Panamá no ha dado respuesta a una asistencia judicial que en marzo pasado le presentó Brasil para investigar actividades de la empresa Norberto Odebrecht en el istmo.
Así lo informaron fuentes cercanas a la investigación en el país sureño. Esto, pese a que Panamá figura como pieza clave en la trama orquestada por el gigante de la construcción para supuestamente ocultar y lavar millones de dólares.
Miembros de distintos sectores de la sociedad en Panamá piden al Ministerio Público investigar a profundidad el tema.
La procuradora Kenia Porcell señaló que recopilan la información requerida por Brasil.
Detalló que su despacho cumplirá con la solicitud y que, en las próximas semanas, se enviará la documentación.
SOBORNO
Arrestos, complejas investigaciones, auditorías, millonarias cuentas confiscadas. Todo eso ha ocurrido en Brasil, y otros países salpicados por el escándalo de corrupción que arrastra a la constructora Odebrecht, investigada por soborno.
En Panamá, país clave de la trama de corrupción que envuelve al gigante de la construcción, el tema es casi ignorado tanto por las autoridades judiciales como por el Ejecutivo.
Prueba de ello es que el expediente 463-15 que adelanta la Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, a raíz de una nota denuncia presentada el 17 de marzo pasado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que puso en conocimiento una publicación de un diario brasileño que reveló que la Fiscalía Antimafia de Italia inició pesquisas contra Odebrecht por supuestos actos de corrupción en la línea 1 del Metro de Panamá, ha tenido pocos avances.
Información a la que tuvo acceso este medio, da cuenta que el caso se asignó a la Fiscalía Anticorrupción de turno, el 25 de mayo pasado, más de dos meses después de que se solicitara la investigación.
El 11 de junio pasado, la Fiscalía Primera Anticorrupción asignó el expediente a la Fiscalía Novena, la cual el 23 de junio declinó la competencia del caso argumentando que el monto de una posible lesión patrimonial, en este proceso, supera el millón de dólares. Es así como el 6 de julio de este año, el proceso termina en manos de las Fiscalía Sexta Anticorrupción.
Consultada sobre el tema, la procuradora Kenia Porcell manifestó que ese expediente en este momento se encuentra “cumpliendo diligencias en una de las fiscalías Anticorrupción”.
LA ASISTENCIA JUDICIAL
Suerte parecida ha tenido la asistencia judicial solicitada por las autoridades brasileñas para que el Ministerio Público (MP) panameño le diera pistas sobre actividades de la empresa en Panamá. Desde Brasil se ha informado que hasta el momento no se ha tenido colaboración del istmo en ese tema.
Porcell dijo ayer que falta por recopilar parte de la información requerida por las autoridades de ese país. Detalló que su despacho cumplirá con la solicitud y que en las próximas semanas se estará enviando la documentación solicitada.
La petición del país sureño se hizo en marzo pasado, un mes después [12 de febrero de 2015] de que se diera a conocer públicamente que Odebrecht, que ya era investigada por pagar millonarios sobornos para quedarse con jugosos contratos, era parte de uno de los tres consorcios interesados en construir la línea 2 del Metro, obra que tiene un costo de mil 857 millones de dólares.
Es decir, las autoridades locales conocían desde marzo pasado que la trama de corrupción por la que se investigaba a Odebrecht, se extendía hasta Panamá. Por esos días, el país se preparaba para acoger a la Cumbre de las Américas [del 8 al 11 de abril], y sus foros paralelos. En el foro empresarial, quizá el más importante de la cita hemisférica, participó como orador Marcelo Odebrecht.
Pero en medio del escándalo, y con los focos de las autoridades brasileñas puestas en el istmo, el 14 de mayo de este año una comisión evaluadora otorgó el contrato para construir la línea 2 del Metro al consorcio Odebrecht-FCC Construcciones, uno de los proyectos insignia de la administración de Juan Carlos Varela.
En el sofisticado esquema de supuesto lavado de activos que tejió la compañía brasileña, que en el país ha logrado negocios por $9 mil millones, una sociedad constituida en Panamá fue destinataria de más de $47 millones, en una cuenta de Credicorp Bank. Se trata de Constructora Internacional del Sur, empresa que cambió de agente residente a finales de julio de 2009, semanas después de que tomara posesión el presidente Ricardo Martinelli.
La compañía fue disuelta en agosto de 2014, en medio de las primeras operaciones de Lava Jato, pesquisas que tienen tras las rejas a Marcelo Odebrecht, presidente de la todopoderosa compañía.
ABRIR INVESTIGACIÓN
Que Panamá aparezca como la plataforma usada por Odebrecht para ocultar y lavar dinero durante los últimos 10 años, causó múltiples reacciones ayer por parte de distintos actores de la sociedad.
La mayoría cuestionó el actuar del MP y demandan más agilidad de las autoridades. Incluso, piden que se envíen fiscales a Brasil y se coopere con las autoridades de ese país para esclarecer lo ocurrido con Odebrecht en Panamá.
Para Ramón Ricardo Arias, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el tema no ha sido tomado con “seriedad”. “Se están escuchando y leyendo noticias de que varios países están cooperando con los fiscales brasileños, y yo veo mucha pasividad de los fiscales panameños. No creo que sea lo correcto, sobre todo cuando parte de esos delitos se está alegando que se cometieron en Panamá”, agregó.
“Pedimos que se abran investigaciones, que se viaje a Brasil para saber la información que se maneja allá y que se coopere con la fiscalía brasileña”, añadió.
Quien también aboga por una investigación es Annette Planells, del Movimiento Independiente. A su juicio, debe ser “lo más pronto posible”. Expresó que “el país está pidiendo que nos saquen de listas grises a nivel internacional, por lo que debemos ser enérgicos en el combate local al lavado de dinero”.
Opinión parecida emitió el exembajador de Panamá en Estados Unidos Eloy Alfaro. Manifiesta que el escándalo de corrupción que vincula al presidente de Odebrecht en Brasil y las investigaciones que al respecto adelantan las autoridades de dicho país, “justifican que las autoridades panameñas lleven a cabo investigaciones en Panamá para descartar cualquier existencia en actos de corrupción relacionados con los contratos celebrados o por celebrarse entre la empresa y la República de Panamá”.
Agregó que “la falta de una investigación exhaustiva en Panamá tendría como consecuencia que continúen haciéndose especulaciones al respecto”.
FRENO DE PROYECTO
En ese sentido, y llevando el tema más allá, el arquitecto Ricardo J. Bermúdez advierte de que es “incomprensible” que a pesar de las acusaciones formales y arrestos por corrupción a los más altos niveles de la directivas de la constructora mencionada, el Gobierno insista en pactar con la citada compañía para llevar a cabo la línea 2 del Metro y el plan de Renovación Urbana de la provincia de Colón.
Explicó que existe un “desgano de las autoridades locales por indagar a fondo sobre todo lo actuado por ellos en nuestro país”, por ello, apeló para que el contralor Federico Humbert juegue un papel “histórico y frene este desatino para el bien de todos”.
Mientras que el excontralor José Chen Barría manifiesta que de ser ciertas las declaraciones de los fiscales brasileños sería “inmoral, inoportuno, injustificable y políticamente arriesgado que el Gobierno Nacional firme los dos contratos con Odebrecht [línea 2 del Metro y Renovación Urbana de Colón]. Agregó que sería un mensaje incorrecto para el país en su lucha contra la corrupción y lavado de dinero”, explica.
DEFIENDEN BANCA
No obstante, representantes de la banca panameña desaprueban las declaraciones de los fiscales brasileños. Belisario Castillo, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, manifestó que “a la imagen del sistema bancario panameño siempre la quieren ensuciar, dando a entender que a través de Panamá se pasa el dinero ya sea de Odebrecht o de cualquier otra compañía...”.
En tanto, el secretario de Comunicación del Estado, Manuel Domínguez, indicó que el Gobierno tiene como práctica no comentar procesos judiciales ni locales ni internacionales. En todo caso, agregó, es un tema de las autoridades de justicia.
Mientras que el secretario del Metro de Panamá, Roberto Roy, manifestó que la entidad no tiene conocimiento directo de este tema. “Más bien correspondería su tratamiento a una colaboración entre las autoridades brasileñas y panameñas”, señaló.
(Con información de Juan Manuel Díaz y Elisabel Mariví Fermín)
