La exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, María del Pilar Hurtado, no puede tramitar ningún tipo de visa en Panamá y, por lo tanto, su estatus en el país continuará siendo ilegal.
A esta conclusión llegaron hoy los panelistas del foro "El Derecho de Asilo y el caso María del Pilar Hurtado", organizado por el Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (IEPI), en la sede del Colegio Nacional de Abogados.
El podio de oradores estuvo compuesto por el representante de las víctimas de la exfuncionaria colombiana, Ángel Álvarez; el excanciller Jorge Eduardo Ritter; la directora ejecutiva de Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo, y el abogado defensor de derechos humanos Miguel Antonio Bernal.
Álvarez recordó que el pasado 18 de julio el Tribunal Superior de Cundinamarca canceló el pasaporte de Hurtado, por lo que técnicamente no podría aplicar a ningún tipo de visa.
El abogado explicó que Hurtado tampoco podría participar en el proceso de regulación migratoria "Crisol de razas", porque en este operativo solicitan copia de pasaporte y antecedentes penales.
"Tenemos conocimiento de que también está tratando de legalizarse a través de su esposo. Él es un inversionista colombiano que tiene cédula panameña y la estaría reclamando como cónyuge. Pero esto tampoco procede por la misma cuestión del pasaporte cancelado", añadió.
A finales de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el asilo otorgado a Hurtado. Semanas más tarde, el propio director del Servicio Nacional de Migración, Javier Carrillo, precisó que de ser encontrada podría ser detenida.
HURTADO 'PROTEGIDA POR EL MINISTRO ÁLVARO ALEMÁN'
Durante su intervención, Miguel Antonio Bernal acusó al actual ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, de proteger a Hurtado.
"Ella está ilegal aquí y está siendo protegida por Álvaro Alemán, quien siendo vicecanciller en el gobierno de Ricardo Martinelli fue quien le otorgó en tiempo récord el asilo", añadió.
"Ya varios comités de derechos humanos han demandado a Panamá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este caso", agregó.
Por su parte, Magaly Castillo recordó que los delitos cometidos por la exdirectora del DAS son considerados como de lesa humanidad y por tanto no prescriben.
"A los violadores de derechos humanos se les debe cerrar las puertas, no abrirlas", acotó.
Coincidiendo con estos argumentos, el excanciller Ritter indicó que la actitud del gobierno del presidente Juan Carlos Varlela con este caso crearía un mal presedente, pues estaría dando la visión al mundo de que en Panamá no se persigue a quienes realizan conversaciones ilegales.
Dos semanas atrás, la Cancillería rechazó la solicitud de Colombia para extraditar a Hurtado. En un comunicado señaló que las leyes panameñas y convenios internacionales impiden conceder una extradición que ha sido negada anteriormente con los mismos fundamentos y respecto a la misma persona.
