309 personas asesinadas entre el 19 de abril y el 2 de julio en medio de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, y más de mil 300 heridos y 500 detenciones arbitrarias hasta el 6 de junio. Las cifras, que hablan de represión y castigo a ciudadanos que disienten, muestran la realidad que vive desde hace casi tres meses la República de Nicaragua.
La situación, que ha sido objeto de al menos cuatro pronunciamientos del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y una Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua por parte de la Asamblea General, en los que se llama al Estado a cesar la violencia y se pide a todos los actores un diálogo político, no hace más que agravarse.
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Agresiones a obispos y sacerdotes de la Iglesia católica por parte de turbas el lunes 9 de julio, y al menos 20 personas fallecidas el pasado fin de semana, de acuerdo con un pronunciamiento emitido ayer, 10 de julio, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son los ejemplos más recientes de la violencia que azota el país.
"Exhortamos al Estado a que se abstenga de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a actores que defienden los derechos humanos y otros que integran el proceso de Diálogo Nacional. Esta estigmatización puede incentivar la violencia en contra de las personas en razón de sus opiniones. (...) El Estado de Nicaragua debe ofrecer el listado de todas las personas fallecidas y heridas en estos operativos y realizar de forma inmediata, expedita y debida, una investigación de los responsables por estos hechos", señala la declaración.
Por ello, este miércoles 11 de julio, el Consejo Permanente de la OEA evaluará la situación “actualizada de los derechos humanos” en Nicaragua, así como las actividades que lleva adelante la CIDH en esa nación, la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes y a las medidas de protección otorgadas, y la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que coadyuvará en las investigaciones de los hechos.
'Esto es un tema de derechos humanos'
En medio de este escenario, Xiskya Valladares, una religiosa que es doctora en comunicación, ha asumido la misión de darle voz a los nicaragüenses que están en las calles y que sienten que los países de la región hacen la vista a un lado frente a lo que viene sucediendo desde que Ortega volvió al poder y, especialmente, ante los homicidios que vienen cometiendo grupos afectos al gobierno.
“Creo que el pueblo se ha cansado de vivir una dictadura, Daniel Ortega lleva ya 22 años en el poder, no consecutivos, pero son demasiados”, manifiesta la religiosa, aunque aclara que lo que vive hoy su país no es un tema político, sino de derechos humanos, y que esa es la razón por la que ella -siguiendo el ejemplo de la jerarquía de la Iglesia católica- trata de llevarle al pueblo el mensaje de que no respondan a la violencia del gobierno con violencia cuando salen a las calles a ejercer su derecho a la protesta pacífica.
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Valladares advierte de que se está violando todo tipo de derechos: a la vida, a la libertad, a la libertad de expresión, y citó como ejemplo que en el marco de las protestas paramilitares quemaron la emisora Radio Darío, de León, y mantuvieron silenciado el canal de 100% Noticias, que es uno de los dos que no pertenecen a la familia de Ortega y que, por tanto, son los únicos que muestran lo que está sucediendo. Además, asegura que la gente no olvida que "quemaron viva a una familia entera hace tres semanas porque no les dejaron subir los francotiradores al tercer piso de su casa". "La única sobreviviente, porque saltó por instinto de supervivencia del balcón, [está] amenazada por decir cómo fue la realidad, porque ellos dan otra versión de los hechos", remarcó.
El detonante
El detonante de la crisis actual fue el cambio que pretendía hacer el gobierno a la ley de la seguridad social, a principios del mes de abril, que aumentaba la cotización para los empresarios y disminuía la pensión para los jubilados en 5% a 10%. El 22 de abril, tras cuatro días de violentas protestas, Ortega revocó la reforma.
Para Valladares, la crisis se desató porque Ortega no estaba acostumbrado a ver protestas ciudadanas, ya que controlaba a la gente que trabaja para el gobierno y, a través de leyes, durante su pasada gestión arrasó con los grupos políticos opositores que habían logrado tener un peso específico en la sociedad.
Erika Guevara Rosas
Directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Tengamos en cuenta que hasta ese momento [19 de abril] todas las manifestaciones que se habían hecho en el gobierno de Ortega eran para celebrar victorias suyas, todas eran del Frente Sandinista [de Liberación Nacional], casi todos obligados, y esto lo digo con mucho conocimiento de causa. Para poder trabajar para el gobierno era obligado tener el carnet de pertenencia al partido y para poder mantenerse en ese puesto de trabajo era obligado ir a las manifestaciones. Esto daba una apariencia de que el pueblo apoyaba al gobierno y no es verdad, la realidad es que era una manera de sobrevivencia, de poder vivir”, advirtió.
Y dispararon, y mataron e hirieron personas, agregó Valladares, quien destacó que desde ese momento la gente se unió de forma espontánea y empezó a decir ¡basta ya!, “que se vaya”, “esto es una dictadura”. “Es la primera vez que hay libertad a la hora de expresarse, no había libertad de expresión, las manifestaciones eran obligatorias, la gente tenía miedo y el miedo se acabó”.
¿Cómo hay que leer estas declaraciones de Edén Pastora en el canal 6, oficialista? https://t.co/JGaLBRiVor
Valladares denunció que existe una campaña de desprestigio del gobierno contra la protesta pacífica, para lo cual difunden fake news. No obstante, dice, les salen mal porque con los nuevos medios mucha gente está haciendo fotos y grabando videos y se puede constatar la verdad.
La religiosa destacó la campaña sucia que existe en las redes sociales, desde donde algunas personas señalan que quieren la paz pero con un lenguaje violento, mientras que otras hablan con un tono de adoración hacia Daniel Ortega. Frente a lo que estaba mirando, decidió hacer un seguimiento de los tuits, apoyada en aplicaciones (apps) creadas para rastrear el origen de los hashtag. Así, relata, descubrió que más del 70% de los tuits que apoyan al gobierno proviene de Venezuela, y 10% más o menos, de Rusia. “Está claro que es una campaña, que hay una fábrica de trolls pagados”, afirmó.
Por el otro lado, indicó, los hashtag y los tuits de quienes están reivindicando su protesta social, su libertad, el deseo de democracia, de elecciones adelantadas, de que se vaya Ortega, en su gran mayoría proviene de Nicaragua, algunos de Estados Unidos y unos pocos de Europa.
¿No tiene temor de que le suceda algo?
La verdad estoy en manos de Dios porque sí que me insultan, me han dicho que tendría que estar en la cárcel. Ahora, yo creo que nos quieren atemorizar, que lo que quieren es meternos miedo para que no hablemos, pero es fundamental el hablar, y ahora mismo yo creo que la presión internacional juega un papel muy importante. Hay un silencio [en los países vecinos] que no se comprende, que el pueblo de Nicaragua no comprende. En cambio, en Costa Rica, por ejemplo, los diputados hicieron un pronunciamiento desde muy al inicio en favor de la lucha por la democracia y por la libertad.
Un mensaje a la comunidad internacional
El mensaje principal es que apoyen al pueblo para que se consiga un adelanto de las elecciones y una solución pacífica. A Daniel Ortega hay que presionarlo con lo económico.
Al pueblo internacional, a los ciudadanos, a mí me gustaría pedirles que apoyaran difundiendo lo que pasa, porque en las redes se está contando a cada minuto, y si son creyentes también pues yo creo en los milagros y pido muchas oraciones para que esto llegue a una solución pacífica. No queremos más derramamiento de sangre, ya son más de 300 muertos en 70 días y no queremos otra guerra civil, todavía está fresca. Tenemos muchos deseos de conseguir la paz, la democracia y la libertad.
Un informe de la CIDH, del 21 de junio de 2018, concluyó que la represión a las protestas ejercida por el gobierno de Ortega ha ocasionado una grave crisis de derechos humanos, y que se constató un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados.
El organismo también señala que el Estado ha violado los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad personal, de reunión, de expresión y de acceso a la justicia. “Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.
