Los funcionarios de la Policía Nacional que el 9 de enero de 2011 acudieron a sofocar un motín en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen no solo provocaron con una bomba lacrimógena el incendio que más tarde acabaría con la vida de cinco adolescentes, sino que además no hicieron nada por salvar a los jóvenes atrapados dentro de la celda número seis.
Así consta en las conclusiones de 15 meses de investigación, remitidas la semana pasada al Órgano Judicial por la fiscal primera superior, Geomara Guerra, con una solicitud de llamamiento a juicio para nueve policías, dos custodios civiles y la exdirectora del reclusorio.
En la vista fiscal del caso, Guerra destacó que los siete jóvenes que resultaron quemados ni siquiera participaban en la reyerta que intentaban sofocar los policías.
Es más, estaban encerrados con candados, por lo que no representaban ningún riesgo para los funcionarios, cuya defensa, sin embargo, niega todas esas imputaciones.
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