La Fiscalía Tercera Anticorrupción ordenó anoche la detención preventiva del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino (2009-2014), investigado por presuntas irregularidades en el contrato firmado en 2010 con la empresa Selex, filial de Finmeccanica, para la adquisición de 19 radares por un monto de $125 millones.
Mulino fue trasladado a una celda transitoria en la sede de la Policía Nacional, luego de concluir la indagatoria de ayer, que se extendió por más de 12 horas.
La diligencia fue suspendida el pasado viernes 23 de octubre, tras 14 horas de interrogatorio por la fiscal Zuleyka Moore. Mulino ya había concurrido a ese despacho el jueves 22.
La fiscalía le imputó cargos al exministro de Seguridad Pública por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública (peculado).
De acuerdo con las pruebas aportadas por las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, los radares adquiridos por el gobierno anterior no detectan las lanchas rápidas usadas por los narcotraficantes.
Tras conocer la medida, en el exterior del edificio Avesa el hijo de Mulino leyó un comunicado en el que su padre señala que se le detiene bajo premisas falsas del Ministerio Público.
CUARTO MINISTRO DETENIDO
El exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino se convirtió anoche en el cuarto ministro del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) que es arrestado por supuestos hechos de corrupción.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción ordenó el arresto de Mulino por su presunta vinculación con irregularidades en el contrato firmado en 2010 con la empresa Selex, filial de la italiana Finmeccanica, a fin de adquirir 19 radares por $125 millones para combatir el narcotráfico internacional.
Según pruebas aportadas en la investigación, los radares no tienen la capacidad para detectar lanchas del narcotráfico.
Además de Mulino, permanecen detenidos por investigaciones del Ministerio Público los exministros Frank De Lima (Economía y Finanzas); Guillermo Ferrufino (Desarrollo Social) y Óscar Osorio (Desarrollo Agropecuario).
Con medidas cautelares distintas a la detención preventiva están Lucy Molinar (Educación); Emilio Kieswetter (Desarrollo Agropecuario); Federico Suárez (Obras Públicas); Roberto Henríquez (Presidencia); Jaime Ford (Obras Públicas y Giselle Burillo (Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa).
ORDENAN DILIGENCIA
Como parte del caso por el que fue detenido Mulino, la fiscal tercera anticorrupción, Zuleyka Moore, ordenó una inspección ocular en los sitios donde fueron colocados los equipos que no funcionan para los fines que fueron comprados, según las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, basadas en pruebas del Servicio Nacional Aeronaval.
Interrogado en medio del receso de las indagatorias sobre esta diligencia, Mulino advirtió que esa verificación lo que va a arrojar son fotografías de radares y de infraestructuras convertidas en chatarra, totalmente descuidadas, en sitios abandonados y llenos de monte, porque hace año y medio que no se le da mantenimiento.
En el receso, el exministro también habló sobre la revisión médica a que fue sometido el viernes pasado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Indicó que tiene problemas de salud que se remontan a 2008, luego de ser intervenido tres veces en la columna vertebral.
RELACIÓN CON RADARES
El 3 de agosto de 2010, el Consejo de Gabinete autorizó a Mulino en su condición de Ministro de Seguridad Pública a firmar un contrato directo con AgustaWestland para la compra de seis helicópteros. También recibió luz verde del Gabinete para firmar la compra de los 19 radares con Selex.
Estos dos contratos firmados por Mulino significarían un desembolso de $200 millones del Estado.
Había un tercer contrato, que fue firmado por el entonces ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, para comprar un mapa cartográfico con Telespazio por $22 millones.
El jefe del Consejo de Seguridad Nacional para esa época era Alejandro Garuz, quien también está imputado en el caso de los radares.
Garuz está detenido en El Renacer por el proceso sobre escuchas ilegales en el gobierno pasado.
PAGO DE COIMAS
La investigación del Ministerio Público incluye el supuesto pago de coimas en la ejecución de estos contratos tras aportes de la justicia italiana, que realizó procesos sobre el escándalo.
Según los fiscales, la sociedad Agafia Corp. fue utilizada como vehículo para el pago de esas coimas.
Esa sociedad ha sido vinculada, según las pesquisas en Italia, al expresidente Ricardo Martinelli y a Valter Lavítola, quien fue condenado en ese país por otros dos procesos.
MULINO RESPONDE
Tras conocerse anoche la noticia de su detención, el hijo del exministro leyó una carta en la que su padre acusa al Ministerio Público de haberle ordenado una detención basado “en premisas falsas”, y señaló al presidente Juan Carlos Varela como el artífice de ese proceso.
Indicó que el Ministerio Público lo vincula al caso, ya que, como firmante con Selex, es el garante del contrato, argumento que considera absurdo, porque en los acuerdos entre Estados los firmantes no son “garantes” del cumplimiento de dichos contratos.
Aseguró que el proceso en su contra no es jurídico y tiene un trasfondo político, en el que señaló como responsable a Varela.
