El 9 de agosto de 2017, el alcalde David Smolansky Urosa fue condenado a 15 meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas por no haber acatado una orden del Tribunal Supremo de Justicia de impedir que los venezolanos que en ese momento protestaban contra el régimen bloquearan las calles de su comuna.
Unos 35 días después de estar en la clandestinidad, el 13 de septiembre, a través de un video, informó que había salido del país. Era su primer día en el exilio y se comprometió a seguir luchando, ahora desde fuera de Venezuela, por sacar al presidente Nicolás Maduro y su régimen del poder.
Un año después de su exilio forzado, Smolansky se convirtió en el coordinador del Grupo de Trabajo para la crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En conversación con este medio, Smolansky reconoció que la crisis de migrantes y refugiados se ha desbordado y requiere una respuesta regional, porque mientras el régimen chavista siga en el poder, los venezolanos seguirán huyendo de Venezuela.
Se trata de una realidad que habla a gritos desde que en 2014 se dio un nuevo recrudecimiento de la crisis política que vivía Venezuela a raíz de los entonces 16 años de gobierno de Hugo Chávez, y que se ha ido profundizando desde que en 2013 Maduro asumió el poder: instituciones democráticas inexistentes y saqueo del erario, que se ha traducido en ausencia de libertades, pérdida de la inversión local y extranjera, escasez de empleo, hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y éxodo masivo.
Los números
“Es una crisis que no se puede ver aislada. Estamos en presencia de la crisis migratoria más grande que haya tenido América Latina. Al momento de esta entrevista, desde el año 2014, han salido 2 millones 600 mil venezolanos. Actualmente unos 5 mil venezolanos están abandonando su tierra por día, de esto mantenerse así, estaríamos hablando de que serían más de 3 millones de venezolanos desplazados para fines de 2018”, precisó el depuesto alcalde.
Karitza Laguna relata cómo dejó #Venezuela y sobrevive en Maicao en La Guajira colombiana; y trabaja de vendedora ambulante para poder enviar dinero a su madre, tres hijos y un nieto. Testimonios del éxodo venezolano #OEAconVzla pic.twitter.com/9p7OmpY9P6
Explicó que, en términos absolutos, Colombia es el país con más venezolanos –un millón-, seguido de Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Panamá, donde de acuerdo con sus registros habría para este momento unos 150 mil venezolanos.
El político indicó que las cifras con las cuales está trabajando el equipo que coordina son estadísticas oficiales proporcionadas por los países receptores, aunque están muy conscientes de que hay venezolanos que llegan por trochas y no están registrados.
Además de este ranking de países de la región con más chamos, hay territorios a los que han llegado menos migrantes, pero están igual de desbordados, porque son más pequeños y de menos población. En términos porcentuales, por ejemplo, las islas Bonaire, Curazao y Aruba ocupan el primer lugar. “En el caso de Curazao, más del 10% de la población ya es venezolana”, dijo Smolansky.
En términos porcentuales Panamá ocupa el segundo lugar y Trinidad y Tobago está en la tercera posición.
El trabajo por hacer
El Grupo de Trabajo creado a instancias del secretario general de la OEA, Luis Almagro, tiene la misión de preparar un informe en el que identifique la dinámica y razones de los flujos migratorios y de refugiados, además de describir sus condiciones en el terreno. Asimismo, el equipo deberá evaluar las respuestas legales y humanitarias que han sido adoptadas y que pueden servir como opciones de solución.
La consulta a la sociedad civil del Grupo de Trabajo de la @OEA_oficial para nutrir el informe que estamos haciendo sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos la vamos a extender hasta el 15 de noviembre. Pueden escribirnos a esta dirección: dis@oea.org pic.twitter.com/ILBK2dMkh9
En la práctica, ¿qué busca este reporte? Según Smolansky, además de describir la situación, actualizar cuántos son, dónde están ubicados y lo más importante, efectuar una serie de recomendaciones que se transformen en políticas públicas para darle mayor atención y protección al migrante venezolano.
Sería importante, expresó Smolansky, que para los refugiados haya un criterio uniforme, y si no es uniforme porque cada nación tiene distintas formas de abordaje, que haya un acuerdo mínimo para darle atención y protección al migrante en cuanto a su regularización, es decir, para adquirir su documento de identificación, permiso de trabajo, acceso a la educación y a la salud.
De hecho, el pasado 22 de octubre, el Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que, con el fin de facilitar las solicitudes humanitarias de reagrupación familiar, creó la Oficina de Asuntos Humanitarios para los residentes venezolanos. El decreto establece que el venezolano residente en Panamá podrá acercarse a la sede de Migración para retirar la solicitud de reagrupación por razones humanitarias para aquel familiar que se encuentre dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además, podrán solicitar visas estampadas para quienes desean visitar Panamá para asistir a un evento familiar o social en una fecha determinada.
La decisión contrasta con una adoptada en agosto de 2017, cuando el Gobierno incluyó a Venezuela entre los países que requerían visa estampada por el cónsul para ingresar a territorio nacional por espacio de 30 días. La medida migratoria fue adoptada tras considerar que la ruptura del orden democrático en Venezuela puso en riesgo la seguridad, la economía y las fuentes de empleo panameñas.
Decreto Ejecutivo 473 del 23 de agosto de 2017
Decreto Ejecutivo 612 del 22 de octubre de 2018
"Las reacciones negativas que han surgido en los países producto de esta fuerte inmigración también están en la agenda del Grupo de Trabajo. “Queremos articular con la sociedad civil organizada, gobiernos locales y regionales para que haya campañas en contra de la xenofobia –si bien es cierto las manifestaciones xenofóbicas han sido hasta ahora minoritarias y focalizadas”, afirmó.
También quieren trabajar de manera directa o indirecta en obtener más recursos para darle al migrante venezolano apoyo en alimentación, atención médica, vestimenta, capacitación, educación, orientación jurídica y tiempo de ocio, sobre todo a los menores de edad.
"Escuché historias de personas que murieron por falta de medicinas, pacientes con cáncer sin quimioterapia, diabéticos sin insulina, niños sin antibióticos, personas hambrientas, violencia y persecución", dijo Angelina Jolie luego de conversar con migrantes venezolanos en Perú pic.twitter.com/YYN8OUtyUQ
De allí que el grupo de expertos tenga entre sus tareas que exista un fondo de cooperación multilateral, al que no solamente los países receptores aporten recursos, sino que involucre a la Unión Europea, a Estados Unidos y a Canadá. Incluso, el Banco Interamericano de Desarrollo ha propuesto crear un fondo de mil millones de dólares para atender esta situación, informó.
Al final, la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados, advierte Smolansky, es que se restituya la democracia en Venezuela, que se restituya el Estado de derecho, que se garanticen las libertades, que haya elecciones libres y transparentes, que se generen oportunidades, porque seguramente esos más de 150 mil que están en Panamá verán incentivos para regresar.
Es por esto que el Grupo de Trabajo tiene una visión que se llama “Mano Amiga, brazo fuerte”. La mano amiga es darles atención y protección a los compatriotas, y el brazo fuerte es no dejar de denunciar la causa, la raíz por la cual millones de venezolanos se están yendo del país.
Y eso sucede, reitera el político exiliado, porque en Venezuela hay un régimen "que ha pasado del autoritarismo al totalitarismo", que ha generado una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de personas que presentan síntomas de desnutrición, cuya vida corre peligro, en donde las enfermedades no se pueden curar por falta de medicinas, donde la seguridad personal no está garantizada y donde hay persecución política a todo aquel que se manifieste en contra del régimen.
