El exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén pasó la noche en el sistema transitorio de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a órdenes de la Fiscalía Primera Anticorrupción que lo indagó el viernes por la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción en la compra de bolsas de arroz. Fuentes del Sistema Penitenciario Nacional confirmaron que anoche, luego de confesar su responsabilidad en los delitos que se le imputan e involucrar a varios exfuncionarios y jefes, se dio el traslado de Guardia Jaén desde la cárcel La Gran Joya en Pacora a la DIJ en Ancón.
Pero esta mañana el exfuncionario fue llevado nuevamente a La Gran Joya, informó su abogado Víctor Orobio. Añadió que el traslado se efectúo en coordinación entre la parte defensora y el Sistema Penitenciario Nacional para garantizarle mejores condiciones de salud.
Guardia Jaén aportó al menos una docena de nombres de personas vinculadas con este ilícito. Su abogado, Víctor Orobio, denunció que su cliente ha sido objeto de amenazas contra su vida, por lo que pidió protección al Ministerio Público.
El funcionario del gobierno Martinelli se comprometió con el Ministerio Público a devolver los recursos que usufructuó cuando estuvo al frente del PAN (2012-2014).
La fiscalía, a cargo de Tania Sterling, le ha decomisado hasta ahora al menos 18 millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades en Panamá y el exterior. A ello habría que agregar una serie de bienes adicionales que el imputado mencionó ayer en su declaración, lo que incluye nueve apartamentos.
CELERIDAD EN INVESTIGACIONES
Mientras tanto, diversos dirigentes de la sociedad civil pidieron un llamado al Ministerio Público (MP) a continuar con el buen ritmo de las investigaciones para que sean llamados a la justicia todos aquellos que han sido mencionados en este y otros casos.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Edgardo Molino Mola aseguró que una vez se obtuvo la confesión del exdirector del PAN, el MP debe pisar el acelerador en las investigaciones sobre el pago de sobrecostos en los contratos
Molino Mola afirmó que ahora las fiscalías anticorrupción tienen el camino allanado para citar a todos los señalados por Guardia Jaén.
La también exmagistrada de la Corte Suprema, Esmeralda Arosemena de Troitiño, destacó que si bien las leyes permiten que las personas que colaboran con la justicia puedan tener algún tipo atenuante en sus condenas, esto no implica que se les libera de responsabilidad.
A juicio de la exmagistrada todavía “hay mucha tela que cortar”. Es decir, habría que determinar los niveles de participación, complicidad y autoría de otras personas en los escándalos por malos manejos en la administración pasada.
“Hay que tener mucha confianza en el sistema y eso implica que debemos estar pendientes. Sin embargo eso no significa que haya que intervenir en el trabajo del MP”. Lo importante –resaltó– es que se puedan recuperar el dinero mal habido.
Annette Planells, integrante del Movimiento Independiente (Movin), mostró su confianza en que la Procuraduría General de la Nación actúe apegada a la ley y que así maneje todos los casos que permitan llevar a la justicia a los que dilapidaron los fondos públicos.
“Creo que estamos apenas empezando […] podrán seguirán apareciendo más casos en otras instituciones”.
Planells advirtió también que no se puede erradicar la corrupción de forma selectiva. “Caiga quien caiga debe ser el lema de la Procuraduría y de todos los panameños”.
Por lo tanto, hizo un llamado para que se le brinde ese espacio necesario a la Procuraduría para que pueda continuar su labor. Hizo hincapié en la necesidad de dotar de recursos económicos al MP para poder “desarticular la banda de corrupción” que penetró toda la cosa pública.
Carlos Pérez Herrera, secretario general del Partido Revolucionario Democrático, dijo que cada una de las personas que sean mencionadas por Guardia Jaén deben ser llamadas por las autoridades para que rindan cuentas. “Hay que entender que el gobierno no es un arca propia, sino que administra los fondos de todos los ciudadanos”, agregó.
El abogado y constitucionalista Miguel Antonio Bernal fue más allá: “entre las personas a las cuales la fiscalía anticorrupción tiene necesariamente que llamar, sin ningún reparo, es al señor Ricardo Martinelli Berrocal".
A juicio de Bernal, en este caso está claramente comprobado el delito de corrupción porque el principal implicado ha decidido, finalmente, colaborar con la justicia. “La justicia está obligada a actuar inmediatamente, sin ningún tipo de dilación en aras de la sanidad social que se impone", dijo.
Asimismo, indicó que la ciudadanía tiene que tener una participación activa para evitar que la impunidad pueda apoderarse de este o de cualquier otro proceso". En ese sentido, Bernal informó que el próximo jueves 29 de enero habrá una protesta para exigir justicia y cárcel para los corruptos. La marcha saldrá a las 4:00 p.m. de la iglesia del Carmen, en vía España, y se dirigirá a la plaza Porras, en la avenida Perú.
(Con información de Juan Manuel Díaz C., Getzalette Reyes y Virgilio De León)
