La Fiscalía Cuarta Anticorrupción ordenó la cautelación de cuentas millonarias vinculadas a Cristóbal Salerno y de Luis Cucalón, implicados en el escándalo de Cobranzas del Istmo, la empresa contratada por la pasada administración para recuperar cuentas morosas de contribuyentes, labor por la que recibió, al menos, $54 millones en cuatro años.
Al empresario, cara visible del negocio, se le incautaron cuentas por $36.7 millones, confirmaron a este diario varias fuentes conocedoras de la investigación.
Esta cifra se sumaría a los $20.6 millones que Salerno, que recibió la medida cautelar de casa por cárcel luego de ser indagado, entregó al Tesoro Nacional en concepto de devolución por los pagos que recibió Cobranzas del Istmo de manera irregular.
Además, la Dirección General de Ingresos tiene secuestrados otros $488 mil 625 relacionados con Cobranzas del Istmo.
Por su parte, al ex director general de Ingresos Luis Cucalón se le incautaron $5.1 millones en órdenes dictadas esta semana también por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de la fiscal Ruth Morcillo.
Estas cuentas, señalaron las fuentes cercanas al proceso, estarían vinculadas a Cucalón y a miembros de su familia. El exfuncionario está detenido preventivamente desde que fue indagado, el pasado 25 de mayo.
Salerno declaró que entregó a Cucalón un total de $5.8 millones a través de la sociedad Strategic Hotel Alliance –vinculada a los hijos de Cucalón– y que las supuestas coimas serían para agilizar los pagos de las comisiones a favor de Cobranzas del Istmo.
También implicó en la trama al exmandatario Ricardo Martinelli, a quien le habría entregado fondos durante 2013 y 2014 en sus oficinas de Monte Oscuro. Las entregas habrían sido a través de maletines en los que se introducían entre $400 mil y $600 mil.
Está previsto que empresario y exfuncionario se encuentren en un careo, pero aún no se ha definido la fecha para el mismo.
Por este caso también tienen medidas cautelares de país por cárcel María Alessandra Salerno, quien figuraba como presidenta de Limacri Holding, la sociedad accionista de Cobranzas del Istmo; y Magaly Ramos, gerente y representante legal de Cobranzas del Istmo.
Este diario reveló que María Alessandra Salerno, hija de Cristóbal Salerno, adquirió al menos 20 apartamentos y locales comerciales –por un valor total cercano a $8 millones– a empresas vinculadas a Gabriel Gaby Btesh, miembro del círculo cero del expresidente Martinelli.
La fiscalía investiga el posible comisión del delito de peculado en el contrato firmado por Ramos y Cucalón en agosto de 2010.
La actual administración de la Dirección General de Ingresos presentó el pasado 20 de marzo denuncias ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación por el pago irregular de $21.8 millones a Cobranzas del Istmo luego de un pago de impuestos de Tocumen, S.A., empresa cuyo único accionista es el Estado.
Esa comisión se pagó a pesar de que altos funcionarios de Tocumen, S.A. manifestaron que la deuda se pagó de manera voluntaria y que en la entidad no constaba gestión alguna de la compañía de los Salerno.
Además, varias auditorías internas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dieron cuenta del pago a Cobranzas del Istmo de comisiones más altas de lo que le correspondería con una estricta aplicación del contrato.
En la investigación salió a relucir un correo electrónico que Cucalón le envió a su jefe de informática dando una instrucción para el cálculo de las comisiones que habría beneficiado a la empresa.
En las auditorías del MEF se detectaron irregularidades como el pago de comisiones por deudas prescritas, por deudas que no tenían los 12 meses de antigüedad –el mínimo para poder ser asignadas al gestor de cobros, según el contrato– o comisiones cobradas a un porcentaje mayor al que correspondía, entre otras.
A pesar de manejar esta información, la actual administración del MEF pagó $7 millones a Cobranzas del Istmo en diciembre de 2014 y enero de 2015.
Cucalón enfrenta otro proceso en una querella presentada por el MEF el pasado mes de enero por introducir una afirmación falsa en el contrato con Cobranzas del Istmo, caso que se investiga en la Fiscalía Primera Anticorrupción.
