El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió este viernes 13 de julio de 2018, de forma extraordinaria, a solicitud de cinco Estados miembros, para analizar la situación de Nicaragua, a raíz del agravamiento de los hechos de violencia que se suscitan desde el pasado 18 de abril.
Se trata de la segunda reunión del Consejo Permanente en una semana -la anterior tuvo lugar el pasado miércoles-, aunque a diferencia de la primera, en esta ocasión Nicaragua objetó su convocatoria y pidió que así constara en el acta de la sesión. Además, cuestionó el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), atribuyéndole falta de objetividad en sus conclusiones e, incluso, la posibilidad de que esté siendo objeto de manipulación de sectores que adversan al gobierno.
"No se justifica la pretensión de querer reeditar la sesión anterior y hacer caso omiso de los hechos cometidos por los grupos terroristas ", dijo el embajador de Nicaragua ante el organismo, Luis Alvarado, quien también lamentó que se "pretenda convertir en monotemáticas las sesiones del Consejo Permanente sobre el tema de Nicaragua como si no pasaran cosas en otros sitios".
A pesar de las objeciones de Nicaragua -que fueron apoyadas por Venezuela y Bolivia- la agenda del día fue aprobada y la discusión tuvo lugar.
Existió consenso en la sala sobre la necesidad de que el Estado nicaragüense cese la represión, frene las acciones de grupos parapoliciales y provea la lista completa de muertos y heridos a los organismos internacionales que están en el país, no obstante, al final la presidenta del Consejo dispuso que solo se tomaría nota de las consideraciones emitidas por los países. Una resolución presentada por Argentina en nombre de los países que convocaron esta sesión extraordinaria fue leída, pero como no formaba parte de la agenda aprobada se dejó su discusión para una próxima sesión.
La reunión tuvo lugar el mismo día en que se desarrollaba un paro general en rechazo al gobierno.
La jornada y las posturas
La delegación de Nicaragua solicitó presentar un video que comienza con la imagen de un supuesto militante que ha sido fuertemente golpeado; luego, una mujer vendada y amarrada a la que amenazan con linchar; testimonios de personas que dicen estar opuestas a las protestas y barricadas, y acciones violentas, incluidos disparos contra la población, que atribuyen a grupos delincuenciales y terroristas.
Según el diario La Prensa de Nicaragua, en el video se mostraron transmisiones de Canal 4, perteneciente a la familia Ortega -que es dueña de varias cadenas televisivas-, donde califican a los manifestantes como “delincuentes de derecha” y que, de acuerdo con diversas fuentes, mientras los hechos noticiosos adversos al gobierno se desarrollan transmiten contenidos ajenos a esa realidad.
Venezuela y Bolivia -como ha sucedido en reuniones similares cuando se ha abordado la crisis de Venezuela- cerraron filas con el gobierno de Daniel Ortega.
Sara Lambertini, funcionaria de la delegación de Venezuela, calificó el hecho como un linchamiento político y como un intento de intervenir en los asuntos internos de una nación. Una reunión convocada sin el consentimiento de Nicaragua, agregó la representante, se convierte en un mecanismo de desestabilización. Si violamos la soberanía no estamos promoviendo la paz, agregó. También, de forma retórica preguntó ¿Qué pudo haber cambiado en 48 horas? ¿Qué situación urgente ha aparecido?, como para convocar a la reunión.
Chile destacó que la grave situación del país es la que los obliga a reunirse por segunda vez, y que el material gráfico mostrado por Nicaragua en esta sesión dejó en evidencia la violencia desatada que obliga al Consejo Permanente a actuar. Belice, por su parte, recordó el comunicado emitido por los jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) el pasado 30 de junio, que apelaba al diálogo y la concertación como forma de lograr la paz.
Andres González Díaz
Embajador de Colombia ante la OEA
Guatemala se expresó en términos similares y leyó un nuevo comunicado del SICA emitido este viernes, en el que se exhorta a alcanzar una solución pacífica por la vía institucional. Además se pide al gobierno de Nicaragua no tolerar la participación de grupos civiles armados.
Bolivia destacó que hay tres instancias del sistema trabajando en el terreno en este momento y que es necesario darles tiempo para que alcancen los resultados esperados. "La sesión no contribuye a la buena fe", dijo el vocero, al tiempo que pidió respeto a la institucionalidad y la Constitución y las leyes de Nicaragua.
México dijo que el Consejo no puede ignorar la compleja situación de violencia que ha cobrado ya demasiadas víctimas. Señaló que le preocupa el rechazo al informe de la CIDH, advirtiendo que los esfuerzos de pacificación no han logrado resultados. Exhortó al gobierno de Daniel Ortega a poner fin a la violencia contra jóvenes, defensores de derechos humanos y periodistas, así como a respetar la libertad de expresión e información.
Colombia defendió la validez e importancia de la sesión, de contribuir con la cero impunidad y más justicia. Dijo que es necesario encontrar la forma de contener el uso excesivo de la fuerza, impedir que grupos de terceros ataquen a la población civil, garantizar que se logre la atención y el debido proceso a los privados de libertad y que se conozca su paradero. Además pidió no caer en la estigmatización de la protesta y la oposición con el ánimo de buscar una solución.
Panamá apeló al diálogo e hizo un llamado respetuoso al cese de la violencia y la represión.
En términos similares se expresaron las delegaciones de Brasil, Costa Rica y Paraguay. República Dominicana, por su parte, reiteró que tal cual se ha expresado en ocasiones similares, solo el diálogo entre los diferentes actores permitirá una solución para el pueblo de Nicaragua.
Al expresar su postura, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que la línea que separa al poder de la arbitrariedad es vulnerable y por eso se debe garantizar el principio de separación de poderes en la democracia. "Por eso intentamos crear un sistema internacional que obligue a los Estados a rendir cuentas por los fracasos en su deber de protección de las libertades fundamentales", añadió.
Es absolutamente imperativo que el Estado deje la senda del enfrentamiento y resuelva la situación dentro del estado de Derecho.
También renovó su apoyo al informe de la CIDH. "Nicaragua es víctima de represión y violencia. Existe una clara responsabilidad del Estado por la represión y la muerte causada por policías y paramilitares afines a este. El Estado está para proteger derechos de toda la gente y no para avasallarlos".
Nuestra propuesta d elecciones y fortalecimiento democrático sigue siendo el camino a la paz. Justicia es el instrumento esencial xa sustentabilidad d la paz. #Nicaragua no precisa ni vencidos ni vencedores, ni tampoco necesita un arma en sus manos, necesita democracia xa tod@s pic.twitter.com/iTssIYLw44
"Son necesarios los siguientes pasos: una negociación que permita soluciones políticas para el país, soluciones políticas por las cuales se ha expresado la ciudadanía: democracia, derechos humanos, elecciones. Y a partir de esa negociación, que sea siempre en espíritu de negociación, el levantamiento pacífico de tranques y desocupación de las universidades (...)", remarcó Almagro.
El último en tomar la palabra fue el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, quien reiteró que su país no convocó este Consejo Permanente; y que esperan que en algún momento la OEA denuncie y condene los actos terroristas que se están dando en el país, poniendo en peligro la estabilidad, la paz y la seguridad.
#Nicaragua esta sufriendo el embate de grupos terroristas internos y externos que estan confabulados para romper el orden constitucional y dar un golpe de estado.Cambiar un gobierno legal como el del Presidente Ortega no será la vía para estos grupos Desestabilizadores.
Moncada aseguró que en la medida en que se vaya investigando se verá que muchos de los hechos son producto de grupos criminales. Al mismo tiempo, lamentó que la CIDH haya hecho un informe "carente de objetividad" y afirmó que la organización podría ser objeto de "manipulación de sectores interesados" que han hecho que acuse a su gobierno de hechos que no ha cometido.
Solicitamos a la OEA y al Consejo Permanente -dijo el canciller- que analice su actuación con relación a Nicaragua. Alegó que su país no puede ser objeto de reuniones persistentes, en alusión a los principios sobre los que descansa esta organización multilateral, ya que se estaría violentando aspectos como el derecho a la no injerencia en asuntos internos de los Estados.
