Juan Carlos Navarro, candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de mayo pasado, acudió este martes al Tribunal Electoral (TE), para notificarse de los procesos que se siguen en su contra. En total -según Navarro- son siete, "seis de ellos por iniciativa del propio Tribunal".
Navarro, que se proclamó un perseguido político, informó además que el exembajador de Panamá en Corea, Jaime Lasso, miembro del partido Panameñista, presentó una demanda en su contra por la supuesta comisión de delitos contra el honor.
"Jaime Lasso me ha interpuesto una demanda por delito contra el honor como respuesta a las denuncias públicas que hice hace algunos meses y que hoy reitero, en el sentido de que el señor Varela, a través del señor Lasso, recibió coimas por más de $10 millones por parte de Odebrecht, y que las mismas fueron desviadas a la fundación Don James y de allí costear sus lujos como el yate Centuria", dijo Navarro, a través de una nota de prensa.
El Sr Varela pretende convertir al TE en un órgano de censura política, cercenando nuestra libertad de expresión para tratar de favorecer a su partido y evitar que el @PRDesPanama gane las próximas elecciones. Quiere una pelea de tigre con burro amarrado. #LibertadDeExpresión pic.twitter.com/k3rWQNxpl7
Lasso, por su parte, replicó que su demanda a Navarro es a título personal.
"Sí él desea hacerse la víctima públicamente buscando una notoriedad perdida, le recomiendo se maneje como un hombre adulto, responsable y acuda a los tribunales donde le puse la querella para que intente probar sus falsas declaraciones, alejadas de toda realidad y que solo buscan hacerle daño a alguien que ayudo a que el pueblo panameño no lo eligiese en el 2009", dijo Lasso.
Navarro perdió en las elecciones presidenciales de mayo de 2014, en las que el panameñista Juan Carlos Varela resultó ganador.
Lasso confirmó que para la campaña electoral del año 2009, recibió dinero de André Rabello, entonces representante de Odebrecht en Panamá. Según las investigaciones del Ministerio Público, el exembajador habría recibido al menos $2.1 millones a través de la Fundación Don James y la sociedad Poseidón, S.A.