Tras nueve meses de averiguaciones, la Fiscalía Segunda Anticorrupción concluyó la instrucción del expediente relacionado con supuestas anomalías en el contrato para la compra de comida deshidratada –adjudicado en diciembre de 2011 a la empresa Lerkshore International Limited por $44.9 millones–, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).Fuentes judiciales revelaron que la titular del despacho, Vielka Broce, firmó ayer la vista fiscal del caso con una solicitud de llamamiento a juicio para nueve personas.Entre los imputados para quienes Broce pidió juicio figuran el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; el exdirector de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; los exministros de Educación y Obras Públicas, Lucy Molinar y Federico Suárez; y las ex viceministras de Desarrollo Social y Presidencia, Marta Susana de Varela y María Fábrega.
También están Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del exmandatario Ricardo Martinelli; y el empresario Rubén De Ycaza, representante legal de Lerkshore International Limited, compañía que se alzó con el contrato.
Los cargos que se sustentan en la vista fiscal son corrupción, peculado y fraude en contrataciones públicas.
La investigación comenzó en julio de 2014, tras una denuncia anónima en la que se pidió investigar el proyecto No. 48910 del Ministerio de Educación o programa Nutriescuela.
VINCULACIONES
Tamburrelli es señalado en el expediente por ser presunto responsable del incumplimiento de sus funciones como director ejecutivo del extinto Fondo de Inversión Social (2009–2010) y del PAN (2010–2012), cuando se firmó el contrato.
Además, como director del PAN era responsable de gestionar y administrar adecuadamente los recursos de la entidad. Tamburrelli tiene medida cautelar de casa por cárcel.
A Torres de Bianchini –quien tiene impedimento de salida del país– se le vincula por refrendar el contrato en 2011.
Molinar fue señalada por auditores de la Contraloría, porque supuestamente no cumplió con la supervisión necesaria en el proceso de adquisición de los alimentos deshidratados.
Y es que en varias escuelas del país se reportó la intoxicación de estudiantes por la ingesta de esta comida,
entre la que se hallaron partículas de vidrio. La exministra Molinar también tiene impedimento de salida del país.
Famiglietti, por su parte, es vinculado por el supuesto incumplimiento de sus funciones como encargado directo y coordinador de todas las actividades del Programa de Nutrición Escolar del PAN, que se encargó de distribuir los alimentos. El exfuncionario estuvo detenido preventivamente desde diciembre de 2014 hasta el 17 de este mes, cuando se le cambió dicha medida a una de casa por cárcel. Al exministro Federico Suárez y a las ex viceministras María Fábrega y Marta Susana de Varela –esta última labora actualmente en la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de la República– se les vincula por haber autorizado el millonario contrato en reunión de la junta directiva del PAN el 7 de octubre de 2010.Al empresario De Ycaza, representante de Lerkshore, se le acusa de la supuesta comisión del delito de fraude en contrataciones públicas. Está confinado en una casa que compró en Betania. A De Ycaza se le han cautelado cuatro millones de dólares en cuentas en el Towerbank y en el Balboa Bank & Trust.Adolfo Chichi De Obarrio se encuentra fuera del país –con paradero desconocido– desde el 25 de diciembre de 2014, razón por la que el Ministerio Público no le ha podido tomar declaración de indagatoria. En la declaración indagatoria que rindió en enero pasado ante la Fiscalía, Tamburrelli vinculó a De Obarrio con el contrato de la comida deshidratada, pues, según detalló, fue la persona que ejecutó las órdenes que venían de la Presidencia de la República.Además, Tamburrelli vinculó al expresidente Martinelli. Dijo que el proceso para adjudicar el contrato fue una fachada, porque el exmandatario le ordenó dar el contrato a Lerkshore. Por este señalamiento, la Corte Suprema de Justicia investiga al exgobernante.
SIN COMENTARIOS
Edna Ramos, defensora de Chichi De Obarrio; Jair Urriola, abogado de Molinar; Gonzalo Moncada, representante de Tamburrelli, y Cristian Lara, abogado de Torres de Bianchini, Rolando Rodríguez, defensa del empresario De Ycaza admitieron tener conocimiento sobre la vista fiscal, pero afirmaron desconocer su contenido y por ello declinaron hacer comentarios.
Los defensores del resto de los imputados, no contestaron las llamadas de este diario.
BIENES CAUTELADOS
El Tribunal de Cuentas ordenó cautelar bienes a Tamburrelli, Molinar y Famiglietti por la supuesta lesión patrimonial causada al Estado por $44.9 millones.
El tribunal fijó el monto de la lesión basado en la auditoría de la Contraloría. No se han detallado los bienes, cuentas y propiedades cautelados a los implicados.
