El pleno de la Corte Suprema de Justicia abrió ayer una cuarta investigación penal al expresidente de la República Ricardo Martinelli.
Se trata del expediente por supuestas irregularidades en la compra de granos (frijoles, arroz y lentejas) en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El magistrado José Ayú Prado -nombrado por Martinelli- será el fiscal encargado de investigar este caso.
Además de este proceso, el expresidente es investigado por la compra de comida deshidratada, los pinchazos telefónicos y por otorgar 353 indultos antes de concluir su mandato.
COMPRA DE GRANOS
El expresidente de la República y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Ricardo Martinelli será investigado por supuestas irregularidades en la compra de granos (frijoles, arroz y lentejas) a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La admisión de la nueva investigación a Martinelli se dio ayer en la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informaron fuentes del Órgano Judicial.
De igual forma, el pleno resolvió acumular dos querellas presentadas por la ahora diputada Zulay Rodríguez en 2011 y el dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens en 2012, con el expediente en el que se investiga a Martinelli por los pinchazos telefónicos.
Además, los magistrados discutieron las cuatro demandas de inconstitucionalidad contra cinco artículos de la Ley 55 de 2012 (ley blindaje), que otorga privilegios a los diputados investigados en procesos penales.
CUARTO PROCESO
El expediente contra Martinelli por las irregularidades en la compra de granos a través del PAN fue enviado a la CSJ por la Fiscalía Primera Anticorrupción, en copias autenticadas.
En ese expediente, el exjefe del PAN Rafael Guardia Jaén dijo en su declaración indagatoria que Martinelli daba instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas para efectuar traslados de partidas cuando no había fondos para los contratos de los granos.
La CSJ es la competente para investigar a los diputados y por tal motivo la fiscalía le envió el expediente el 5 de marzo pasado. El magistrado José Ayú Prado asumió la ponencia del expediente el 6 de marzo. Luego de cinco meses, el pleno decidió ayer admitir la investigación.
Las fuentes precisaron que Ayú Prado será el magistrado fiscal, mientras que su colega Jerónimo Mejía será el juez de garantías.
La admisión de la investigación se hará oficial una vez la resolución sea firmada por los nueve magistrados.
Además del caso de granos en el PAN, el exmandatario es investigado por supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada a través del PAN, por los pinchazos telefónicos y por otorgar 353 indultos antes de dejar la Presidencia.
ACUMULAN QUERELLAS EN CASO PINCHAZOS
En tanto, las dos querellas presentadas por Rodríguez y Doens en los años 2011 y 2012 fueron enviadas a la CSJ, porque en ambos casos se acusó directamente a Martinelli por las intervenciones telefónicas.
En el caso de Rodríguez, la acusación se dio el 24 de noviembre de 2011, luego de que se divulgara en redes sociales una conversación telefónica con su esposo, Álvaro Testa.
Mientras, Doens interpuso la querella el 27 de febrero de 2012, después de que se divulgó una conversación telefónica con Luis Ernesto Carles, actual ministro de Trabajo.
Tanto Doens como Rodríguez acusaron a Martinelli en el Ministerio Público por ser responsable del Consejo de Seguridad Nacional.
Para esa fecha, el entonces procurador de la Nación, José Ayú Prado, envió ambas querellas a la Asamblea Nacional por ser la competente para investigar al presidente Martinelli.
La Asamblea envió a la CSJ las querellas de Doens y Rodríguez el 15 de enero pasado. Ambas acciones fueron asignadas al magistrado Abel Zamorano y estaban en un solo expediente.
Ayer, el pleno de la CSJ decidió que esas dos querellas deben ser acumuladas con el expediente que tramita Harry Díaz, como magistrado fiscal, por los pinchazos telefónicos que se dieron en el gobierno anterior y que afectaron a 150 personas. Díaz seguirá como fiscal de ese caso y Mejía como juez de garantías.
Ahora, con esta acumulación, Martinelli tiene 11 expedientes en la CSJ.
FECHA PARA CASO FP y COBRANZAS
En un comunicado de prensa, el Órgano Judicial informó que los magistrados también acordaron ayer discutir el próximo 23 de septiembre, en pleno extraordinario, el proyecto de fallo elaborado por el magistrado Hernán De León respecto al expediente administrativo cuyas copias fueron enviadas a la CSJ el 29 de junio pasado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por supuestas irregularidades en cuatro cuentas de la casa de valores Financial Pacific (FP).
En una sesión celebrada el 9 de este mes, el pleno solicitó al magistrado De León, ponente del caso, que cambiara el proyecto de fallo que presentó inicialmente, en el que decidía no admitir la investigación a Martinelli por las cuentas de FP. La admisión está pendiente de hacerse oficial.
Además, el pleno acordó ayer agendar –también para el 23 de este mes– la revisión de las copias remitidas el 17 de agosto pasado por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, en las que también se vincula a Martinelli con el escándalo de Cobranzas del Istmo, encargada del cobro de la morosidad de impuestos del Estado.
En esta investigación, Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, aseguró a la fiscalía que entregó dinero en efectivo a Martinelli, como parte de las comisiones por el cobro de impuestos morosos.
NUEVA ACUMULACIÓN
Por tercera ocasión, el pleno de la CSJ discutió ayer las cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la ley blindaje y decidió hacer una nueva acumulación de los expedientes.
El pasado 13 de agosto, los magistrados decidieron que las cuatro demandas debían ser acumuladas en un solo expediente y que el ponente debía ser el magistrado Hernán De León.
Esta decisión se dio cuando solo faltaba la firma del magistrado Jerónimo Mejía para que se hiciese oficial un fallo que resolvía dos de las demandas que fueron presentadas en el año 2013 por el entonces candidato a diputado del Partido Popular Carlos Rubio. Ese fallo declaraba inconstitucional el último párrafo del artículo 491-A del Código Procesal Penal. El magistrado De León era el ponente.
Una tercera demanda fue interpuesta el 3 de marzo pasado por el abogado Silvio Quiñónez contra los artículos 488, 489, 491 y 491-A de la norma, incluidos en el Código Procesal Penal.
Y la otra demanda fue presentada el 2 de julio pasado por el magistrado de la CSJ Oydén Ortega –en funciones de fiscal de la investigación a Martinelli por la comida deshidratada– contra todo el artículo 491-A. Las dos últimas demandas tenían como ponente a la magistrada suplente Gisela Agurto.
La acumulación de los cuatro recursos estaba pendiente de hacerse oficial, por medio de una resolución. Sin embargo, De León llevó el caso al pleno de ayer al argumentar que la demanda de Quiñónez no debía acumularse, porque incluía cinco artículos de la ley blindaje.
El pleno aceptó la propuesta y se decidió acumular tres de las demandas bajo la ponencia de De León. Mientras que la demanda de Quiñónez tendrá como ponente a la magistrada Agurto.
Gálvez y García serán investigados
Los diputados del partido Cambio Democrático Sergio Chello Gálvez y Vidal García también serán investigados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestas irregularidades en la compra de granos con dineros del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Así lo decidió el pleno de la CSJ, ayer. Este expediente de los diputados Gálvez y García fue enviado por la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, al mismo tiempo que el caso que se le sigue a Ricardo Martinelli por estos hechos. La ponencia igualmente se le asignó al magistrado José Ayú Prado el 6 de marzo. En la sesión ordinaria de ayer, los nueve magistrados decidieron que las investigaciones a Gálvez y Vidal debían hacerse por separado, porque la situación jurídica de ambos era diferente.
De esta manera, el magistrado Ayú Prado será el fiscal de las dos investigaciones. En el expediente de Gálvez, el magistrado Jerónimo Mejía será el juez de garantías. Mientras que en el expediente del diputado García, el magistrado Harry Díaz será el juez de garantías.
Chello Gálvez, actual diputado del circuito 8-7, fue presidente de la Asamblea Nacional en los dos últimos años de gobierno de Martinelli. En tanto, García es diputado del circuito 8-9. Las investigaciones que sigue la CSJ contra los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, se rigen bajo el sistema penal acusatorio.
