Que se retomen los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, la Concertación Nacional para el Desarrollo y se fortalezca la justicia en el país son tres de las peticiones que hicieron 18 grupos de la sociedad civil organizada en una carta abierta enviada al presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Además, esas organizaciones recordaron que “no importa si el periodo por el que se nombrará a un magistrado es de 5 o 10 años”, el proceso de su selección debe ser transparente. También debe aprovecharse para encontrar un “equilibrio de género” en la Corte Suprema.
Los acuerdos del pacto deben retomarse, de acuerdo con los miembros de las 18 organizaciones, para “garantizar un mecanismo transparente y con participación ciudadana para la selección de magistrados, tal y como lo establece el Plan de Gobierno el Pueblo Primero”.
“Consideramos que el país necesita una Corte Suprema de Justicia percibida como independiente por parte de la ciudadanía, integrada por magistrados y magistradas que crean en la transparencia, los derechos humanos, con idoneidad ética, experiencia y preparación académica en el área jurídica de la Sala de la Corte a la que serán designados”, enfatizan en la carta enviada al mandatario con fecha de 26 de junio.
La misiva fue enviada por Alianza Ciudadana Pro Justicia, Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Afro Panameña Soy, Centro de Capacitación Social, Centro de Estudios y Acción Social Panameño, Centro de Estudios y Capacitación Familiar, Colectivo Voces Ecológicas y Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales.
También respaldan la carta el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Frente por la Defensa de la Democracia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Fundacultura, Fundación para la Equidad de Género, Espacio Encuentro de Mujeres, Movimiento por la Identidad Panameña, Mesa de Análisis de Leyes de Personas con Discapacidad y la Red Ciudadana Urbana.
Esas organizaciones recordaron que desde 2011 la Corte Suprema de Justicia experimenta una crisis con la renuncia de un magistrado tras ser cuestionado su nombramiento y, posteriormente, con “la condena en marzo de 2015 de otro de sus dignatarios por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos y la reciente renuncia del tercer magistrado ante la inminente audiencia de imputación de cargos por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales”.
“Las dos vacantes que existen en este momento, así como las dos que sobrevendrán el próximo diciembre en la Corte Suprema de Justicia, son la oportunidad para redirigir la nación hacia el fortalecimiento de la institucionalidad del órgano del Estado encargado de mantener el equilibrio y garantizar la democracia”, señalaron los integrantes de las 18 organizaciones.
