Se refrendaron y otorgaron contratos “de manera irregular” a empresas que ocasionaron una lesión patrimonial al Estado por $14.2 millones. Además, se permitió que un solo grupo de personas, que representaban a su vez a distintas sociedades anónimas, se beneficiara “ilícitamente” con estos actos públicos en los que personas naturales y jurídicas se pusieron de acuerdo para fijar los precios para el suministro y distribución de las mochilas escolares.
Lo anterior es parte de los argumentos de la fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, para pedir el llamamiento a juicio de 6 exfuncionarios y 12 comerciantes en el proceso seguido por la compra de mochilas escolares a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y del Ministerio de Educación (Meduca).
A los implicados, entre los que figuran la exministra de Educación Lucy Molinar; el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén; y los comerciantes Poulett Morales, Pablo Ruiz Obregón y Mario Martinelli, se les acusa de la supuesta comisión de los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, y fraude en actos de contratación pública. Mientras que se les sobreseyó de la supuesta comisión del delito contra el patrimonio económico.
"Se ha lesionado la confianza de la comunidad en general y sobre todo, el erario del PAN y del Meduca", advirtió Broce.
REPARTIDOS
Todo empezó con un reportaje desarrollado por TVN, el 4 de septiembre de 2014. En el programa Bajo la lupa del canal televisivo se habló de “los malos manejos” de fondos públicos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y del Ministerio de Educación (Meduca) en la compra de mochilas y útiles escolares que fueron repartidos en escuelas públicas de todo el país.
Se reveló que entre 2010 y el primer cuatrimestre de 2014, se adquirieron mochilas con “posibles sobrecostos”. En 2010, contaron, se invirtieron, por ejemplo, $1.2 millones en ese rubro.
Así consta en la vista fiscal que emitió la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce, al Órgano Judicial, el pasado 11 de marzo. En ese mismo documento, al que tuvo acceso este medio, se establece que con el objetivo de “acopiar todas las pruebas para acreditar la posible ocurrencia de un delito, y la vinculación de quienes pudieran resultar responsables” el Ministerio Público empezó a practicar varias diligencias judiciales entre las que se incluyen indagatorias; inspecciones oculares al PAN y al Meduca; y recolección de pruebas testimoniales a exfuncionarios, educadores y pobladores de distintas comunidades del país.
LOS CONTRATOS Y LOS BENEFICIADOS
De acuerdo con la vista fiscal, Lucy Molinar, siendo ministra de Educación, firmó el contrato S-10-2011 con Hialing Corporation, S.A., cuyo representante legal era Pablo Ruiz Obregón. El monto: $3.8 millones.
Ruiz Obregón tiene impedimento de salida del país y debe notificarse ante el Ministerio Público cada 15 días.
La exministra Molinar también suscribió el contrato S-11-2011 con AMP Supplies, S.A., empresa en la que figuraba Janeth Araúz de Caballero como representante legal. El monto: $3.9 millones.
La fiscalía determinó que luego de las investigaciones se detectó que el 100% de las acciones de AMP Supplies corresponden a Poulett Morales, quien al igual que Ruiz Obregón, también tiene impedimento de salida del país y debe notificarse periódicamente ante la fiscalía.
Molinar, además, firmó el contrato S-12-2011 con Unitel Trader, S.A., compañía en la que René Guardia Camargo figuraba como representante legal. El monto: $3.7 millones.
El verdadero dueño de esta última compañía, según las pesquisas del Ministerio Público, es Carlos Caneto Araúz, quien recientemente fue beneficiado con la medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación periódica a la fiscalía, ya que inicialmente tenía casa por cárcel, por este caso, y otros que adelantan las fiscalías Anticorrupción.
Mientras que Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, firmó contratos para la compra de mochilas escolares con INC Consultoría, S.A. por $3.5 millones, cuyo representante era Eliécer Tuñón.
Pactó además con Vafepa, S.A. por $3 millones 700 mil 180, en la que Daniel Ruiz Obregón figuraba como representante legal. Igualmente, negoció otro contrato con Comercializadora Galbedusa, S.A. por $3.9 millones, y cuyo representante era Franklin Araúz. Además, efectuó otra transacción con AMP Supplies, S.A. por $2.1 millones.
El Ministerio Público determinó que Inc Consultoría, S.A. pertenecía a Caneto Araúz, mientras que el responsable directo de Vafepa S.A. era Pablo Ruiz Obregón, y que Poulett Morales era la dueña de Comercializadora Galbedusa, S.A.
ANÁLISIS JURÍDICO
En su escrito, la fiscal Vielka Broce señala que con las investigaciones de su despacho se comprobó que en las contrataciones directas ejecutadas por el PAN y el Meduca, durante la administración de Rafael Guardia Jaén como director ejecutivo de esa entidad; así como de Lucy Molinar, en el ministerio de Educación, se “refrendaron y otorgaron contratos a empresas de manera irregular, ocasionando lesión patrimonial al Estado”.
Broce dice también que estos exfuncionarios “permitieron que un solo grupo de personas que representaban a su vez a distintas sociedades anónimas se beneficiaran ilícitamente con estos actos públicos”.
Agrega que personas naturales y jurídicas “se concertaron previamente para fijar los precios de suministro y distribución de las mochilas escolares a nivel nacional durante los años 2012 y 2014, lo cual acredita el fraude en contrataciones públicas y peculado”.
Reitera la fiscal que se “acreditó la malversación de los fondos al Estado panameño, toda vez que se contrataron empresas que pertenecen a un mismo grupo de personas que se alternaban en las directivas de las sociedades sociedades beneficiadas con los contratos”. La funcionaria del Ministerio Público advierte además que lo anterior se corroboró con los testimonios que reposan en el sumario.
SEÑALADOS, PERO NO ESTÁN EN EL EXPEDIENTE
Entre esos testimonios que aportó la Fiscalía, se destaca el rendido el 15 de abril de 2015 por Rafael Guardia Jaén, quien reveló los detalles de esta trama de presunta corrupción. Dijo, por ejemplo, que de las nueve empresas que participaban en las licitaciones se “escogía solo a tres, con las cuales todo estaba arreglado”.
Agregó que tres pertenecían a un grupo y cuyos representantes eran: Félix Fernández-Miranda, Poulett Morales y Carlos Caneto Araúz. Así mismo, el testigo protegido llamado Euro14 vinculó en este caso a Aldo Mangravita, Félix Fernández-Miranda, Pablo Ruiz Obregón y Ramón Martínez.
Sin embargo, Fernández-Miranda, Mangravita y Martínez no aparecen señalados en el expediente de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a pesar de que fueron mencionados por Guardia Jaén y por el testigo protegido.
Guardia Jaén también manifestó que Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, era quien le decía a quién debía adjudicar los contratos. De Obarrio está prófugo, y contra él pesa una orden de captura de Interpol.
La fiscal también destaca que Molinar, en calidad de ministra de Educación, mediante nota del 9 de septiembre de 2011, solicitó al Ministerio de la Presidencia incluir dentro de los temas a tratar en Consejo de Gabinete, que se aprobara una resolución para exceptuar al Meduca del procedimiento de selección de contratistas, y se le autorizara a contratar “de forma directa” para el suministro de mochilas.
“Se ha lesionado la confianza de la comunidad en general y, sobre todo, el erario del PAN y del Meduca, ya que quienes tenían la obligación de administrar y custodiar correctamente los bienes, valores y dineros del Estado, con su actuar irresponsable y junto a terceras personas, se apoderaron de dineros destinados para la ayuda social”, advierte la fiscal.
Molinar, en su indagatoria, manifestó que “no consintió, no participó, no toleró, ni facilitó actos de corrupción alguna” durante los cinco años que estuvo al frente del Meduca.
Cuando le consultaron sobre el por qué tres empresas, ella dijo que “Meduca es la institución que tiene más recursos a nivel nacional, con tres mil doscientos sesenta y tres centros educativos y ni siquiera la propia institución está en capacidad de distribuir nada”. Por ello, contó, dividieron al país en tres áreas (...) “a fin de facilitar la supervisión y asegurarse que hasta la última escuela recibiera lo que se le prometió”.
Este medio llamó a Molinar a su celular para saber si tenía algo más que agregar a sus planteamientos, pero al cierre de esta edición, no había respondido.
Broce también se apoyó en una auditoría de la Contraloría General de la República, de junio de 2015, que determinó que en este caso hubo un posible perjuicio económico al Estado por $14.2 millones. El informe sustentó que $5.1 millones corresponden al monto pagado por el Meduca y $9.1 millones a los contratos adjudicados por el PAN.
Broce concluyó pidiendo al Órgano Judicial el llamamiento a juicio de seis exfuncionarios y de una docena de empresarios. Se les acusa de la supuesta comisión de los delitos de fraude en actos de contratación pública, peculado, y corrupción de servidores públicos.
A LOS EMPRESARIOS
A Poulett Morales, dueña de AMP Supplies y Comercializadora Galbedusa Panamá, S.A., se le atañen responsabilidades luego de que la fiscalía entrevistara a educadores de la comarca Ngäbe-Buglé y de la provincia de Chiriquí, quienes dijeron que se tuvieron que trasladar por sus propios medios a los centros regionales del Meduca para retirar las mochilas.
Morales se defendió diciendo que “cumplió” con la Ley de Contrataciones Públicas y prueba de ello, agregó, es que la Contraloría [a cargo entonces de Gioconda Torres de Bianchini] refrendó “todos los contratos”.
Broce considera que Pablo Ruiz Obregón, dueño de Hialing Corporation y Vafepa, S.A., debe ser llamado a juicio por las declaraciones dadas por el testigo protegido “Euro14”, quien reveló que se encontraba en el grupo de personas que participaban activamente en los actos de corrupción y peculado en el PAN.
Ruiz Obregón, por su lado, dijo al Ministerio Público que es “inocente”. Contó que Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli era el socio principal de Hialing Corporation y de Vafepa, S.A., y que el rol de Martinelli era el de proveer el financiamiento de los proyectos.
Añadió que el hermano del Presidente era quien le indicaba “a qué precios debía realizar la oferta al Estado y, posteriormente, a quién debía realizar los pagos de proveedores”.
Los otros socios, dijo, eran Roberto Brin y Roberto Luzcando, quienes laboraban en el Súper 99, compañía del expresidente Ricardo Martinelli. Mario Martinelli, Brin y Luzcando, según Ruiz Obregón, recibían “un 75% de las participaciones y ganancias”.
En la vista fiscal se sostiene que la fiscal se apoyó en lo revelado por Ruiz Obregón para formularle cargos a estas tres personas. De Martinelli, advirtió, por ejemplo, que fue el fiador solidario de los contratos de mochilas con las empresas que representaba Ruiz Obregón, ante el PAN y el Meduca.
Y sobre Brin y Luzcando, advierte que sobre ellos pesa la prueba de la auditoría de la Contraloría por la posible lesión de $14.2 millones, debido a que supuestamente no cumplieron al 100% con lo establecido en el contrato: suministro, transporte, entrega, almacenamiento, custodia y distribución de las mochilas escolares.
Martinelli, Brin y Luzcando negaron los cargos y lo dicho por Ruiz Obregón. Martinelli, por ejemplo, afirmó que “no era accionista, ni director, ni mantenía relación con Hialing Corporation”. Agregó que en su momento mantuvo una relación con dicha sociedad de “cliente de compra de granos y arroz”.
Mientras que Caneto Araúz manifestó ser inocente y admitió ser el dueño de Unitel Trader, al igual que de INC Consultoría. Agregó que su trayectoria como empresario en el ramo de la compra, venta y transporte data de más de 20 años, lo que demuestra su experiencia en logística.
