“No tengo ningún temor por el tema de Finmeccanica. Mi nombre ha sido mencionado porque desafortunadamente firmé el bendito contrato [con Selex] en un acto legítimo. Presentaré mis alegatos en este proceso contencioso administrativo no para defenderme, sino para dar luz al magistrado ponente [Luis Ramón Fábrega] sobre el acuerdo con Italia en materia de seguridad”.
Así reaccionó el hoy exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, luego de que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema suspendió provisionalmente el contrato que él suscribió en agosto de 2010 con Selex –filial de Finmeccanica– para comprar 19 radares por 125 millones de dólares.
En una entrevista concedida a La Prensa, Mulino aseguró que [este Gobierno] ha escudriñado sus cuentas bancarias y no ha encontrado absolutamente nada irregular. “A estas alturas, me han investigado hasta debajo de la lengua, todo lo mío es público y por eso me siento muy tranquilo”, sostuvo.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, investiga la ejecución del contrato de radares que incluye la revisión de adendas, anexos, especificaciones técnicas y actas de inspecciones a los equipos realizadas por el Servicio Nacional Aeronaval.
Mulino enfatizó en que “si alguien cometió un acto indebido o un delito [en los contratos con Finmeccanica]y se puede probar ante los tribunales, que se presenten tales pruebas y se detenga”.
Lo mismo debe ocurrir –agregó– en los procesos que se siguen en Italia, siempre y cuando hayan resultados. No obstante, consideró que en este tema existe una “ola de acusaciones formuladas con el deseo expreso de causar daños sin límites por vías de ataques políticos”.
El fallo –bajo la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega y el respaldo de sus colegas Abel Zamorano y Nelly Cedeño– señala que “existen graves indicios” de que la celebración del contrato de radares se dio con desviación de poder, una figura que fue invocada en la demanda de nulidad que presentó el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.
En otras palabras, los magistrados coincidieron en que “la desviación de poder se dio porque la intencionalidad del contratante era adjudicar aparentemente dicho contrato millonario a Selex directamente, para obtener beneficios económicos”.
CRÍTICAS
Mulino, por su parte, rechazó estos argumentos. “Si hubo desviación de poder, entonces ocurrió desde el primer momento en que Silvio Berlusconi llegó a Panamá y no fue de la mano mía”, sostuvo el exfuncionario.
A su vez, llamó la atención de que en los primeros 26 meses del gobierno de Ricardo Martinelli –en el que participó el hoy presidente Juan Carlos Varela– nadie denunció una sola irregularidad.
Recordó que fue Alejandro Garuz, por entonces viceministro de Seguridad, quien “coordinó todo lo inherente a las contrataciones con Finmeccanica, cosa que hizo hasta el 30 de junio de 2014”, por instrucciones directas de Martinelli.
Aunque para junio de 2014 Garuz no era viceministro –subrayó Mulino– seguía desde el Consejo de Seguridad coordinando la implementación de los contratos junto a su equipo técnico, ya que conocían los detalles de la ejecución contractual y tenían relación personal con ejecutivos y técnicos de las empresas italianas, incluso viajando a Italia varias veces a tratar esos asuntos.
¿COMISIONES?
Mulino también aseguró que “no tiene preocupación alguna” por las supuestas comisiones equivalentes a 10% del valor del memorándum de entendimiento –unos 25 millones de dólares– que recibiría la sociedad panameña Agafia Corp., vinculada con el reo italiano Valter Lavítola, quien fue el “artífice” de dicho memorándum.
“Ese era un negocio de los italianos con esa compañía. Los italianos tenían toda la liberalidad de disponer de su plata y pagar a su agente comisionista. Valter Lavítola no vino a Panamá a vender alfombras, vino de la mano de un presidente de un país”, acotó Mulino.
Cabe recordar que el primer funcionario panameño que aceptó la existencia de Agafia Corp., en relación con los contratos con Finmeccanica fue Garuz, que –en mayo de 2012– la identificó como “representante de Selex”. Por entonces, el exministro Mulino y firmante del contrato de los radares, aseguró a este diario, no saber nada al respecto.
Justamente el tema de Agafia Corp., también es mencionado en la demanda que interpuso el ministro Alemán y que se sustenta en resoluciones de la justicia italiana. “...Fue en Panamá donde se movía desde largo tiempo, teniendo casa y una relación con Karen De Gracia, donde Lavítola pudo obtener los encargos privados con Martinelli (promesa de coima); fue en Panamá, finalmente, que se constituyó la empresa Agafia, con el objetivo de canalizar la coima para Martinelli”, señala una resolución de la Fiscalía de Nápoles y cuyo extracto fue reproducido en el fallo.
Al respecto, Mulino insistió en que “no se ha pagado suma alguna ni directa ni indirectamente a ninguna de las empresas contratantes [filiales de Finmeccanica]”.
DOCUMENTO TÉCNICO
En medio de la entrevista, Mulino entregó un documento que redactó el 19 de septiembre de 2014 y que tituló “Aclarando Posiciones” en el que expone técnicamente hechos y circunstancias que rodearon la polémica contratación de los radares de Selex.
Recordó, por ejemplo, que cuando se materializaba el acuerdo con Italia, se reunió con fabricantes de radares en Francia y Estados Unidos con el propósito de impedir el ingreso de drogas por las costas panameñas.
Una vez entró el gobierno de Italia en escena –explicó Mulino en el documento– suspendió esos encuentros para implementar el memorando de entendimiento por ser una decisión del Gobierno y que “jamás fue cuestionada por ninguno de sus miembros, incluyendo al hoy oficialista partido Panameñista”.
“No es la idea de este documento técnico justificar nada ni a nadie. Está cincunscrito a los temas que han generado polémica en los últimos tiempos... Nada en esos contratos establece pago de suma alguna bajo la figura de comisiones, sobreprecios o similares...”, destaca el documento.
ARBITRAJE
Mulino consideró que lo más sensato en el conflicto con Selex era invocar la cláusula de “arbitraje” que establece el contrato ante el Centro de Conciliaciación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculatura de Panamá.
De hecho, en el documento que redactó hace 11 meses se refiere a este asunto. “Esta cláusula es positiva ya que inhibe, en principio, a que se someta a otro foro el conocimiento de controversias... Por ello, anunciar suspensiones luego de un Gabinete, mencionar la posibilidad de acciones legales basados en supuestos que no han sido determinados ni denunciados como incumplimientos de manera formal y sujetos a los contratos pueden acarrear consecuencias negativas cuando realmente se invoquen de la manera correcta ante el foro con competencia...”, dice el documento.
El tema del “arbitraje” también fue analizado por los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. De manera unánime, coincidieron en que aunque el contrato de radares tiene una cláusula de arbitraje –como argumentó Mulino–, esta especifica que el mismo se dará en caso de existir conflictos o controversias entre las partes sobre la interpretación unilateral o modificación del contrato.
Igualmente dejaron claro que “la competencia de la Sala Tercera es para pronunciarse sobre la nulidad o no del contrato, por ser contrario a la ley o no. “La nulidad de los contratos administrativos puede producirse ya sea por irregularidades externas como por irregularidades internas que afecten los mismos”, agrega el fallo.
AFECTACIONES
Los magistrados también concluyeron que “se encuentran acreditados los graves perjuicios que resultarían [para Panamá] la no suspensión de este contrato”, debido a la existencia de un pago pendiente a Selex de 51 millones de dólares.
Sobre este punto, Mulino reafirmó que el contrato de radares establece, entre otras cosas, que “Selex será responsable por daños y perjuicios que por dolo o negligencia y con motivo del suministro, instalación y servicios relacionados con este contrato, cause al Estado o a terceros hasta el monto total del mismo”.
“Demostrado el dolo o la negligencia, el contrato ya prevé un monto de indemnización”, sostuvo el exministro de Seguridad, al tiempo que expresó que al Citibank se le paga hasta donde llegó Selex respecto del suministro e instalación de los radares, si éste hubiere sido el caso que no lo fue”.
Por su parte, el actual ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, se desvinculó de las supuestas investigaciones a cuentas bancarias del exministro Mulino.
“Mi trabajo es combatir la delincuencia y devolverle la paz a los panameños. Las cuentas deben escudriñarlas el Contralor General, los fiscales y el fiscal de Cuentas”, matizó Aguilera.
El ministro reafirmó que presentarán acciones de nulidad de los otros dos contratos: mapa cartográfico y seis helicópteros que fueron suscritos entre el gobierno de Martinelli y la empresas Telespazio y Agusta Westland, respectivamente.
Fiscalía investiga contrato con Selex
La Fiscalía Tercera
Anticorrupción ordenó una auditoría forense a la ejecución del contrato firmado entre el Estado y la empresa Selex, filial de la italiana Finmeccanica, para el suministro de 19 radares, a un costo de $125 millones. La auditoría solicitada por la fiscal Zuleyka Moore es parte de las pesquisas que adelanta su despacho en un proceso relacionado con la millonaria compra de equipos de seguridad, pactada durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
Moore inició la investigación, luego de que el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, remitiera al Ministerio Público (MP) documentos confidenciales y el contrato alcanzado con Selex. Aguilera además aportó adendas, anexos, especificaciones técnicas, actas de inspecciones hechas a los radares por parte del Servicio Nacional Aeronaval y una auditoría de los equipos hecha por su despacho.
En ese entonces, el ministro pidió al MP determinar la posible existencia de sobreprecios, corrupción y si los radares eran útiles para los fines que fueron adquiridos. Sin embargo, meses antes, el presidente Juan Carlos Varela había revelado que los radares que ya fueron instalados no detectan el paso de lanchas rápidas, las cuales son usadas por los narcotraficantes para transportar la droga.
El proyecto de los radares en un inicio estuvo en manos del Consejo de Seguridad Nacional y bajo la coordinación del entonces director de ese organismo Alejandro Garuz, consuegro de Martinelli. Hoy, Garuz se encuentra detenido en el centro penitenciario El Renacer, mientras se le investiga por pinchazos telefónicos. La semana pasada, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia suspendió, provisionalmente, el acuerdo suscrito entre el Estado panameño y Selex.
