Luego de 45 años de la desaparición forzada de Héctor Gallego, la Iglesia católica, agrupaciones de campesinos y organizaciones populares no cesan en su demanda para que se revele dónde están los restos del sacerdote colombiano.
Transcurría el año 1970 –dos años después del golpe militar dado por la Guardia Nacional– cuando Gallego llegó a la comunidad de Santa Fe, en Veraguas, a difundir el Evangelio.
Era una área rural, poblada en su mayoría por campesinos e indígenas que realizaban actividades agrícolas de sustento y dominada por terratenientes para quienes estos trabajaban.
Por iniciativa del sacerdote colombiano, se fundó la Cooperativa La Esperanza del Campesino, a la que se adhirieron casi todos los residentes del lugar, quienes consideraron que era un medio para comercializar sus productos de una manera más eficiente y sin la necesidad de entregarlos a los
comerciantes de siempre.
De acuerdo con el testimonio de residentes de Santa Fe, la medida no fue bien acogida por los terratenientes de la zona, quienes la veían como una amenaza para sus intereses.
La noche del 9 de junio de 1971, Gallego fue sacado de su residencia a la fuerza por miembros de la entonces Guardia Nacional.
Eugenio Magallón, junto a dos agentes del G-2, entonces aparato de seguridad de los militares, fue identificado como la persona que detuvo al sacerdote.
Después de varias gestiones de la Iglesia católica para que se abriera el caso por la desaparición de Gallego, no fue sino hasta 1994 cuando el Segundo Tribunal Superior condenó a 15 años de prisión a Melbourne Walker, Nivaldo Madriñán y Eugenio Magallón (prófugo).
Sin embargo, durante la audiencia, ninguno de los militares reveló la posible ubicación de los restos del sacerdote.
Según la investigación realizada por el Ministerio Público, Gallego pudo haber sufrido un golpe mortal cuando fue detenido y su cuerpo llevado a un lugar para ser sepultado.
El 23 de septiembre de 1999, gracias a datos proporcionados por un testigo, las autoridades hallaron varios restos humanos en el antiguo cuartel de Los Pumas de Tocumen. Se creía que eran los de Gallego, pero luego de pruebas de ADN, se certificó que pertenecían a Heliodoro Portugal, un dirigente sindical que también fue asesinado por la dictadura militar en 1971.
Según algunos testigos, otros restos que fueron hallados en el lugar podrían ser de Gallego, pero nuevas pruebas de ADN –realizadas con el auspicio de la Comisión de la Verdad, creada en el año 2002– descartaron que estos pertenecieran al sacerdote.
Sin embargo, tras la decisión del Ministerio Público en noviembre de 2015 de reabrir los casos de personas desaparecidas en la dictadura militar y analizar un lote de 60 restos óseos que se encuentran en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), se abre nuevamente otra posibilidad de buscar los restos de Gallego.
Miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá (Cofadepa HG) aseguran que el exdictador Manuel Antonio Noriega, detenido actualmente en la cárcel El Renacer y quien fue jefe del G-2 para la época en que desapareció Gallego, tiene información sobre lo sucedido.
Maritza Maestre, vocera de Cofadepa HG, señaló que Noriega no tiene voluntad de decir lo sucedido con Gallego. “Pasados 45 años, ningún exmilitar ha querido cooperar y dar detalles de la ubicación de los restos del sacerdote”, denunció.
Consideró que esta decisión de los militares ha impedido que se cierren las heridas ocasionadas a cientos de familias panameñas.
Para Maestre, tampoco ha existido la voluntad política de los gobiernos de esclarecer estos hechos y ponerle punto final a una reclamación que se repite cada año el 9 de junio.
El cardenal José Luis Lacunza hizo un llamado a quienes saben detalles de lo sucedido al sacerdote Gallego a que aporten información para ubicar sus restos.
Para Lacunza, se trata de un gesto de justicia hacia un hombre que lo dio todo por los campesinos.
Durante la dictadura militar (1968-1989) se produjo la muerte y desaparición forzada de 116 personas, según la Comisión de la Verdad.
Los que acosaron al sacerdote
La Coordinadora Popular por los Derechos Humanos (Coopodehupa) aseguró que el cambio en las relaciones económicas provocado por Héctor Gallego en Santa Fe disgustó a los “caciques” del lugar, porque afectaba sus intereses, que hasta entonces tenían asegurados con el sudor y el cansancio de los campesinos. En un comunicado emitido ayer, los miembros de Coopodehupa plantean que a raíz de esta situación se emprendió una campaña de acoso y agresión contra aquel que había cambiado la vida de los campesinos de forma tan radical.
En el documento se plantea que indispusieron a Gallego ante los obispos, le golpearon y ofendieron, le levantaron calumnias, lo acusaron ante el gobierno dictatorial de Omar Torrijos, que tenía familiares dueños de tierras y negocios en el área de Santa Fe, e incluso llegaron a quemar el humilde rancho en el que vivía, pero, a pesar de ello, Gallego persistió en su labor evangelizadora.
