El procurador de la Administración, Rigoberto González, y grupos de la sociedad civil advirtieron de que la Asamblea Nacional sí le puede dar trámite al pedido que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, de que se investiguen las confesiones del magistrado Harry Díaz de manipulación del poder judicial por parte de Ricardo Martinelli y las denuncias de corrupción.
Las reacciones surgieron ante las declaraciones del presidente de la comisión legislativa de Credenciales, el panameñista Jorge Iván Arrocha, quien argumenta que se requiere que Ayú Prado presente la denuncia para que la Asamblea investigue lo dicho por Díaz en Telemetro, el pasado 14 de enero, y en La Prensa, el 26 de octubre de 2014 (Harry Díaz: ‘Moncada Luna solo es la punta del iceberg’).
“El magistrado Ayú Prado, a través de una nota, ya puso en conocimiento a la Asamblea de supuestos hechos que pueden ser irregulares. El presidente de la Corte le está diciendo a la comisión: ‘cítenlo, llámenlo [a Díaz]”, sostuvo González.
Annette Planells, del Movimiento Independiente, calificó como “excusa inaceptable” los argumentos del diputado Arrocha.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, trató de tomar distancia al decir que esto es un asunto interno de la Corte.
En tanto, fuentes de la Corte informaron que los magistrados se reunieron ayer. Acordaron actuar como “cuerpo colegiado” frente a la crisis.
Inacción
La posición del Ejecutivo, de tomar distancia de la crisis en el Órgano Judicial por considerar que se trata de asuntos internos de otro poder del Estado, y de la Asamblea Nacional, de no investigar las denuncias que ha hecho el magistrado Harry Díaz hasta que se presente una denuncia formal, fueron rechazadas por diversos sectores de la sociedad civil organizada.
Varela se aparta
El presidente Juan Carlos Varela, de gira por Chiriquí, señaló ayer que las denuncias y confesiones que hizo el magistrado Díaz sobre corrupción, bandos políticos entre sus colegas y la intromisión del Ejecutivo en el Judicial son “asuntos internos de la Corte”.
Varela sostuvo que es un cuestionamiento entre los nueve magistrados y “no podemos juzgar desde afuera”.
Indicó que pareciera que con las declaraciones de Díaz han salido a relucir “diferencias internas que había en el sistema” por una votación por la directiva de la Corte.
“No me pidan qué va a pasar en la Corte, qué va pasar con los culecos ni cuántas reinas va tener el Carnaval de Las Tablas”, respondió Varela, en tono molesto, ante la insistencia de los periodistas.
Díaz denunció que Ayú Prado “lo traicionó” en la elección de presidente de la CSJ, el pasado 4 de enero, a pesar de que había prometido que votaría por él.
Ayú Prado obtuvo la reelección en la Presidencia de la Corte con el voto de los magistrados Hernán De León, Luis Ramón Fábrega, el de él mismo y el de los dos magistrados que ese mismo día habían sido juramentados por el mandatario: Ángela Russo y Cecilio Cedalise.
Asamblea pide denuncia
Mientras que el presidente de la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, el también panameñista Jorge Iván Arrocha, señaló que se requiere la presentación de una denuncia formal para abrir un proceso por las revelaciones del magistrado Díaz.
“Tiene que haber una denuncia formal de parte de algún ciudadano para hacer este tipo de investigaciones. Trabajaremos con apego a la Constitución y la ley, siempre de acuerdo con los principios del debido proceso, a la reserva de la intimidad y la reserva del sumario”, sostuvo Arrocha.
Horas después de que Díaz dio sus declaraciones en televisión en Telemetro el pasado 14 de enero, el presidente de la Corte, José Ayú Prado, remitió una carta al presidente del Legislativo, Rubén De León, y al diputado Arrocha y le adjuntó copia de la entrevista de Díaz. El pedido de Ayú Prado es que la Asamblea considere citar al magistrado para que presente las pruebas que sustenten sus aseveraciones.
Ayú también adjuntó fotocopia de una nota que Harley Mitchell, magistrado de la Sala Civil hasta hace dos semanas, dirigió a la Asamblea en octubre de 2014 para que se pronunciara sobre el contenido de una entrevista a Díaz, publicada en la sección “Knockout” de La Prensa el 26 de octubre de 2014 bajo el título ‘Harry Díaz: Moncada Luna es la punta del iceberg’
El procurador de la Administración, Rigoberto González, señaló que aunque la Asamblea sostiene que no puede iniciar de oficio una investigación, por lo menos debiera instar al magistrado y decirle: “venga y presente la denuncia, de forma tal que no quede en tela de duda lo que usted está señalando”.
‘Asuman su responsabilidad’
Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), calificó como una “excusa inaceptable” el argumento del diputado Arrocha. “Tanto él como todos los ciudadanos vimos las declaraciones del magistrado Harry Díaz”.
“Como presidente de la comisión de Credenciales tiene la responsabilidad de darle trámite a este caso. Por qué traspasar esta responsabilidad a otra persona. Fue muy clara tanto la entrevista del magistrado Harry Díaz, como la nota remitida a la Asamblea por el magistrado Ayú Prado. Hay argumentos suficientes para iniciar una investigación”, precisó.
Planells también cuestionó que aunque el presidente Varela señala que este es un asunto interno de la Corte, no plantea que tiene tres suplentes por nombrar y el reemplazo del magistrado Alejandro Moncada Luna pendiente de designar.
“En estos momentos, como está la crisis en la justicia, ningún funcionario, ni el Presidente de la República, se pueden desentender de lo que está ocurriendo en la Corte. El Presidente, además, es responsable por la selección de los magistrados y ya vimos cómo actuaron los dos magistrados que ellos escogieron”, señaló Planells.
Piden formalizar denuncia
Por su parte, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que la ley establece un mecanismo para poder entablar una investigación que supone la presentación de una denuncia formal.
“La carta del presidente de la Corte no es una denuncia formal, él deberá en todo caso presentar una denuncia como lo establece la “ley blindaje”, que fija la presentación de pruebas sumarias y otros requisitos. Hasta el propio magistrado Díaz puede formalizar esta denuncia”, señaló.
Consideró que la Corte sí tiene la facultad para entablar una investigación de carácter administrativa y disciplinaria ante las declaraciones del magistrado Harry Díaz. “El presidente de la Corte o formaliza una denuncia o entabla una investigación disciplinaria dentro de la misma Corte Suprema”, enfatizó.
De hecho, fuentes de la Corte confirmaron que los magistrados se reunieron ayer para discutir temas administrativos y que la crisis desatada por esta situación centró las discusiones. Decidieron actuar “como cuerpo colegiado ante la crisis”.
No se inició ninguna investigación. Lo que sí se conoció fue que hay una instrucción para que “ningún magistrado dé declaraciones de forma individual”.
Por su parte, Roberto Troncoso, del Movimiento Institucionalidad y Justicia, indicó que el magistrado Ayú Prado sabe perfectamente lo que tiene que presentar como mínimo para que se genere una investigación en la Asamblea.
“Lo que él envió fue una simple carta para tirarle un poco de arena a la gente, pero él sabe como fiscal y encargado del Ministerio Público que fue, el mínimo requisito que debe haber para poder iniciar un proceso de esta naturaleza”, señaló.
Exigen resolver denuncias
En tanto, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) censuró la inactividad de la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para tramitar por orden cronológico las denuncias que reposan contra los magistrados de la Corte.
En el período pasado, la comisión depuró cerca de 40 expedientes con denuncias de magistrados, pero quedaron pendientes de resolver cerca de 20, y que de ellas, ocho señalan al magistrados Ayú Prado de la supuesta comisión de varios delitos contra la administración pública y de extralimitación de funciones.
Annette Planells, de Movin, también cuestionó a Arrocha por la demora en el trámite de las denuncias contra magistrados que reposan en esta instancia legislativa.
“Allí hay ocho expedientes contra Ayú Prado y los que existen contra otros magistrados, él [Arrocha] lleva de presidente de la comisión de Credenciales más de la mitad de su período y no se ha movido un papel en este tema”, precisó.
Plantean salida a crisis
El CNA también censuró toda intervención del Ejecutivo como la descrita por el magistrado Harry Díaz en el actuar de los magistrados de la Corte.
Díaz contó cómo el entonces presidente Ricardo Martinelli lo llamó a su despacho para que declinara aspiraciones presidenciales en la Corte y daba instrucciones de cómo y por quién votar para presidir el máximo tribunal de justicia.
El gremio de abogados pidió al Gobierno invitar a la Relatoría de las Naciones Unidas sobre Independencia Judicial para sentar las bases necesarias para salir de la profunda crisis en la que se encuentra la justicia panameña.
