Justo un año después de que María Cristina González fuera nombrada por el presidente Ricardo Martinelli directora de Migración –en julio de 2009– se habilitó una “oficina” en un apartamento de 195 metros cuadrados de un edificio en Bella Vista con vista a la bahía de Panamá.
Desde allí operaba el comerciante Gabriel De Janon, miembro del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y señalado por su otrora amigo brasileño Alexandre Ventura Nogueira como el cabecilla de una red delictiva que emitía visas restringidas fraudulentas para ciudadanos de China, India, Cuba y Haití durante la administración de González.
El apartamento es el 7B del edificio Marina Park, valorado en 2009 en unos 300 mil dólares. En Migración, el inmueble era conocido como la “oficina paralela”, pues era visitado con inusual frecuencia por la extitular de Migración y por De Janon.
El inmueble fue “comprado” al contado por Mechaeel Evans Coparropa, quien era secretaria de González, pese a devengar un salario de apenas mil dólares, insuficiente para afrontar la deuda de un apartamento de ese valor.
Los documentos de esta transacción reposan en el Registro Público, estos indican que el apartamento fue vendido por el promotor inmobiliario Richard Yohoros.
Evans Coparropa también pagó al contado otros 200 mil dólares por un apartamento que le compró a Yohoros en la misma zona. Este último bien aparece registrado actualmente a nombre de una compañía en la que figuran familiares de la exdirectora de Migración.
“En el Marina Park se reunían De Janon y Rolando Taboada [exjefe de Operaciones de Seguridad de Migración]… Allí llegaban muchos carros del Gobierno”, declaró por entonces el conductor de Taboada, Mohamed Cedeño.
Taboada –recomendado en ese cargo por De Janon– es, precisamente, uno de los exfuncionarios que salieron esposados de Migración a mediados de 2010, acusado de traficar chinos, tal como aseguró a La Prensa el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino.
La exdirectora de Migración y el propio De Janon –que se acusaron mutuamente por este escándalo– negaron ser dueños de este apartamento. Dijeron que visitaban el edificio, porque alegan que allí residía su entonces abogada.
CONEXIONES
Las pesquisas por el tráfico de chinos comenzaron en la administración del entonces procurador Giuseppe Bonissi, quien cuatro meses antes había reemplazado a Ana Matilde Gómez, hoy diputada independiente.
En medio del escándalo de Migración, Bonissi realizó movimientos en el Ministerio Público (MP). Por ejemplo, designó en la fiscalía auxiliar a Ángel Calderón, a quien le correspondió indagar a los implicados en este escándalo.
Taboada fue detenido en el penal El Renacer solo unos días. Se le otorgó una medida cautelar de impedimento de salida del país, tras consignar una fianza de 50 mil dólares. Luego, el caso quedó radicado en el despacho del otrora juez penal Adolfo Mejía, quien absolvió a Taboada y a sus “compinches” con el argumento de que en el expediente que instruyó Calderón “no había evidencias ni pruebas determinantes sobre la participación de los funcionarios en el tráfico de humanos”.
A juicio del exministro Mulino, “fue muy lastimoso que este caso no haya prosperado”. “¿Qué pasó allí? No lo sé, pero ese expediente fue archivado”, apuntó. Su sorpresa radica en que los propios ciudadanos chinos argumentaron que pagaron entre 15 mil y 20 mil dólares para ingresar a Panamá por Tocumen.
REVELACIONES
Semanas después de la liberación de los imputados, hubo movimientos en el apartamento 7B del Marina Park. Empezó a ser custodiado por agentes de la seguridad de la Procuraduría General de la Nación. Y no porque había sido cautelado, sino porque a partir de ese momento se convirtió en la nueva residencia del entonces procurador Bonissi.
“Ese fue un ‘regalo’ que se le dio a Bonissi. Taboada y los otros exfuncionarios fueron liberados, porque amenazaron a De Janon y a González de decir la verdad si no resolvían el problema en que los habían metido”, dijo ayer un exfuncionario que laboró en Investigaciones de Migración para esa época y que pidió no ser citado por temor a represalias.
Bonissi hizo sus descargos a La Prensa. Negó que ese inmueble se lo haya regalado alguien, aunque admitió que vive allí desde que era jefe del Ministerio Público. “Yo vivo alquilado en ese edificio y pago una letra de mil 300 dólares”, afirmó. En total, el exprocurador ha pagado unos 63 mil dólares en los cuatro años que lleva viviendo allí.
Bonissi dijo que el dueño del inmueble es un cliente suyo, un supuesto alemán cuyo nombre se negó a revelar. También se negó de plano a mostrar copia del contrato de alquiler y afirmó que solo aportará la documentación a las autoridades y solo en caso de que se abra una investigación.
“El dueño es un empresario de la Zona Libre de Colón que tiene mucha plata”, describió Bonissi a su casero. Seguidamente, aseguró que desconocía que la dueña inicial de su espléndida residencia fuera una secretaria de la exdirectora de Migración que no ganaba lo suficiente para pagarlo con su salario.
HUELLAS
En octubre de 2010, fueron registrados nuevos dignatarios en la sociedad Inversiones Espanagab, S.A., propietaria del inmueble. Una es la abogada Elisa Solís Gil, que luego fue nombrada por Bonissi en la Procuraduría.
“Mi cliente compró el apartamento cuando yo era Procurador y me pidió hacer un cambio de directiva”, explicó Bonissi. Como la ley le impedía realizar este tipo de trámites –añadió– se comunicó con Beatriz Castañet, por entonces subsecretaria del MP, para pedirle que gestionara a través de la firma de abogados de su esposo la conformación de una nueva directiva.
“Esto se hizo y le dije a mi cliente: Son tantos [dólares]... Se entregó la plata y se hizo el cambio. Hasta allí conozco”, afirmó Bonissi.
Según el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, Solís Gil labora en el MP devengando un sueldo de mil 500 dólares.
Un año después de ese nombramiento, Inversiones Espanagab, S.A. registró un nuevo cambio en la directiva. Esta vez fueron designadas Victoria Vargas y Amelia Saldaña quienes, curiosamente, aparecen en la sociedad Inversiones Gibon, S.A. propiedad de Bonissi.
“Estas personas [Victoria Vargas y Amelia Saldaña] se utilizan para conformar juntas directivas y se les paga algo”, explicó Bonissi, ya incómodo, quien añadió que “las pruebas se presentan ante los tribunales y no a los medios de comunicación”.
Inversiones Gibon fue creada cuando eximieron de culpa a Taboada y a los otros exfuncionarios, incluyendo a un particular. El 11 de mayo de 2012, Bonissi compró, a través de dicha sociedad, una finca de 15 hectáreas en el distrito de Calobre, en Veraguas. En la escritura de esta compra, inscrita en el Registro Público, aparece que el valor declarado fue de 480 dólares (32 dólares la hectárea).
Bonissi volvió a desvincularse del escándalo. “Nunca investigué el tráfico de chinos ni asumí la investigación. Eso fue competencia de la Fiscalía Auxiliar [que dirigía Ángel Calderón]”, puntualizó el exprocurador.
A pesar de que se distanció del tema y han pasado casi cuatro años de este hecho, Bonissi todavía recuerda algunos de los nombres de los implicados. “Tengo entendido que había un Taboada [Rolando] y un Córdoba [Carlos]”, indicó.
Los otros funcionarios eran Binicio Coronado, Eduardo Aguilar, Juan Chichaco, el abogado Antonio Garzón y Hong Zhi Zhang.
Este diario realizó varias llamadas al celular del exfiscal Ángel Calderón para conocer algunos de los hallazgos de su investigación, pero no respondió.
