Panamá demanda contrato de radares

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, aseguró ayer que se determinó que hubo “desviación de poder” en la contratación con el conglomerado Finmeccanica.

Sus declaraciones se dieron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, a donde se presentó a interponer una demanda de nulidad del contrato de los radares por $125 millones.

La existencia dentro del precio acordado de una comisión oculta de $25 millones para la empresa Agafia Corp. es una de las pruebas más contundentes que alega Panamá como causal de ilegalidad.

El contrato se celebró con la empresa Selex, filial de Finmeccanica.

El gobierno anterior, sin que mediara licitación ni acto público, suscribió tres contratos con subsidiarias del conglomerado italiano por cerca de $250 millones. Los contratos, que firmó el entonces Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, nunca fueron publicados en la Gaceta Oficial.

“Nos hemos encontrado con una empresa de nombre Agafia Corp. que estaba cobrando una comisión de $25 millones cuando no hay evidencia de que esa sociedad haya realizado gestión alguna que amerite un pago por una cantidad tan exorbitante”, indicó el Ministro de la Presidencia.

La existencia de dicha “comisión” fue detectada por fiscales italianos, quienes sostienen que Agafia no era más que una pantalla que escondía un soborno que conducía directamente al expresidente Ricardo Martinelli y a su colaborador Valter Lavítola.

Alemán hizo énfasis en que la nulidad se fundamenta en la causal de desviación de poder contemplada en la legislación panameña. La misma se sustenta en pruebas obtenidas tanto en Panamá como en Italia.

Agafia Corp. fue creada por Valter Lavítola -preso en Italia por varios delitos de corrupción- para presuntamente desviar dineros de los contratos que suscribió Panamá para la compra de los 19 radares, 6 helicópteros y 1 mapa digital. La presidenta de la sociedad es Karen de Gracia, su compañera sentimental.Una resolución del Consejo de Gabinete del 28 de julio pasado autorizó a Alemán a presentar la demanda en representación del Estado panameño.La firma de abogados Tapia, Linares y Alfaro estará representando al Estado en este caso.

Octavio del Moral, de la citada firma de abogados, explicó que se presentó un número considerable de pruebas. También informó que aportaron las sentencias condenatorias y documentos judiciales de tribunales italianos donde constan pruebas de actos de corrupción internacional relacionados con los contratos.

Anunció que próximamente se interpondrán demandas contra los otros dos contratos que suscribió Panamá con Finmeccanica para la compra de los helicópteros y el mapa digital, adquiridos de la misma forma.

Como parte de la demanda se pide la suspensión provisional del contrato mientras la Sala Tercera decide si se anula el mismo.

“Es una lucha que puede ser larga, que se inicia luego de un año de haber tratado de encontrar una salida amigable y diplomática con la empresa italiana involucrada en estos actos”, dijo del Moral.

Ni Alemán ni del Moral ofrecieron copia de la demanda presentada.

Alemán reconoció que el contrato de los radares tiene una cláusula de arbitraje, pero que, ante las evidencias encontradas, correspondía demandar su existencia misma.

La desviación de poder es el vicio de un acto que resulta de utilizar funciones públicas para fines distintos de los que establecía la ley pero amparándose en la apariencia de legalidad.

En el mes de junio pasado, el Ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera comunicó a Finmeccanica que debía llevarse los radares y devolver el dinero.

Los radares, alega Panamá, no tienen capacidad para detectar lanchas rápidas. Selex propuso adicionar el uso de drones (aviones no tripulados) como complemento al sistema de radares, pero el ministro de Seguridad Aguilera no aceptó la propuesta.