistrada Ariadne García, juez de garantías del caso que se le sigue a la diputada Zulay Rodríguez por la supuesta apropiación de 66 kilos de oro, no admitió un acuerdo extrajudicial pactado con la familia del fallecido orfebre mexicano José Luis Penagos.
La magistrada juez explicó que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que todavía no se ha completado siquiera la fase de imputación.
De hecho, la audiencia de imputación estaba convocada para este mismo miércoles, pero no se pudo llevar a cabo porque Rodríguez no apareció y porque la Corte Suprema de Justicia no ha decidido aún sobre dos advertencias de inconstitucionalidad presentadas por la diputada.
García añadió que una vez se complete esta fase, se podría analizar el acuerdo de indemnización pactado entre Rodríguez y la familia Penagos, querellante en este proceso.
El de este miércoles era el cuarto intento de la Corte Suprema de Justicia por imputarla por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, abuso de confianza, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia.
Las tres citas anteriores (29 de febrero, 9 de marzo y 15 marzo) fueron suspendidas. A ninguna de esas audiencias Rodríguez asistió. Ella argumentó que renunció como diputada desde el 26 de febrero y, por tanto, la Corte ya no tiene competencia para procesarla. No obstante, la Asamblea Nacional le informó por escrito a la Corte que el trámite para formalizar la renuncia no se ha completado y, por tanto, Rodríguez sigue siendo diputada.
La negociación entre Rodríguez y Juan David Penagos, hijo de José Luis Penagos, fue comunicada este miércoles en la audiencia. Penagos hijo participó vía Zoom. Por la defensa, apareció el abogado Ángel Álvarez.
Una vez inició el acto, el abogado de los Penagos, Edwin Córdoba, comunicó a la magistrada juez García que sus clientes habían pactado un “acuerdo de indemnización” con la diputada.
Declaran inadmisible solicitud de desistimiento de la acción penal en caso de diputada de la Asamblea Nacional
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) April 4, 2024
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El referido acuerdo incidiría también en el proceso que, por esta misma causa, se adelanta en el Ministerio Público contra Álvaro Testa y Rafael Araúz, esposo y exsocio de Rodríguez, respectivamente.
La diputada, que aspira a reelegirse, quiere ser presidenta de la República por la libre postulación y compite por la alcaldía de San Miguelito con la bandera del partido Realizando Metas.
Así empezó todo
La investigación contra la diputada se inició a raíz de una querella presentada ante el Ministerio Público por Diana Clemencia Ríos Cardona, la viuda de José Luis Penagos, un comerciante mexicano que en el año 2009 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por llevar unas láminas de oro que, según las autoridades, no fueron declaradas.
Con él viajaba un colega orfebre, el venezolano José Felipe Mendoza, a quien Aduanas también le decomisó, al menos, otros 31 kilos de oro. Ambos tenían, en total, unos 68 kilos kilos de oro.
Penagos alegó que no tenía por qué declarar el oro, pues su destino final no era Panamá, sino Colombia. Todo se complicó después de que las autoridades hallaron restos de metanfetaminas en el oro.
En 2013, Penagos contrató a Rodríguez para reclamar el oro, pero al final del proceso judicial, la acusó de haberse apropiado del oro. Ella dice que su excliente nunca le pagó sus honorarios profesionales y, por tanto, el oro compensaría la prestación de sus servicios.
