Eran las 10:45 a.m., del 28 de mayo pasado. Banco Universal recibió un oficio de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que dispuso la aprehensión provisional de una serie de cuentas registradas en la entidad bancaria.
Ese mismo día, a las 12:05 p.m., se transfirieron $318 mil 927 de una de las cuentas que debió estar congelada. Más tarde se emitió un cheque de gerencia por $2 mil. Y en menos de dos horas se confeccionó otro por $2 mil 640.
Fueron $323 mil 567 que se retiraron de una cuenta de Banco Universal, pasando por encima de lo que había ordenado la fiscal Zuleyka Moore.
Ese despacho de instrucción había solicitado la aprehensión de 40 cuentas ligadas al empresario Felipe "Pipo" Virzi, investigado por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales, por el contrato del fallido sistema de riego de Tonosí.
El empresario veragüense es –junto con su familia– accionista mayoritario de Banco Universal, condición que lo coloca en una posición privilegiada para el movimiento de dinero en la entidad.
No haber seguido al pie de la letra la orden de la fiscal, agrandó y agravó la lista de incumplimientos observados en el banco los últimos dos años.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) consideró que esta última inadecuada gestión evidencia un riesgo legal que afecta los cimientos del banco.
El movimiento ocurría en un banco en el que previamente se había detectado una “frágil debilidad financiera”, una “débil gestión de riesgo” e “inadecuados controles internos”.
Banco Universal, según el regulador, no solo había faltado a la orden judicial. También ignoraba las exigencias del supervisor bancario.
Desde el 16 de diciembre de 2014, la SBP había prohibido realizar nuevas operaciones con partes relacionadas, dada la concentración de créditos a empresas vinculadas a la familia Virzi.
La costumbre, según los hallazgos, era pedir crédito al banco para financiar otros negocios. Esta actividad no es ilegal, pero la ley bancaria establece que no más del 25% de los fondos de capital pueden estar en esta condición.
A pesar de la prohibición dictada por la SBP, se detectó la existencia de otras cuentas, además de las ya congeladas por el Ministerio Público (MP), en las que Banco Universal permitió transacciones entre compañías relacionadas.
Las movidas se hicieron entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2015. Es decir, hace escasos cinco días.
Se giraron notas de débito, cheques y transferencias que suman $10 millones a sociedades pertenecientes a directores del banco.
Los hallazgos hacen parte de la serie de riesgos que consideró el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, para ayer emitir una resolución decretando la suspensión de las operaciones del banco.
El cese de las operaciones se dará por 30 días y la SBP tomará el control de la entidad con la designación de Jaime De Gamboa Gamboa, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución SBP-0093-2015.
De Gamboa Gamboa deberá analizar y determinar en detalle la realidad financiera de la entidad bancaria.
En tanto, el secretario general de la SBP, Gustavo Villa, dijo que era importante enviar un mensaje a los clientes del banco.
“La entidad tiene la suficiente liquidez para hacerle frente a los requerimientos de sus depositantes primarios, que son los que tienen cuentas con menos de $10 mil. El banco tiene 22 mil 400 cuentas de menos de $10 mil. Esto representa casi $13 millones”, expresó.
Al cierre del 30 de mayo, Banco Universal tenía recursos líquidos por alrededor de $56 millones.
“En esta fase nosotros no tenemos que proceder ni a pagar ni a liquidar ningún depósito que está en el banco”, precisó Villa. No obstante, “ el banco tiene suficientes recursos para atender a sus clientes”.Banco Universal cuenta con 11 sucursales en todo el país; 4 en la ciudad capital y 7 en provincias. Los empleados continúan en sus puestos de trabajo.
El banco, que nació hace 20 años tras ser una cooperativa en Chiriquí, ha estado inmerso en turbulentos escándalos los últimos años.
El más reciente fue la cadena de sucesos vinculada a la compañía ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo, a la que el gobierno de Ricardo Martinelli le adjudicó el multimillonario proyecto conocido como Sistema de riego de Tonosí, y la empresa giró a favor de Pipo Virzi un cheque de $5.2 millones, poco después de firmarse el contrato.
Además, los $12.2 millones que en 2013 se utilizaron para recapitalizar la fallida casa de valores Financial Pacific provenían de una cuenta de Banco Universal.
El dinero no solo tapó un faltante millonario, sino aparentes relaciones entre la empresa y el poder político.
Se trató de una operación en una casa de valores, en la que supuestamente se abrió una cuenta secreta llamada High Spirit para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”, que era del expresidente Martinelli.
Cuando en septiembre del año pasado este medio informó que el entonces magistrado Alejandro Moncada Luna había adquirido dos apartamentos en Coco del Mar –valorados en 1.7 millón de dólares–, él justificó el origen de esos fondos, argumentando que su “tío Pipo Virzi” le había prestado $700 mil.
Además, entre las cuentas bancarias halladas al exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén se encontraron depósitos en el Banco Universal.
Ayer, se conoció que Banco Universal es una de las entidades sancionadas por no haber prevenido el lavado de activos.
La sanción no es un paso definitivo, ya que la entidad tiene la facultad de apelar la decisión de la SBP. Al menos 12 bancos de la plaza han sido objeto de auditorías e inspecciones especiales.
Por ahora, la toma de control de Banco Universal es un caso aislado. Sus fallas y debilidades se alejan por completo de la salud que muestra el sistema. E incluso, refleja una realidad distinta a la de los bancos también bajo inspección.
“Confiamos en que la fortaleza, solvencia, prudencia y sanas prácticas prevalezcan en la operación de nuestros bancos”, dijo Fernández.
