La fiscal tercera anticorrupción, Zuleika Moore, ha solicitado el llamamiento a juicio de José Raúl Mulino y de Alejandro Garuz, a quienes acusa de peculado en perjuicio del Ministerio de Seguridad Pública, basada en el hecho de que recibieron conformes los radares comprados a Selex y gestionaron su pago a sabiendas de que no pasaron las pruebas de alcance.
En duros términos, la fiscal sostuvo que Mulino estaba consciente de que los radares no tenían el alcance pactado en el contrato (20 millas náuticas) y aun así gestionó el pago de decenas de millones de dólares adeudados a la empresa.
Mulino, agrega la fiscal, “era conocedor del resultado de las pruebas en cuanto al objetivo y el incumplimiento del sistema de vigilancia costera, pero no hizo referencia a ello, ni dejó constancia por escrito que, al practicar las pruebas en los 7 radares ya instalados no se cumplía con el contrato, había incluso reportes de daños que el proveedor no atendía desde el mes de mayo de 2014”.
Moore también cuestionó el hecho de que el Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica firmado por Panamá e Italia en 2010 no era de obligatorio cumplimiento, como alega Mulino. De ahí que pidiera el enjuiciamiento de ambos.
POSIBLES DELITOS
El manejo que le dieron funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública al contrato que firmó Panamá en 2010 con la empresa Selex –una subsidiaria del grupo Finmeccanica– fue en gran medida discrecional, lo que produjo una serie de problemas que se traducen, en opinión de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, en posibles delitos.
La vista fiscal que suscribe la fiscal tercera anticorrupción, Zuleika Moore, en contra del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y del exviceministro Alejandro Garuz –acusados de peculado en la compra de radares a la empresa Selex– hace serios cuestionamientos a este manejo, basados en sus investigaciones.
IRREGULARIDADES
Moore, por ejemplo, indica en la vista fiscal –en la que solicita al tribunal de la causa el enjuiciamiento tanto de Mulino como de Garuz– que no hubo un acta formal de recepción de los equipos, situación que reconoció el propio Garuz. De esta manera, se desconoce si la entrega del equipo fue parcial o total, lo que a estas alturas parece irrelevante, puesto que Mulino solicitó el pago de los radares, y ahora están cancelados casi en su totalidad.
La Contraloría confirmó “la ausencia de registros de los informes de recepción de bienes y despachos”, que hubo “controles inadecuados en la custodia de bienes” y que el “registro y nacionalización de equipos no [fue] efectuado”.
También indicó que los contratos cumplieron con la ley, pero en cuanto a su forma, no así en su ejecución.
Otro aspecto sobre la ejecución de contrato que se destaca en la vista fiscal es el hecho de que un testigo –Jorge Fisher García, jefe de la Dirección Nacional de Vigilancia Territorial– reveló que la ubicación de los radares y los centros de operación no fueron consensuados con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), “porque los sitios ya estaban preestablecidos por parte de la empresa Selex”.
Consecuencia de ello, precisó Fisher García, es que “los lugares que se habían establecido tenían condiciones inadecuadas para su instalación, debido a la topografía del terreno”, por lo que hubo que moverse a otros sitios.
El funcionario explicó que el Senan, previo a la firma del contrato, ni fue informado ni tomado en consideración. De hecho, asistieron como “invitados” a presenciar la firma del contrato, “pero el personal técnico que estaba bajo su mando no participó de las pruebas que se realizaron en el campo para ver el funcionamiento de los equipos... (antenas, computadoras, panel de control, sistema eléctrico y sistema de pararrayos)” , indica la vista fiscal.
Sin embargo se aceptaron los radares. Pero no hay que olvidar un detalle: las calibraciones de estos equipos comenzaron el 28 de abril de 2014, prosiguieron el 2 de mayo, y finalizaron el 17 de junio de 2014. Pero, según Joe Henry Laniado, director nacional de Vigilancia Territorial, las especificaciones técnicas de los radares –que incluían su alcance– fueron recibidas por el Senan cuando faltaba una semana para el cambio de gobierno, es decir, a finales de junio de 2014.
Entonces, ¿cómo podía saber el personal de Senan que participaba en las pruebas de calibración de los radares que el alcance registrado por estos era inferior a lo pactado?
Pero, más grave aun: según Jorge Fisher García –jefe de la Dirección Nacional de vigilancia Territorial– en las pruebas de calibración se utilizaron patrulleras italianas clase 200, las mismas que Italia donó a Panamá. “Sin embargo –indicó– las embarcaciones utilizadas para el narcotráfico no son de características clase 200”.
En efecto, las que utiliza el narcotráfico son embarcaciones livianas y veloces, en tanto que las patrulleras son como las que se muestran en esta página.
HECHOS RELEVANTES
La fiscal describe una serie de hechos de los que Mulino es parte. En primer lugar, Mulino recibió autorización del gabinete para suscribir el contrato con Selex para la compra de los radares. ¿Cómo se determinó el valor del equipo (90 millones 521 mil 967 euros)? Mulino señala que desconoce cómo se llegó a ese precio, pese a que él era el que firmaría el contrato.
Sobre el Memorándum de Entendimiento suscrito con Italia, Mulino afirmó que no sabe quién lo hizo. También que no fue él quien le dio seguimiento al proyecto, sino Garuz y que él pidió a la Contraloría el refrendo de los pagos adeudados por las obras y el equipo, ya que “su finalidad era que el Estado panameño no entrara en mora, ya que los intereses eran muy costosos”.
Mulino admitió saber de los resultados fallidos de las pruebas de alcance de los radares, pero insistió en que había que ponerlos todos a funcionar para entonces calibrarlos y lograr el alcance pactado: 20 millas náuticas.
Garuz, a su turno, contó una historia similar: no sabía del memorándum –aunque funcionarios de Cancillería señalaron que este provino de sus oficinas–; que solo lo leyó en algún momento y que tampoco elaboró el contrato de los radares.
Dijo que el Senan designó los puntos para instalar los radares, lo que contradice lo declarado por varios técnicos del Senan, que afirmaron que no participaron en nada y su labor fue únicamente de transportar y recibir capacitación de Selex y responsabilizó a técnicos del Senan de verificar el alcance del equipo. Admitió que no se confeccionaron actas de recepción de los radares y que solo se verificó que estos funcionaran.
MULINO y GARUZ, ACUSADOS
Garuz firmó las cuentas de pago de la instalación de los radares, aunque ninguno alcanzó la distancia pactada, con el agravante de que un testigo –técnico del sistema de vigilancia– reveló que nunca le entregaron la propuesta técnica de los radares.
La fiscal enumera otras anomalías, como el resultado de inspecciones oculares en los sitios de las obras civiles, en los que se cuestionó el material usado; que en los municipios donde se llevaron a cabo estas edificaciones no hay registro de permiso de construcción; ni tampoco hay un estudio de factibilidad del proyecto.
La funcionaria, tras listar las anomalías, indica que “estamos ante la conducta que define el peculado, pues se trata de circunstancias que dan cuenta de una acción en la que incurrieron funcionarios que en el ejercicio de su cargo malversaron fondos públicos”.
Su argumento se basa en el contrato, en el cual se pactó que “la misión de seguridad costera anteriormente mencionada se garantiza dentro de una cobertura geográfica de 0 a 20 millas náuticas de la costa”.
“Siendo esto parte de la garantía del contrato –subraya la fiscal– los funcionarios a cargo de su seguimiento y ejecución decidieron no poner en conocimiento del contenido de la propuesta técnica, realizaron pruebas de funcionalidad del sistema, sin que ello incluyera que se garantizaba la cobertura de las costas panameñas de 20 millas náuticas”.
“Está claro que José Raúl Mulino Quintero y Alejandro Garuz Recuero están vinculados al delito señalado, en razón a que al primero le atañía por su condición de ministro que suscribió el contrato y respondía por el cumplimiento del mismo. El segundo, designado sin ningún tipo de formalidad, debió darle seguimiento a la ejecución del contrato”, destaca Moore.
Añadió que el Ministro de Seguridad Pública, que le correspondía el papel de garante del contrato, “no lo cumplió ni mínimamente, puesto que un proyecto en el que se invertirían fondos sustanciales del Estado, no existe registro de ninguna naturaleza en cuanto a cuál sería la labor que debía cumplirse durante la ejecución del proyecto y el mecanismo de rendición de cuentas que ello entrañaría”.
Moore también cuestiona a Mulino porque “no se molestó en incluir un estudio de factibilidad” del proyecto, pese a que la Ley de Responsabilidad Social Fiscal así lo exige.
Es por ello que Mulino, agrega la fiscal, “tenía la obligación como funcionario público de cuidar los caudales [...] No obstante, la realidad ofrecida en este expediente es otra, en vista de que dio curso a gestiones de cobro sabiéndose que no cumplía con el alcance de los radares ya instalados”.
Mulino insistió en su indagatoria que solo le correspondió cumplir con una orden emitida por el Consejo de Gabinete, en razón del cumplimiento del memorándum de Entendimiento con Italia, pero Moore sostiene que no era de carácter obligatorio cumplir las cláusulas de ese documento.
“Por el contrario –sostiene– daba margen a desarrollar actividades discrecionales para el encargado de la seguridad nacional, lógicamente, con miras a alcanzar los mejores intereses del Estado panameño, no se trataba de adquirir irrestrictamente, sin estudios previos, insistimos, había discreción en cuanto a adquirir lo que se constituyera en los mejores intereses del Estado”.
Moore recuerda en la vista fiscal que Mulino pidió a la Contraloría pagar las cuentas a Selex, a pesar de que “era conocedor del resultado de las pruebas en cuanto al objetivo y el incumplimiento del sistema de vigilancia costera, pero no hizo referencia a ello”. Todo ello “comprueba que se malversó el patrimonio estatal, se faltó a la recta administración de los fondos asignados para un empleo eficiente, con preeminencia del interés general sobre el particular”.
La funcionaria recuerda que el contrato señala que “las pruebas de aceptación [...] serán realizadas por cada sitio... (ver facsímil).
En cuanto al exviceministro, la fiscal sostiene que las “aceptaciones de recibido conforme [de los equipos] en el ámbito de funcionalidad resultaron ser falaces al momento de probar el alcance de los siete radares, pero la gestión desplegada por Alejandro Garuz Recuero, como encargado de darle seguimiento y ejecución del contrato [de los radares] permitió que el Estado desembolsara sumas considerables de dinero por un sistema de vigilancia costera que no cumplía con la propuesta técnica ofrecida y de la que él era consciente desde el inicio”.
