Víctimas de las escuchas telefónicas en el gobierno pasado presentaron ayer en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un impulso procesal en el que solicitan al juez de garantías Jerónimo Mejía que agilice las investigaciones y cumpla con la orden de detención provisional contra el expresidente Ricardo Martinelli, ordenada por el máximo tribunal de justicia el 21 de diciembre pasado.
En el documento señalaron que han transcurrido dos meses desde que se dictó la detención y el magistrado Mejía no ha girado los oficios correspondientes a la Policía ni a Migración ni a Interpol para la captura del exmandatario.
La defensa de Martinelli alegó que las víctimas no pueden pretender que el juez viole el proceso.
DETENCIÓN
Las víctimas de los pinchazos telefónicos durante la administración anterior presentaron al juez de garantías del proceso, Jerónimo Mejía, una solicitud para que acelere la detención provisional que ordenó el pasado 21 de diciembre el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el expresidente Ricardo Martinelli, quien está fuera del país.
Carlos Herrera Morán, abogado del dirigente Mauro Zúñiga, víctima de los pinchazos, solicitó al magistrado Mejía que tome todas las acciones que le permite la ley y cumpla con la orden que dictó la CSJ de detención provisional contra Martinelli.
Herrera Morán resaltó que desde el pasado 21 de diciembre, el magistrado Mejía no ha girado oficios, ni a la Policía Nacional ni a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ni a Migración y mucho menos se ha elevado la alerta roja a través de la Interpol para capturar al expresidente.
“Tampoco han hecho las gestiones para lograr la extradición de Ricardo Martinelli... queremos que el magistrado implemente todas las acciones que la ley pone en sus manos para que Martinelli sea capturado y sea traído a los estrados de Panamá y que responda por las graves violaciones a los derechos humanos que cometió en perjuicio de muchos panameños”, señaló Herrera Morán.
Recordó que en enero pasado Mejía dio como excusa que estaba en el proceso de traducir la carpetilla del español al inglés para ordenar la detención. El magistrado informó en esa ocasión que desde el 23 de diciembre de 2015 había pedido la traducción de los documentos.
“Para darle ese oficio a las autoridades panameñas no se necesita que esté en inglés”, refutó Herrera Morán.
Mientras que el abogado Rodolfo Pinzón, defensor de Balbina Herrera, planteó que la posición de Mejía podría llevarlo a incurrir en desacato por incumplir un fallo de la Corte.
“El juez debe actuar sin dilación, sin demora, las únicas demoras son las que él pueda justificar y esto es injustificable. Desacato es cuando tú eres renuente de la orden de tu superior (...) tienes que cumplirla, ejecutarla y materializarla”, señaló.
En tanto, Mauro Zúñiga, querellante en el proceso, aseguró sentirse burlado e irrespetado por las autoridades judiciales. “Realmente se ha violado la intimidad nuestra y sabemos que no camina este proceso, que es el más grave que tiene Martinelli, porque viola los derechos humanos”, manifestó.
“Que no me digan a mí que no hay recursos para hacer la traducción al inglés, porque prácticamente los magistrados han demostrado que hay recursos para el turismo judicial y han hecho una cantidad excesiva de viajes, por tanto la Corte tiene recursos para que un equipo traduzca”, reclamó.
La dirigente perredista Balbina Herrera, también querellante en el proceso de los pinchazos, dijo: “tenemos que decir a la ciudadanía que este sistema penal acusatorio es peor que el inquisitivo, porque desde el 21 de diciembre, cuando el pleno de la Corte tomó una decisión, todavía el magistrado Mejía no ejecuta la orden o es que él mismo está haciendo la traducción de las 2 mil fojas de la carpetilla”, destacó.
Sostuvo que el tiempo que ha tomado el magistrado para la traducción genera suspicacia y su silencio es sospechoso.
Por su parte, el magistrado Jerónimo Mejía, quien participaba ayer en el Palacio de Justicia Gil Ponce en una reunión relativa a la ejecución del sistema penal acusatorio en el primer distrito judicial, fue llamado por los periodistas para una entrevista, pero miró y se dio la vuelta hacia su despacho, esquivando a la prensa.
Por su parte, Cristóbal Arboleda, del equipo de defensa de Martinelli, afirmó que los querellantes, en su afán de perseguir al expresidente, pretenden que el magistrado juez de garantías desconozca los trámites del proceso.
¿Pero, dos meses para ese trámite?
“Recuerde que no es una traducción literal sino técnica, que es más complicada. La Corte dijo que eran más de 2 mil fojas, supongo que están en esa tarea. No creo que haya ninguna dilación ni demora, me parece que ese trámite y proceso está cursando las etapas que corresponden”, consideró Arboleda.
En octubre de 2015 fue el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, el que presentó la acusación contra Martinelli por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad contra cerca de 150 personas. Díaz pidió hasta 21 años de cárcel para Martinelli por los delitos señalados.
Martinelli está fuera de Panamá desde el 28 de enero de 2015.
Posponen audiencia de Pérez y Garuz
La audiencia, fijada para el próximo 7 de marzo en el Juzgado Decimosexto Penal contra los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, y contra los exfuncionarios de esa entidad William Pittí y Ronny Rodríguez por los pinchazos telefónicos ejecutados en el gobierno anterior, fue pospuesta para el 11 de abril de 2016, informó ayer el Órgano Judicial.
Pittí y Rodríguez se encuentran prófugos de la justicia, pues no comparecieron en el Ministerio Público durante la investigación que se llevó a cabo desde julio hasta diciembre de 2014. La posposición se debe a que aún faltan algunos querellantes por notificar.
