Una querella criminal por la operación de triangulación y desaparición del sistema de espionaje Pegasus, comprado por el gobierno de Ricardo Martinelli a la empresa israelí NSO Group, fue interpuesta ayer en la Procuraduría General de la Nación por el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López.
La denuncia por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, contra la seguridad colectiva y otros en contra de los ex secretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad en el gobierno pasado: Julio Moltó, quien fungió de julio de 2010 a marzo de 2012; Gustavo Pérez, de marzo a septiembre de 2012, y Alejandro Garuz, de septiembre de 2012 a julio de 2014.
Garuz y Pérez permanecen detenidos desde el 12 de enero de 2015 por la investigación relacionada a las escuchas ilegales contra 150 personas, que incluyó al ahora presidente Juan Carlos Varela y a dirigentes políticos, empresariales y periodistas, entre otros.
Además, en la querella se señala a los directivos de la sociedad Caribbean Holding Services LTD. vinculada a Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, y quien desde hace una semana abandonó el país. No se sabe si ha regresado. La sociedad es vinculada por sospechas de que a través de ella se hicieron pagos a NSO Group, utilizando una operación de triangulación.
El jefe del Consejo de Seguridad solicita a la procuradora Kenia Porcell el arresto de todos los tres exsecretarios del CSN, los directivos de Caribbean Holding Services LTD y de quienes resulten responsables de estos hechos.
La denuncia se basa, entre otros, en documentos proporcionados por NSO Group y debidamente autenticados por la embajada panameña en Israel.
Julio Moltó inicia trámites
Según la denuncia, documentos sobre la compra de Pegasus, proporcionados por NSO Group revelan que los trámites para la compra del equipo espía se iniciaron el 16 de enero de 2011, cuando Moltó fungía como secretario ejecutivo del Consejo.
Señala el querellante que para inicios de 2012 Moltó requirió para el Consejo mayor ancho de banda, a fin de operar algunos equipos.
Moltó en su declaración jurada rendida ante la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada en la investigación seguida por los ‘pinchazos’ [contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad] reconoció el pedido de aumento de la banda ancha en el Consejo de Seguridad. “No me acuerdo quién me realizó esa solicitud, pero sí recuerdo que me requirieron mayor calidad de internet para los sistemas que funcionaban... ya que el ancho de banda no era el adecuado, no recuerdo qué hice, pero se pudo haber hecho alguna solicitud, pero no recuerdo si eso se concretó”.
En esa misma investigación se ubicó una nota, con fecha del 25 de enero de 2012, en la que Moltó se dirigió a Alberto Alemán Zubieta, entonces administrador del Canal de Panamá, para solicitarle que autorice a la empresa Torres Troncales, Corp. S.A., “para que proceda a realizar la instalación de un punto de enlace, único y exclusivamente para así ofrecerla al Consejo de Seguridad un servicio de internet de banda requerido...”.
También en la denuncia se destaca la declaración jurada rendida en el caso de los pinchazos por Iris del Carmen Cerrud, jefa del Departamento de Informática del Consejo, quien señaló que “... el señor Moltó nos solicitó que colaboráramos con un señor de acento extranjero posiblemente israelí, para realizar un cableado en la parte alta del edificio 150. De inmediato nos entrevistamos con el señor extranjero quien se encontraba en una oficina que está al frente a la oficina del secretario ejecutivo, este nos hizo un rayado en un papel de cómo quería el cableado y en la oficina que lo quería, que era en la oficina del 150, planta alta”.
Moltó en su declaración respondió sobre lo señalado por Cerrud: “Puede ser, no recuerdo, pero puede ser”.
Pérez recibe equipo
Documentos proporcionados por NSO Group, a través de la embajada panameña en Israel y por el Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones de la Cancillería, y firmados por Shalev Holy, directivo de la empresa israelí, revelan datos puntuales de la relación de Gustavo Pérez con el sistema espía.
Además, señalan que el 3 de julio de 2012 -cuando Pérez fungía como secretario ejecutivo del Consejo- se da la orden de compra 2012-30 para el sistema Pegasus.
Indica que existe “un certificado de usuario final entregado a NSO Group y firmado por el señor Gustavo Pérez”.
Destaca que el entrenamiento del usuario final y la instalación del sistema Pegasus fue realizado por NSO Group en la ciudad de Panamá.
“Estimamos que de la propia documentación aportada por el proveedor se desprenden los términos del acuerdo pactado entre NSO Group y Gustavo Pérez, en nombre del Consejo de Seguridad Nacional, documento rubricado supuestamente de su mismo puño y letra, el cual contiene parte de la negociación y los términos de la compra que bajo ningún concepto revisten las formalidades exigidas por la Ley 22 de 2006 [contratación pública], sino más bien un acuerdo de voluntades o propio del derecho comercial, alejado de las solemnidades de una contratación de tipo pública”, señala la querella del jefe del Consejo de Seguridad.
Garuz coordina
Para el mes de diciembre del año 2012, precisa la denuncia, cuando la Secretaría Ejecutiva del Consejo era ocupada por Alejandro Garuz “informaciones reflejan de que se lleva a cabo una supuesta reunión en Los Ángeles, Estados Unidos, para precisamente finiquitar el tema de la instalación y funcionamiento de estos equipos, en el cual participa Fernando Glenn, alias ‘Jimmy’ (q.e.p.d.) en representación del Consejo de Seguridad”.
Moltó, Pérez y Garuz
Destaca el querellante que “llama la atención cómo tres secretarios ejecutivos [ del Consejo de Seguridad Nacional] cada uno en su gestión como funcionarios de manejo, omitieran dar fiel cumplimiento a nuestra legislación en materia de contrataciones públicas y consintieran la adquisición de supuestos elementos de seguridad. Esto aunado a los pagos que se presume fueron dispuestos en una forma totalmente irregular, utilizando supuestamente como intermediarios a empresas y bancos nacionales y extranjeros”.
Roniel Ortiz, defensa de Pérez, ha negado la vinculación de su cliente en esta trama, mientras que Moltó no contestó las llamadas y Cristóbal Arboleda, defensor de Garuz, dijo que no podía emitir comentarios porque no conocía la denuncia.
Mizrachi en la triangulación
En la denuncia se señalan responsabilidades a los directivos de Caribbean Holding Services LTD, vinculada a Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente Martinelli.
Las pesquisas de la investigación por este caso revelan que, supuestamente de una cuenta del empresario y exvicepresidente Felipe Pipo Virzi -quien no es mencionado en la denuncia- se emitió un cheque por $1 millón a Caribbean Holding Services LTD. Esta sociedad endosa el cheque a una cuenta del Banco Aliado en Panamá, a través de la compra de una transferencia el dinero pasa a una filial del referido banco en el Caribe.
Se hace un pago al Banco Aliado por comisión de manejo, y otro pago, por $100 mil, a Caribbean Holding Services LTD. como parte de una comisión por mediador privado.
La ruta del dinero sigue por una sucursal del Wells Fargo de Estados Unidos hasta el Bank Hapoalim en Israel, en el que NSO Group recibió un pago por $899 mil 687 con 25 centésimos.
Maquinación previa
El jefe del Consejo de Seguridad señala que todos los elementos aportados revelan una “maquinación previa entre cada uno de los actores debidamente individualizados, quienes perseguían no otra cosa que evadir los controles formales del Estado para así esconder los rastros de una operación ilegal de compra de equipo de espionaje que tenía por objeto, según han arrojado las investigaciones, la supuesta violación del derecho a la intimidad de los ciudadanos”.
Pegasus desaparecido
El jefe del Consejo destaca en su denuncia que no existe constancia hoy día del paradero del sistema Pegasus, pero sí certeza de que se compró a través de una operación irregular a nombre del Consejo de Seguridad. Indica que NSO Group precisó, según registros tecnológicos, que la fecha exacta en que el equipo operó por última vez fue el 16 de mayo de 2014.
Pegasus podía penetrar celulares y computadoras y recogía conversaciones, fotos y el tráfico en internet.
Además de Pegasus, el gobierno de Martinelli compró, en 2010, a la también israelí M.L.M. Protection un equipo espía por $13.4 millones, a través del Programa de Ayuda Nacional. Igualmente, contrató servicios de espionaje a la italiana Hacking Team.
