Contrario a lo dicho por el exministro de Seguridad José Raúl Mulino como alegato de su defensa en el proceso que se le sigue por la compra de los radares a la empresa italiana Selex, no era obligatorio el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento y Cooperación Técnica suscrito entre Panamá e Italia el 30 de julio de 2010.
Así consta en las conclusiones de la investigación que la fiscal tercera anticorrupción, Zuleika Moore, efectuó por supuestas anomalías en la ejecución de dicho contrato, y en las que pidió enjuiciar a Mulino y al exviceministro de Seguridad Alejandro Garuz por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Para rebatir la defensa de Mulino sobre el carácter obligatorio del mandato que le dio el Gabinete para ejecutar el contrato, Moore citó un párrafo del Memorándum que dice: “...las partes se comprometen a trabajar de manera conjunta en un sistema integrado para la seguridad del territorio panameño, el cual podrá desarrollarse a través de las siguientes actividades...”.
Según la fiscal, la clave es la palabra “podrá”, que, según su criterio, no plantea una imposición de por sí.
Y para reforzar su planteamiento, recordó una decisión adoptada el 23 de julio de 2011 por la entonces alcaldesa de Panamá, Roxana Méndez, quien por “razones de prioridades” suspendió el contrato para la construcción de cárceles modulares –con la empresa italiana Svemark– también incluido en el Memorándum.
Consultada para esta nota, la defensa de Mulino dijo que “el delito que ella [la fiscal] sostiene, no se ha cometido”. La de Garuz no respondió el teléfono, pero su familia solicitó que le den casa por cárcel.
ESCONDÍA
¿Qué tan real era la necesidad de Panamá de contar con un sistema de radares o helicópteros o un mapa digital? Hasta ahora, el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y el gobierno de Ricardo Martinelli insistían en que era una compra imperativa. Pero el resultado de la investigación de la fiscal tercera anticorrupción, Zuleika Moore, arroja una historia muy distinta.
Una de las incógnitas del caso fue aclarada por la fiscalía tras el testimonio del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu en lo que respecta al origen de la sorpresiva necesidad del gobierno de Ricardo Martinelli de comprar equipos a Finmeccanica.
“… En Italia [se] estaba presionando a [al entonces primer ministro de Italia Silvio] Berlusconi por haber donado a Panamá seis [lanchas] patrulleras a cambio de nada…”, declaró Papadimitriu. En efecto, Panamá, de acuerdo con la legislación italiana, no calificaba –por sus ingresos, que no eran
los de un país pobre– como receptor de donaciones.
Y Berlusconi era blanco de críticas en los medios a causa de esta decisión.
Y es aquí donde surge la figura de Valter Lavítola, quien participó en reuniones en Italia –a instancias de Berlusconi– con la delegación panameña que visitó Italia a principios de la gestión de Martinelli, en 2009. Papadimitriu explicó que “Lavítola dijo que para no perjudicar al presidente [sic] Berlusconi, había que equiparar el monto de la donación con la compra que se iba a hacer a Italia…”.
Ello pone en perspectiva las razones por las que Martinelli decidió comprarle a Finmeccanica equipos valorados en 250 millones de dólares sin que mediara estudio alguno de factibilidad, una licitación o algo que la justificara. Quizás Panamá sí necesitaba el equipo, pero no fue por eso que se compró, sino para que Berlusconi pudiera justificar públicamente una donación que él nunca debió haber hecho a Panamá. Ello, sin contar las “comisiones” que recibiría de esa venta la sociedad panameña Agafia Corp., en la que, por las pruebas recabadas en las investigaciones en Italia, tendrían participación Lavítola y Martinelli.
Papadimitriu advirtió en sus declaración que “hubo ministros que sí demostraron su inconformidad con el tema [de los] radares… La inconformidad se dio a raíz de que venía con el elemento Valter Lavítola. Los radares se llevaron muy rápido a gabinete y se sentía que estaba siendo empujado por el personaje Valter Lavítola”.
EL MISTERIOSO ORIGEN DE UN MEMORÁNDUM
La compra de 250 millones de dólares a Finmeccanica estuvo precedida por la firma de un Memorándum de Entendimiento y Cooperación Técnica entre Panamá e Italia, el 30 de junio de 2010. Mulino aseguró que ese documento lo desconocía, que supo de él días después de que se firmó, pero sostuvo que el entonces canciller y hoy presidente de la República, Juan Carlos Varela, y su equipo en Cancillería “negociaron el acuerdo”. “Alguien negoció y concibió todo esto, y ese alguien no soy yo”, subrayó Mulino.
Sin embargo, dos testigos que laboraron para la Cancillería en esa época declararon que el Memorándum de Entendimiento no fue elaborado en esta instancia de gobierno. Vladimir Franco y Elías Vargas revelaron cómo fue a parar este al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El primero dijo que el memorándum “llegó procedente del Ministerio de Seguridad Pública, sin precisar de qué oficina del Despacho Superior”. El documento se remitió a la Cancillería “únicamente con la finalidad de darle forma y ajustar la redacción a los términos diplomáticos.
En tanto, Vargas reveló que el documento lo envió el “Ministerio de Seguridad Pública, específicamente del despacho del entonces viceministro Alejandro Garuz”.
Por otro lado, Mulino alegó que firmó los contratos cumpliendo un mandato del gabinete, en razón del cumplimiento del Memorándum de Entendimiento celebrado entre los Gobiernos de Panamá e Italia.
Sin embargo, la fiscal no está de acuerdo con el carácter obligante de esta interpretación. Y cita, en específico, un párrafo del Memorándum: “las partes se comprometen a trabajar de manera conjunta en un sistema integrado para la seguridad del territorio panameño, el cual podrá desarrollarse a través de las siguiente actividades…”.
La clave, según Moore, es la palabra “podrá”. No se trata de una imposición… “daba margen a desarrollar actividades discrecionales… lógicamente con miras a alcanzar los mejores intereses del Estado panameño, no se trataba de adquirir irrestrictamente, sin estudios previos… había discreción… siendo más sombrío el escenario, sin participación del Servicio Nacional Aeronaval [Senan] en la etapa contractual o previa a la fase de instalación y prueba [de los equipos]”.
Otro argumento que cuestionaría la obligatoriedad de cumplir al pie de la letra el Memorándum de Entendimiento, tal como alega Mulino, es que ese mismo documento no solo habla de adquirir un sistema de vigilancia. También dispone la “implementación de sistemas de celdas modulares para los sistemas penitenciarios de Panamá… El proyecto incluirá el diseño, construcción y equipamiento de tres ciudades penitenciarias y carcelarias modulares para las áreas de Colón, David y La Chorrera”.
Para tal proyecto, la empresa italiana elegida por Panamá fue Svemark. Sin embargo, el 23 de julio de 2011, la entonces ministra de Gobierno, Roxana Méndez, comunicó a esta compañía que “por razones de prioridades”, el Gobierno había decidido “suspender la ejecución del proyecto… previsto en el Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica” firmado por Panamá e Italia.
¿Si el Gobierno tenía discrecionalidad para detener este proyecto de las cárceles modulares, por qué no lo hizo con los otros? Y más de una razón había para revisar los contratos con Finmeccanica, alega la fiscal del caso.
“No es posible ignorar que […] José Raúl Mulino Quintero era consciente de los cuestionamientos públicos que se habían hecho respecto al contrato y su vínculo con Agafia Corp., motivos suficientes para reparar en cuanto a que realmente el contrato estaba dispuesto para garantizar los mejores intereses para el Estado panameño o, por el contrario, llevaba intrínseco ribetes de ilicitud”, refiriéndose a los procesos judiciales por corrupción internacional que se desarrollan actualmente en Italia contra Valter Lavítola y el exdirector comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere.
¿SERVÍAN LOS RADARES?
De servir, servían. Al menos los equipos encendieron. Pero cumplir las prestaciones técnicas pactadas en el contrato, es otra cosa.
De acuerdo con el documento, los radares debían tener un rango de acción de 20 millas náuticas, pero en ningún caso –de los 7 radares instalados y probados– hubo tal alcance: el mínimo fue de 10 millas náuticas y el máximo, de 12.7 millas, para un promedio de apenas 11.2 millas náuticas.
Si eso parecía ser bastante grave –considerando que en julio y agosto de 2014 se pagó casi la totalidad de la contratación de los radares– el asunto se agravó con los reportes de daños en los equipos, sus instalaciones físicas y que la empresa dejó de prestar apoyo técnico desde el año pasado, aparentemente por falta de pagos por parte del Gobierno.
En consecuencia, el Senan ordenó apagar los componentes del sistema, proceso que empezó en junio de 2014, con el propósito de que su estado no empeorara.
Joe Henry Laniado, director nacional de Vigilancia Territorial, admitió la participación del Senan en el proyecto, pero en la etapa de ejecución; es decir, a partir de la instalación de los radares y limitado a transportar a funcionarios del Ministerio de Seguridad a los sitios donde se instalarían los radares y a recibir capacitación para el mantenimiento y operación del equipo. El Senan, subrayó, “nunca participó en la etapa contractual ni como contraparte”.
También el Senan tomó parte en las pruebas de alcance de los equipos, resultando en la detección de embarcaciones pequeñas a una distancia máxima en promedio de 11 millas náuticas, alcance que no le decía nada porque carecía de las prestaciones técnicas que debían tener los radares. Faltando una semana para el cambio de gobierno, en junio de 2014 –dijo Laniado– el Senan recibió las especificaciones técnicas de los radares. Solo entonces el personal se dio cuenta de que el resultado de las pruebas estaba lejos de ser lo que Panamá había contratado de Selex.
Para entonces, la calibración de los radares instalados había culminado. Este proceso comenzó el 28 de abril de 2014, siguió el 2 de mayo y finalizó el 17 de junio de 2014 y, como ya se dijo, en ningún caso se logró el rango de alcance.
Selex, el proveedor de los equipos, no informó si después era posible calibrarlos para obtener alcance pactado, declaró Laniado, porque, después de un año de trabajo con estos equipos, el Senan se había apuntado cero capturas por delitos vinculados al narcotráfico.
Y dado los daños reportados, Laniado comenzó a apagar los equipos el 2 de junio de 2014, cuando Mulino aún estaba al frente del Ministerio de Seguridad y en medio de la transición de gobierno.
Antes de finalizar el mes, ya eran tres los apagados, el último, el 23 de junio de 2014, es decir, tres días antes de que Mulino pidiera a la entonces contralora, Gioconda Torres de Bianchini, pagar las cuentas pendientes del Estado con las subsidiarias de Finmeccanica.
Mulino urgió el pago haciéndole ver a Torres de Bianchini que “se cuenta con un tiempo muy perentorio, ya que las gestiones de cobro en mención se traducen en sumas de dinero que deben haberse cubierto de manera efectiva a las entidades bancarias que han financiado a los contratistas, al 29 de julio del presente año, por lo que debemos recibir estas refrendadas con la suficiente antelación, permitiéndonos trabajarlas”.
Es así como el nuevo gobierno, que preside Juan Carlos Varela, desembolsa la cantidad de 68.3 millones de dólares, pero Mulino ahora cuestiona ese pago en virtud de que esta administración no avala esta contratación, al menos en el caso de los radares y el mapa digital, que están demandados en la Corte Suprema de Justicia por desviación de poder.
Consultado Carlos Gómez, abogado de José Raúl Mulino, dijo que los funcionarios del Senan citados por la fiscalía, “señalaron que no son expertos en la materia de radares [...] por consiguiente no existe un documento idóneo que acredite su acusación respecto al alcance o no de los radares”.
Añadió que este es un sistema integrado de vigilancia costera, que fue suspendido por el gobierno actual y que este emitió los cheques de pago, “entonces los desembolsos no nacen de la administración anterior”, indicó.
Hay declarantes “que fueron enfáticos en cuanto a la consecución de todas las etapas que conllevaron ese contrato y todo se realizó en estricto apego a la ley”, agregó.
En vista de que el abogado de Garuz no respondió las llamadas telefónicas, La Prensa contactó a su familia y esta insistió en pedir que le permitan “cuidarlo en la casa, en un ambiente saludable, libre de bacterias nosocomiales”.
