Un último plazo concedió la Contraloría General de la República al rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, para que entregue los avalúos de las transacciones de alquiler y venta de fincas universitarias, que dijo poseer en declaraciones a medios de comunicación social.
En una misiva fechada el 20 de mayo, y recibida el mismo día en la Rectoría de la UP, el contralor, Federico Humbert, le aclara al también profesor de Historia que en sus archivos hay otros avalúos, pero estos no corresponden a los lotes entregados en alquiler –hasta por 40 años– en Tocumen ni a la venta de tierras, como en la avenida Martín Sosa, y otros lotes.
También le pidió entregar copia del avalúo de la finca vendida en Río Hato, Coclé, puesto que poseen el de la Contraloría, pero no el del Ministerio de Economía y Finanzas, que tampoco lo tiene en sus archivos.
Según la Ley de Contrataciones Públicas, para vender y alquilar bienes estatales se requieren dos avalúos por las dos entidades mencionadas. La Prensa contactó –sin éxito– a García de Paredes a su correo, y a su celular, pero colgó de inmediato.
EXIGEN A LA UP DAR LOS AVALÚOS
Un último plazo, de diez días, que vence el próximo lunes 30 de mayo, le dio la Contraloría General de la República (CGR) al rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, para que entregue los avalúos de las transacciones de alquileres y venta de terrenos universitarios.
Así lo formalizó una misiva enviada por Federico Humbert, contralor general, a García de Paredes, y recibida en la Rectoría el 20 de mayo. En ella, Humbert le indica al rector que en el transcurso de las auditorías “relacionadas con operaciones sobre la venta y arrendamiento de fincas propiedad de la UP, se determinó la ausencia de documentos, tales como informes técnicos, planos, acuerdos, adendas, así como registros que sustenten los actos administrativos efectuados durante el periodo examinado, en especial los informes de avalúos que debió solicitar la entidad, tal como lo dispone la ley 22 de 27 de junio de 2006, sobre Contrataciones Públicas”.
Esto, pese a que en una reunión, celebrada el 15 de diciembre de 2015, “quedó consignado” que la UP proporcionaría toda la documentación –pero “no fue suministrada en su totalidad”–, y que a través de diversos medios de comunicación la CGR tuvo conocimiento de “que usted ha manifestado que la entidad mantiene los avalúos que se realizaron a las fincas vendidas o cedidas en arrendamiento, no obstante, a pesar de las diversas gestiones realizadas por el quipo de auditores, no hemos recibido la documentación que evidencie los referidos informes de avalúos”.
Avalúos requeridos
La CGR enumeró las fincas que requieren de los avalúos, entre estas, las de Tocumen, así como las alquilados a la empresa Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A., de la familia Hanono, que opera el centro logístico Parque Sur, en tres globos que suman 42 hectáreas.
También otras 20 hectáreas en Tocumen, arrendadas por 40 años al Consorcio Pacífico Atlántico, S.A., presidido por Herman Bern, y Alejandro Hanono y Jonathan Bettsack Maduro; para un centro de negocios y una plaza comercial. También los avalúos de ventas de lotes en la avenida Martín Sosa y en Río Hato, entre otras.
Justamente, estas son las mismas fincas que una investigación periodística del patrimonio universitario, efectuada por el diario La Prensa, detectó que no tenían avalúos, luego de haber sido solicitados a través de la ley de Transparencia a la CGR y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En la lista de fincas que investigó La Prensa también figura una veintena de fincas de la UP, puestas en manos de particulares mediante su arrendamiento o venta en la gestión de García de Paredes, y que suman, en total, más de 160 hectáreas.
Aclara la misiva de Humbert que en los archivos de la CGR reposan otros avalúos que no guardan relación con las transacciones ya citadas.
En esta carta no hay una solicitud al rector de los avalúos de otro lote, de 31.6 hectáreas en Tocumen, próximas al aeropuerto, que García de Paredes negoció con Btesh & Virzi Real Estate Developers mediante la figura de joint venture, en un acto decidido a través de un acuerdo del Consejo Administrativo, sin acto público, y cuyos avalúos entregados a La Prensa por el MEF y la CGR son dos años posteriores a la firma del contrato.
Tampoco se pide el avalúo de 9.2 hectáreas que no se consideraron dentro del área arrendada de las fincas que ocupa Parque Sur y que, según García de Paredes, “son de interés de la UP conservar en beneficio del medio ambiente”, indica la escritura 6823 de 2008, aunque ello no se contempló en su estudio ambiental.
La Prensa le envió dos correos a García de Paredes, con copia a su equipo de prensa, y se le preguntó si había contestado la petición de la CGR, y por qué no entregaba los avalúos que dijo tener ante otros medios de comunicación, pero no contestó. El rector atendió la llamada de La Prensa a su celular, pero colgó sin decir palabra alguna.
