La Fiscalía Primera Anticorrupción anunció una apelación a la decisión del juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, que liberó cuentas bancarias por $35 millones y vehículos de lujo a Cristóbal Salerno –accionista mayoritario de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA)– y a miembros de su familia.
Una fuente del Ministerio Público confirmó que la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, apelará el fallo, luego de que sea notificada de la decisión del juez.
Quesada Vallespi desaprehendió 31 plazos fijos y 16 cuentas bancarias a nombre de sociedades vinculadas a Salerno y sus familiares, que permanecían cauteladas por la Fiscalía Primera Anticorrupción, como parte de la investigación por presuntas irregularidades en el contrato otorgado a CISA por el pasado gobierno, en agosto de 2010, para el cobro de impuestos morosos.
El juez argumentó que la mayoría de las sociedades fueron creadas antes de la firma del contrato que fue adjudicado a la empresa, “por lo que no hay manera de afirmar que estas fueran utilizadas para ocultar los dineros provenientes del presunto delito cometido a partir del referido contrato”.
En febrero pasado, la fiscal Sterling solicitó abrir causa criminal a Salerno –sobre quien pesa una medida cautelar de casa por cárcel–; a Luis Cucalón, exjefe de la Dirección de Ingresos –quien tiene arresto hospitalario– y a Magaly Ramos, exgerente de CISA –también con impedimento de salida del país–. El juez aún no ha fijado la fecha de la audiencia preliminar.
LIBERAN CUENTAS Y AUTOS A SALERNO
El juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, vuelve a la palestra con otro fallo. Esta vez, se trata de la liberación de decenas de millones de dólares en cuentas bancarias y vehículos ligados a Cristóbal Salerno, el visible principal accionista de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que en agosto de 2010 obtuvo el investigado contrato para la gestión del cobro de impuestos morosos.
En resolución No. 3-16, el juez también levantó las medidas cautelares a sociedades de María Alessandra Salerno Gómez –hija de Cristóbal Salerno– y de Elida Ballestas de Salerno, que estaban en la Cooperativa de Ahorro y Crédito el Educador y en Multibank.
Además, suspendió las medidas que pesaban sobre seis vehículos a nombre de Ángela Maritza Claxton de Salerno.
La decisión resuelve una petición presentada por los abogados de Cristóbal Salerno, como parte del proceso que se le sigue a él, al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) Luis Cucalón y a otros, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y contra la fe pública por supuestas irregularidades en la gestión de cobro de impuestos con el Estado, a través del contrato No. 100 del 25 de agosto de 2010 entre la DGI y CISA.
RAZONES
El juez alegó que en los certificados de personería jurídica, aportados por la defensa, “la mayoría de las sociedades, con excepción de la sociedad Consultores Financieros Tributarios, S.A., fueron creadas mucho antes de la celebración del contrato” con CISA.
“De tal manera que, tomando en cuenta el tiempo de la creación de las sociedades en mención, no hay manera de afirmar que estas fueran utilizadas para ocultar los dineros provenientes del presunto delito cometido a partir del referido contrato No. 100 de agosto del año 2010”, concluye el fallo. Las cuentas habían sido aprehendidas por orden del Ministerio Público.
Sobre la empresa Consultores Financieros Tributarios, S.A., registrada el 11 de junio de 2012, el juez citó la indagatoria de Salerno ante el Ministerio Público, según la cual esa compañía fue creada para la compra y venta de instrumentos negociables que se puedan traspasar por endosos, como cheques, pagarés y otros.
Respecto al resto de las sociedades pertenecientes a María Alessandra Salerno y Elida Ballesta de Salerno, Quesada Vallespi destacó: “resaltan ser terceros no vinculados con el hecho punible investigado; la aprehensión provisional de bienes y dineros no puede estar indiscriminadamente, sobre cualquier sociedad en donde los sindicados aparezcan como directivos o socios, sin que se haya determinado fehacientemente que a las cuentas bancarias de tales sociedades haya ingresado dinero, cheques u otros valores que guardan relación con el ilícito”.
El juez también invocó el artículo 29 de la Ley 57 de 2013 (sobre drogas), que en el párrafo segundo dice: “La aprehensión provisional será ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con los delitos...”.
Y también concluyó “que la única relación vinculante de Cristóbal Salerno con las otras sociedades anónimas, sobre las cuales recaen la aprehensión de cuentas bancarias, es que aparece como firmante en las respectivas cuentas bancarias de dichas personas jurídicas”.
PONDERA ACCIÓN
Asimismo, Quesada Vallespi destacó en el fallo que en este proceso existen varios imputados principales, como Luis Cucalón y el expresidente Ricardo Martinelli –cuya supuesta vinculación es investigada por la Corte Suprema de Justicia–, al tiempo que ponderó la acción de Salerno, quien en junio de 2015 depositó en la cuenta del Tesoro Nacional $20 millones 699 mil 982.98, en cumplimiento del compromiso hecho para la devolución del monto de las comisiones pagadas a CISA, en concepto de gestión de cobros de impuestos morosos a Tocumen, S.A.
Según el juez, esa devolución es una cifra cercana a la posible lesión patrimonial causada al Estado por este caso y que la Contraloría calculó en $23 millones.
Al rendir declaración indagatoria, Salerno dijo que él entregaba a Martinelli bolsas de dinero en efectivo, producto de las comisiones generadas por la gestión de cobros.
Por estas declaraciones, la Corte admitió, el 23 de septiembre de 2015, abrir un proceso al expresidente Martinelli, que aún está en etapa sumarial.
EL CASO PENAL
La investigación de este caso llegó al Ministerio Público en enero de 2015, cuando Publio Cortés, director de la DGI, presentó una denuncia y luego el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, interpuso una querella.
Ambas acciones se fusionaron y quedaron bajo investigación de la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, quien en febrero pasado emitió su vista fiscal y pidió enjuiciar a Salerno, quien casa por cárcel; a Cucalón, con arresto hospitalario; y a Magaly Ramos, exgerente de CISA, quien tiene impedimento de salida del país. También solicitó sobreseer a Alessandra Salerno, quien no puede salir de Panamá.
El juez no ha fijado la fecha de la audiencia preliminar del proceso.
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