El Ministerio Público informó que maneja suficientes evidencias que acreditan que en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) se interceptaron las comunicaciones privadas de miembros “de todos” los partidos políticos, de los medios de comunicación social, la sociedad civil organizada, los sindicatos y las comarcas.
Así lo anunció esta mañana, en conferencia de prensa, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, y el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar, quien formuló cargos por la supuesta comisión de los delitos de violación del secreto y el derecho a la intimidad a Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, dos de los cinco secretarios ejecutivos que tuvo el Consejo de Seguridad Nacional en la administración pasada.
Pérez fue el primero en rendir indagatoria. Llegó a las 11:58 a.m. a la Fiscalía Auxiliar de la República. Garuz fue conducido poco después de las 7:00 p.m. Ambos llegaron esposados y escoltados. Los dos ya están otra vez en la DIJ, después que el fiscal Aguilar decretaria un receso a las 8:30 p.m. Sus abogados Armando Fuentes y Cristóbal Arboleda, respectivamente, sostienen que no amerita la detención preventiva.
La investigación –de oficio- que adelanta Aguilar es aparte de la que lleva a cabo la Fiscalía Primera Anticorrupción, que abrió un proceso por supuestos delitos contra la administración pública, luego de que el actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López Pérez, denunciara la desaparición de un equipo de espionaje que se adquirió en el año 2010 a la empresa israelí MLM, por $13.4 millones, con fondos del Fondo de Inversión Social, actual Programa de Ayuda Nacional.
Las residencias de Garuz y Pérez fueron allanadas ayer, en busca de los equipos. Ambos fueron conducidos esta madrugada a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en Ancón.
En el Ministerio Público informaron que, en total, se realizaron 11 allanamientos de manera simultánea. Entre los inmuebles allanados están las residencias de Garuz en Dos Mares, de Pérez en Brisas de Amador y de la mamá de éste último en Loma Alegre, donde las autoridades aprehendieron varias cajas de documentos. Adicional, también la oficina de Pérez en la empresa Panamá Ports Company, en Balboa, donde labora como gerente de seguridad. En los allanamientos también se encontraron armas "de asalto". Arboleda admitió que a su cliente se le encontraron seis pistolas, "todas absolutamente registradas".Aparte de Garuz y Pérez hay dos personas más vinculadas a este caso; todos son funcionarios del Consejo de Seguridad, precisó el fiscal.
Añadió que existen “pruebas contundentes” de la participación de exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional en los ilícitos.
De hecho, aseguró que se encontró información valiosa en unas computadoras portátiles pertenecientes al Consejo de Seguridad Nacional. “Estas personas pensaron que la información había sido borrada pero, luego de un peritaje con peritos y software forenses se logró recuperar correos, mensajes y audios ambiente pertenecientes a un grupo de personas”, dijo el fiscal.
“Las pruebas han sido evidentes, han demostrado la participación directa de exfuncionarios del Consejo Nacional de Seguridad”, quienes en un momento dado dejaron rastros de sus acciones, añadió. Un “hecho determinante” que implicó a los investigados: uno de los números asignados a uno de estos exfuncionarios quiso probar los equipos, dejando así “un rastro contundente dentro de herramienta”.
Por su parte, la procuradora dijo que las auditorías forenses probaron que los anteriores jefes del Consejo de Seguridad del Estado contaban con los medios para captar mensajes de BBPin, Whatsapp, correos electrónicos de las cuentas que estuvieron configuradas a dichos dispositivos móviles, audios ambientes, accesos a agendas telefónicas, información en tarjetas de memoria, localizador para ubicar el teléfono y, en algunos modelos de dispositivos móviles, un archivo de las conversaciones.
“Este sistema era utilizado para conocer el movimiento de determinadas personas”, sin contar con la requerida autorización judicial, remarcó. Las comunicaciones personales solo pueden ser monitoreadas previa autorización de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Porcell sigue sin conocer el paradero de los equipos de espionaje adquiridos a MLM Protection.
“Nadie da fe de ellos y se han hecho muchas diligencias”, aseveró. Paralelamente, se gestiona una asistencia judicial al Gobierno de Israel.
Durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) se instauró una férrea red de espionaje a opositores, oficialistas, independientes y diplomáticos.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo no tener injerencia en la investigación seguida a Garuz y Pérez. “Eso es facultad del Ministerio Público”, dijo.
Más temprano, el abogado de Garuz, Cristóbal Arboleda, dijo desconocer por qué su cliente fue conducido.
