Los ex secretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional Julio Moltó, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz “por supuesto que debían tener conocimiento” del espionaje a personalidades públicas durante el gobierno anterior.
Así lo aseguró Jaime Agrazal, un agente del Consejo de Seguridad, al rendir declaración jurada como parte de la investigación que siguió el Ministerio Público por las escuchas ilegales en la pasada administración.
La declaración jurada de este agente está incluida en la vista fiscal del proceso –a la que tuvo acceso este diario–, enviada al Órgano Judicial por Ricardo Muñoz, fiscal adjunto de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada encargado de las pesquisas, en la que solicitó enjuiciar por la supuesta comisión de delitos contra la libertad, en la modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, a Garuz y a Pérez, y a los exagentes del Consejo Ronny Rodríguez y William Pittí. Pérez y Garuz están presos desde enero pasado, mientras que Rodríguez y Pittí permanecen prófugos.
ESPIONAJE DESDE 2010
El agente Agrazal reveló que desde que entró a laborar en el Consejo de Seguridad en 2010 “tenía conocimiento que se hacían espionajes telefónicos de personas metidos (sic) en la política, incluso empresarios, periodistas y otras personalidades opositoras del gobierno de Cambio Democrático”.
Identificó a Rodríguez, alias Didier, exjefe de Inteligencia del Consejo, como el que daba “las órdenes”.
Decía: “quiero que me sigas a fulano de tal. Entre las personas que yo monitoreé y se le dio seguimiento y vigilancia, por órdenes de Didier y William Pittí, quien era el que mandaba cuando Ronny no estaba, estaban: Bobby Eisenmann, Álvaro Alvarado, el señor Presidente de la República actual [Juan Carlos Varela], a Raiza Banfield, Yadira Pino, la cacica Silvia Carrera, el diputado de Changuinola Benicio Robinson, Pedro Miguel González, [Demetrio Papadimitriu] cuando dejó de ser parte del gobierno de Ricardo Martinelli; Saúl Méndez, Genaro López, Juan Carlos Navarro, al Toro [Ernesto Pérez Balladares], Balbina Herrera, Boby Velásquez, entre otras personalidades...”.
Detalló que los informes que recogían, consistentes en fotos, lugares donde se movían los objetivos y sus conversaciones, eran entregados a Carmen Salinas, jefa de Inteligencia, una funcionaria del Consejo conocida como La Profe, y ella, a la vez, se las daba a Didier y a Pittí, alias Guillermo.
Betzaida Quintero Pinto, funcionaria del Consejo de Seguridad, aclaró el escalafón que existía en la oficina de Inteligencia: “Los jefes de la División de Inteligencia eran Didier y el segundo Guillermo, y después venía La Profe.
Otros cinco funcionarios del Consejo que también rindieron declaración jurada en el proceso identificaron a Didier como el jefe de Inteligencia y quien daba las órdenes en esa oficina.
Según se expone en la vista fiscal, el espionaje se llevaba desde la oficina de Inteligencia, ubicada en el edificio 150, dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional en Quarry Heights.
De hecho, la investigación del caso se inició en julio de 2014 con la declaración de un testigo protegido, identificado como 8430145, quien sostuvo: “en el área del edificio conocido como 150, planta baja, había un equipo que en los últimos años fue utilizado para interceptar teléfonos de manera clandestina a distintas personas de este país”.
A ese lugar solo entraban Didier y Guillermo, según los testimonios incluidos en la vista fiscal.
Miguel Alexander Mendoza, conductor de Didier declaró a la fiscalía: “Es la verdad que ellos [Didier y Guillermo] tenían una oficina independiente donde nadie entraba, estaba prohibido entrar, yo nuca entré; entraban Guillermo, que es William Pittí, Ronny Rodríguez e Ismael Pittí”.
Dijo que fueron Didier y Guillermo quienes prohibieron a los demás funcionarios ingresar en esa oficina. Ellos eran los únicos que tenían tarjetas magnéticas para ingresar, afirmó.
A LA PRESIDENCIA
Agrazal y el testigo protegido confirmaron que los informes de espionaje que ordenaban Didier y Guillermo iban a la Presidencia. “Hasta donde yo tenía entendido, Ronny Rodríguez era el único que se reunía con el señor expresidente Ricardo Martinelli todas las mañanas en la Presidencia y había que llevarlo y traerlo, porque él no sabe manejar”, declaró Agrazal. A su vez, el testigo protegido informó: “Didier emitía un resumen diario con información sobresaliente que pudiera generar cada uno de estos, la cual era impresa y entregada todas las mañanas por los lados de la Catedral”.
PÉREZ APUNTA A MOLTÓ
En el expediente, Gustavo Pérez se desligó de Ronny Rodríguez, a quien vinculó como un subalterno de la Presidencia y no de él. Además, apuntó sus cañones hacia su antecesor, Julio Moltó, de quien señaló que fue el que ascendió a Rodríguez en la Policía Nacional.
En su declaración indagatoria, dejó de manifiesto sus diferencias con Rodríguez.
Pérez dijo reconocer el edificio 150, pero confirmó de que Didier era al que veía entrar y salir de allí. “Hasta pensé que vivía allí”, dijo.
Sobre el poder otorgado a Rodríguez, Pérez aseguró que cuando llegó al Consejo de Seguridad ya había un modus operandi de trabajo entre Didier y la Presidencia, con relación a la entrega de “sobres” en la Presidencia de la República.
Indicó que le reclamó a Didier sobre esas entregas y eso motivó una discusión entre ambos. “Ronny Rodríguez manejaba un presupuesto aparte del Consejo, en efectivo, asignado de la Presidencia....”, declaró Pérez sobre lo que observó cuando llegó al Consejo de Seguridad.
De acuerdo con la vista fiscal, Julio Moltó, quien tomó las riendas del Consejo de Seguridad desde julio de 2010 hasta marzo de 2012, fue quien realizó un esquema u organigrama en el que se estableció que los servicios de inteligencia eran ejecutados por más de 200 personas dentro del organismo.
En el organigrama, que reposa en el expediente del proceso, Moltó asignó como director de Inteligencia a Ronny Rodríguez, mientras que William Pittí e Ismael Pittí eran encargados de los “proyectos especiales”.
El 27 de noviembre de 2014, Moltó declaró bajo juramento ante la Fiscalía Auxiliar que la labor de los exagentes Rodríguez y William Pittí se centraba en inteligencia, análisis y elaboración de informes que producían las salas relacionadas con el combate de la delincuencia. Rodríguez y Pittí laboraron por casi dos años con Moltó en el Consejo.
Este diario llamó a Moltó a tres números celulares que reposan en los archivos. Además, se le envió un correo electrónico con varias preguntas; sin embargo, al cierre de esta edición no había contestado.
Roniel Ortiz, abogado de Gustavo Pérez; y Cristóbal Arboleda, de Alejandro Garuz, advierten que la investigación hacia sus clientes ha sido sesgada y el Ministerio Público excluyó a Moltó a pesar de que durante su administración en el Consejo de Seguridad se instaló parte del equipo para el espionaje telefónico.
“Julio Moltó no podía ser investigado, porque la investigación partió del primer hallazgo de un correo del 19 de marzo de 2012 y Moltó no era el secretario ejecutivo para esa fecha”, es la razón que da el Ministerio Público para no implicar a Moltó.
PÉREZ, MOLTÓ Y GARUZ, ANTENAS Y CABLES
El testigo protegido explicó que para la operación del equipo de espionaje en el Consejo se necesitó la instalación de un cable de fibra óptica, ampliar la banda ancha de internet e instalar antenas.
Iris González Cerrud, jefa de Informática del Consejo de Seguridad, confirmó que el aumento de la banda ancha –de 4MB (megabytes) a 10MB– se hizo por orden de Garuz y que Moltó solicitó la instalación del cableado en el edificio.
Aclaró que ningún funcionario del Departamento de Informática ni de otros despachos del Consejo instaló la fibra óptica ni antenas para el servicio de internet que usaba la Dirección de Inteligencia.
Precisó que Guillermo le comunicó que había cancelado el contrato de internet que utilizaban en la Dirección Inteligencia, firmado con la empresa Liberty Technologies, por órdenes de Alejandro Garuz.
González Cerrud también declaró que el nuevo director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, le solicitó información sobre ese contrato de internet y ella acudió a la empresa, donde confirmó que ya había sido cancelado, que un hombre se presentó en las oficinas de la compañía, pero no dio su nombre ni otros datos.
“Logré que me diera un documento que dice que ese internet fue contratado por la empresa Global Research Agency Inc.”, detalló.
No obstante, en la vista fiscal se precisa que dicho servicio de internet fue contratado el 1 de julio de 2012 con un ancho de banda de 15MB simétrico, que se pagaban $2 mil 400 mensuales, más ITBMS. Para esa fecha, Pérez era secretario del Consejo de Seguridad.
Al preguntársele sobre las operaciones que se llevaban a efecto en el edificio 150 y la instalación especial de cables para el internet, la funcionaria respondió que fue Julio Moltó quien solicitó dicho cableado en 2012 y que incluso le dio instrucciones para colaborar en los trabajos con un “señor de acento extranjero, posiblemente israelí”.
Puntualizó que, tras recibir tales instrucciones, se puso en contacto de inmediato con el extranjero, quien se encontraba en una oficina situada al frente de la del secretario ejecutivo y él [el extranjero] le hizo un mapa de cómo se debía instalar el cableado y a qué oficinas debería llegar. El cable iba hacia las oficinas de Inteligencia en el edificio 150.
En su declaración jurada, Moltó fue interrogado si en efecto solicitó a la Dirección de Informática del Consejo la instalación del cableado en la parte alta del edificio 150, y respondió: “Probablemente sí. Si se iban a mudar para allá arriba, iban a necesitar instalar cables y la red para las computadoras”.
Por su parte, Garuz negó cualquier vinculación con la instalación del equipo de espionaje en el Consejo de Seguridad y explicó que la jefa de Informática le informó, cuando asumió el puesto, que había defectos en el servicio de internet y que ese fue el motivo por el que se procedió a contratar un servicio de 10MB. “Eso funcionó hasta el día que salí del Consejo de Seguridad”, declaró.
