Al menos 12 empresarios –todos relacionados con el proceso penal que inició la Asamblea Nacional contra el hoy exmagistrado condenado a prisión Alejandro Moncada Luna–, serán indagados por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
En la lista figuran Ricardo Ricky Calvo Latorraca, Mauricio Ortíz Quesada y Claudio Poma Murialdo; dignatarios de la sociedad Constructora P&V, S. A., que forma parte del consorcio HPC-Contratas-P&V que el gobierno de Ricardo Martinelli le adjudicó el contrato para la construcción del Centro de Convenciones Amador, a un costo de 193.7 millones de dólares (ver facsímil).
HPC-Contratas-P&V es el mismo consorcio que recibió un préstamo de la Caja de Ahorros de 7 millones de dólares para la edificación del citado proyecto. Sin embargo, ese dinero fue usado para cubrir parte del “hoyo” financiero –de unos 12 millones de dólares– de la controversial casa de valores Financial Pacific.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Nahaniel Murgas, pretende determinar si estos empresarios eran partícipes de los ilícitos que motivaron el juzgamiento de Moncada Luna –quien cumple condena de 60 meses de cárcel desde marzo pasado– por enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos.
Al exmagistrado también se le investigó por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios, pero antes de que el caso avanzara, decidió pactar un acuerdo para cumplir pena solo por los dos delitos citados.
El expediente que instruyó el entonces fiscal, el diputado Pedro Miguel González, es el que ahora maneja Murgas, quien ordenó cautelar 16 cuentas bancarias por la suma de 1.4 millón de dólar, relacionadas a la investigación por el presunto blanqueo de capitales. Pero una fuente judicial aseguró que esta cifra aumentará a medida que se realicen otras diligencias.
Como parte de su investigación, González también había cautelado 14 cuentas bancarias a nombre de sociedades anónimas, varias ligadas al empresario y exvicepresidente Felipe Alejandro Pipo Virzi, considerado como miembro del círculo cero del expresidente Martinelli.
Virzi está bajo arresto, tras recibir 10 millones de dólares [a través de un cheque y una transferencia bancaria de la empresa constructora ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo] poco después de que a ésta se le adjudicó el fallido proyecto de sistema de riego en Tonosí, en la provincia de Los Santos, en mayo de 2012.
El empresario devolvió al Estado 5 millones de dólares, pero eso no fue óbice para que el fiscal Murgas también lo incluyera en la investigación por presunto blanqueo de capitales.
JUGOSOS CONTRATOS
Además del nuevo centro de convenciones en Amador, Calvo Latorraca, Ortíz Quesada y Poma Murialdo están vinculados al millonario negocio de construir Centros de Atención Primaria para la Salud (Minsa-Capsi), otorgados durante la administración de Martinelli.
A través del consorcio HPC-Contratas-P&V construyeron el Minsa-Capsi de Macaracas, provincia de Los Santos, a un costo final de 16 millones de dólares. Inicialmente, su costo era de 11.6 millones de dólares, pero tras una adenda –firmada dos semanas después de las elecciones–, su costo se elevó a 16 millones de dólares.
El proyecto fue inaugurado por el expresidente Martinelli el 24 de abril de 2014. Sin embargo, ya presenta deficiencias, como desprendimiento del cielo raso y filtraciones en las paredes.
A su vez, el entonces ministro de Salud Franklin Vergara le adjudicó a este mismo consorcio la construcción del Minsa-Capsi de Tortí, Chepo (provincia de Panamá); el de Dolega, en la provincia de Chiriquí, y Nuevo Italia, en Colón, por un monto global de más de 35 millones de dólares.
MUNICIPIOS
Y esos no fueron todos sus contratos. Calvo Latorraca, Ortíz Quesada y Poma Murialdo también se ganaron un contrato de 15 millones de dólares para construir y equipar el mercado público de David, en la provincia de Chiriquí.
La comisión evaluadora de esa licitación estuvo integrada por Rómulo Roux, exministro de Asuntos de Canal y actualmente presidente encargado del partido Cambio Democrático; Fernando Duque, exsecretario de la Cadena de Frío, y Kristelle Getzler, exdirectora de la Secretaría de Economía de la Presidencia de la República.
Curiosamente, el Banco Universal –del que es propietario la familia Virzi, recientemente intervenido por la Superintendencia de Bancos de Panamá– emitía cartas de intención de financiamento a las instituciones públicas por el 100% de los proyectos adjudicados al consorcio HPC-Contratas-P&V.
OTROS PERSONAJES
El fiscal Murgas también indagará a otras seis personas, presuntamente asociadas a Virzi: María Del Pilar Fernández de Moncada Luna, esposa del exmagistrado Monca Luna, y los empresarios Felipe Rodríguez Guardia, Humberto Juárez Barahona, María Gabriela Reyna López y Francisco Filiú Nigaglioni.
La lista de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada incluye, además, a los empresarios Jorge Espino Méndez, Julián París Rodríguez y a Óscar Iván Rivera Rivera; todos con negocios con varias entidades estatales, entre ellas, el polémico Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La Procuraduría General de la Nación informó, a través de un comunicado, que estas personas serán indagadas el 29 de junio próximo.
"Cada una de estas personas está relacionada directamente a las cuentas o sociedades que tuvieron participación en la movilización de los dineros que al final fueron utilizados en la adquisición de los apartamentos del señor Alejandro Moncada Luna y las cuentas personales del aludido y su esposa", resalta la nota de prensa de la Procuraduría.
VÍNCULOS Y CONEXIONES
Una de las empresas investigadas por el fiscal Murgas es Omega Engineering, cuyo representante es Óscar Rivera Rivera, ciudadano estadounidense, domiciliado en Puerto Rico, que también será indagado. A esta compañía se le adjudicó el contrato para construir la Ciudad Judicial de Panamá Oeste, justamente cuando Moncada Luna presidía la máxima corporación de justicia.
Omega Engineering recibió un adelanto para desarrollar el citado proyecto judicial, gracias a Moncada Luna. De acuerdo con las investigaciones que realizó el entonces fiscal González, de Omega Engineering salieron parte de los 2 millones de dólares girados a Moncada Luna que la Contraloría General de la República comprobó que fueron obtenidos de manera injustificada.
Omega Engineering facturó, al menos, unos 100 millones de dólares en proyectos de construcción planificados también por otros funcionarios, como el hoy exministro de Salud, Franklin Vergara, cuyo ministerio le adjudicó la construcción de varios Minsa-Capsi, valorados en decenas de millones de dólares.
Uno de ellos fue el de Río Sereno, provincia de Veraguas, a un costo de inicial de 3 millones de dólares, pero que terminó costando 11 millones de dólares (un aumento de casi el 300%), según información de la Contraloría General de la República.
El gobierno de Martinelli también le adjudicó a Omega Engineering un contrato de 18 millones de dólares para el diseño, desarrollo de planos, demolición y equipamiento del palacio municipal de Santa Isabel, en la provincia de Colón.
Otro que será indagado por el fiscal Murgas es el empresario Julián París Rodríguez, quien figura como presidente de la sociedad Conceptos y Espacios, S.A., que firmó un contrato con el Órgano Judicial para el diseño y construcción del nuevo edificio del Tribunal Marítimo. La contratación también se dio cuando Moncada Luna presidía la Corte Suprema.
En principio, el contrato adjudicado a Conceptos y Espacios, S.A. sumó 8.2 millones de dólares, pero luego, tras la aprobación de varias adendas, se elevó a más de 10 millones de dólares.
Pocos días después de haber recibido un adelanto del dinero, la empresa giró un cheque de 400 mil dólares a Corporación Cubemu, S.A., una de las compañías vinculadas al magistrado Moncada Luna.
Precisamente, Conceptos y Espacios, S.A. tiene como dignatario a Felipe Antonio Rodríguez, otro de los empresarios que será indagado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Esta compañía también facturó unos 6 millones de dólares en contratos con el PAN y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
En la lista de empresarios que serán indagados también figura María Gabriela Reyna López, de la firma Reyna y Asociados, S.A., que tenía una cuenta bancaria, desde donde se transfirió más de medio millón de dólares a otras dos sociedades vinculadas al proceso contra Moncada Luna.
Reyna López es además dignataria de la sociedad Traffic Safety que, en 2011, firmó un contrato con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para colocar cámaras de vigilancia de velocidad. Por entonces, esta compañía estaba representada por Ricardo Chanis, presidente de Editora PanamáAmérica, S.A. (Epasa), empresa de la que el expresidente Ricardo Martinelli es accionista.
