Cuando la Universidad de Panamá (UP) decidió vender una finca de 285 hectáreas, en 2012, en Tocumen, parece no haber medido las consecuencias para sus estudiantes. Ahora, casi a la carrera, busca subsanar el error de haberlas traspasado sin antes mudarse.
La finca se vendió al Aeropuerto Internacional de Tocumen, con fines de expansión. Pero esa finca era la sede del Centro de Enseñanza e Investigación Agropecuaria de Tocumen (Ceiat), en donde los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias hacían sus prácticas académicas.
La UP hizo una búsqueda en el sector privado y recibió más de una decena de oferentes y se evaluaron unas 20 fincas. Pero La Prensa preguntó al rector de la UP, Gustavo García de Paredes, si antes había considerado pedir tierras nacionales al Estado a fin de evitar tener que comprar una finca, como en efecto, ahora lo está haciendo en Chepo. Sin embargo, el rector nunca respondió.
El que sí lo hizo fue Rodrigo Cambra, vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Explicó que llegaron a solicitarlo verbalmente, a través del exministro de Desarrollo Agropecuario, Pedro Adán Gordón (q.e.p.d.). “Nos dijo: el Gobierno tiene tierras aquí y le dijimos que nos haga el contacto, pero bueno, esas cosas no caminaban”, expresó.
La Prensa preguntó al administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Carlos González, si había tierras disponibles en Chepo, donde la UP pretende establecer su granja. Su respuesta fue que sí, que hay entre 2 mil hectáreas y 3 mil hectáreas de tierras disponibles, pero la UP no las ha solicitado.
En cambio, la UP, sin considerar obtener estas tierras de forma gratuita, en su búsqueda de terrenos en el sector privado para el Ceiat, eligió una finca en Jesús María de Chepo, valorada en millones de dólares. Pero, ¿fue esta la mejor oferta que recibió?
LAS FINCAS
Para elegir la finca que la UP pretende comprar, el rector García de Paredes nombró una comisión especial que analizó las ofertas.
La comisión estuvo compuesta por el vicedecano Cambra, profesores, personal administrativo y alumnos de esta facultad, entre ellos, el dirigente estudiantil Luis Aldeano.
Tras un análisis, la comisión seleccionó una finca de 250 hectáreas, ubicada –como ya se dijo– en la entrada de Jesús María, propiedad de la sociedad Arrocera Ganadera San Cristóbal, de la familia Ferrabone, la cual reúne las condiciones agropecuarias necesarias para las actividades académicas y de investigación, según la resolución No. 2-15 SGP, de abril de 2015, de la UP.
El precio de la finca “resulta muy conveniente para la UP”, a solo 2 dólares el metro cuadrado, lo que implicaría un desembolso de 5 millones de dólares por las 250 hectáreas, cifra “muy inferior” a los avalúos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, detalló la resolución. Estos avalúos promediaron en 9.6 millones de dólares la citada finca.
Pero esta no fue su única propuesta. La Prensa tuvo acceso a una carta dirigida a García de Paredes, en la que Arrocera Ganadera San Cristóbal le hizo otro ofrecimiento. En la carta –del 18 de diciembre de 2012– la sociedad puso en venta tres fincas –que suman 441.7 hectáreas–, a 1 dólar con 65 centésimos el metro cuadrado.
Aunque su propuesta inicial fue a razón de 2 dólares el metro cuadrado, “... para la Facultad de Agronomía, la junta de accionistas de esta empresa ha considerado propicia que nuestra oferta de venta sea en base al precio de $1.65 el metro cuadrado”. Y agrega: “Esta rebaja la hacemos con el fin de contribuir con el fortalecimiento de la educación superior ... en beneficio de la población panameña”, afirmó Omar Ferrabone, su representante legal.
Así, habiendo una oferta más barata y más de un 40% más de tierra en venta, ¿por qué la UP eligió la oferta más elevada por metro cuadrado y menos tierra? “No lo vea así”, contestó Cambra. “Esa es la oferta que ellos hicieron, está por escrito, no es que nosotros le pusimos el precio de $2 el metro; [ellos] cambiarían el precio, como cambiaron muchos…”.
Según Francia Ferrabone, administradora de Arrocera Ganadera San Cristóbal, transcurrieron dos años desde que hicieron la oferta, por ello los precios aumentaron, sin considerar que las fincas vecinas son mucho más costosas, sostuvo.
“Se le hizo el ajuste, [pero] de repente decidimos que no, porque había pasado mucho tiempo”, señaló Ferrabone, justificando el cambio de precio de la tierra. Su empresa –añadió– ofreció en venta tres fincas, pero la UP indicó que “no tenía dinero” y que solo quería las 250 hectáreas al borde de la carretera.“A más cantidad de tierra, el precio baja, a menos cantidad, el precio sube. Es como cuando usted vende al por mayor... [Además], me está quitando lo mejor de la finca”, concluyó.
DESACUERDO
A pesar de que la finca sería destinada para el uso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, su decano, Juan Miguel Osorio, fue excluido de la comisión evaluadora.
Y según dijo, fue porque se había opuesto a la compra de esta finca en una inspección previa al nombramiento de la comisión evaluadora.
“Respeto la decisión de la comitiva [sic]”, dijo, pero no la comparte. Su opinión la dejó por escrito al rector a finales de enero de 2015.
“Yo visité la finca en verano y no tenía agua, así que yo le mandé la nota al señor rector, y el señor rector nombró una comisión, que es la que está a cargo del estudio de esas fincas”, informó Osorio.
La aspiración es que la finca en la provincia de Panamá se utilice todo el año y que sea similar a la de Chiriquí –de 800 hectáreas– la cual tiene una lechería de grado A, una planta apícola, porqueriza, galeras de mejoramiento genético del ganado, “actividades estas que requieren agua”, enfatizó Osorio, “pero se está buscando la solución a través de agua subterránea, hay un equipo de estudiantes y profesores” analizándolo, dijo.
El Mida y la Secretaría de Metas inspeccionaron la finca que quiere comprar la UP, a solicitud del Consejo de Gabinete, luego de que el rector solicitó, en junio pasado, que se le permita hacer una compra directa, sin licitación.
El informe técnico del Mida expone que “el río Aguacate recorre la parte noreste de la parcela ... [y que] se encuentra estancado en pozos por efectos de la sequía, las quebradas están en estado seco... en invierno normal no hay problema con el agua”.
Este reporte, en el que también se dice que las tierras son aptas para la ganadería y agricultura, quedó en manos de la Secretaría de Metas para someterlo a la aprobación del Consejo de Gabinete.
LO QUE ENTREGÓ LA UP
Para considerar la compra de la tierra, la UP entregó al Ejecutivo una carpeta de documentos al titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, y a la Secretaría de Metas.
Esta carpeta contenía los avalúos estatales y fotos del terreno de Arrocera Ganadera San Cristóbal, así como documentos de las fincas visitadas en Chepo, y las resoluciones del Consejo Administrativo de la UP sobre el tema, resúmenes de las propuestas de las fincas rechazadas y cartas.Una de estas cartas es de Cambra. En ella se pide al Consejo de Gabinete la “compra directa” de la finca, e informa que el dinero para adquirirla y 12 millones de dólares adicionales para construir la infraestructura reposan en las arcas de la UP.
“La decisión del Consejo de Gabinete y su dilación [en aprobar la compra] es... una violación del principio de autonomía universitaria”, advirtió.
En otra carta, dirigida al rector, el comité evaluador admitió el problema que había advertido el decano de la facultad respecto a la finca: “Cabe mencionar que esta finca no cuenta con pozos, sino con ojos de agua. Es necesario indicar que las fuentes de agua viva no muestran caudal de agua relevante durante la estación seca”.
Pero la comisión “recomienda” su compra, porque cumple “mayoritariamente con los criterios técnicos... siempre y cuando se cumpla con los requerimientos de inversión que resuelva el problema del agua potable”, señaló la comisión en noviembre de 2014.
Cambra defendió la propuesta: “Eso es un problema resolvible [sic], y quiero ser claro en esto: No estamos comprando un paraíso... Entendemos que para formar a los muchachos los tenemos que formar no en una finca óptima”, dijo. Por ello, la UP destinó 250 mil dólares para estudios de agua y suelo, a fin de expandir el acueducto, reveló Cambra. Además, hay que instalar electricidad trifásica.
Por ningún lado, la UP entregó gestión alguna de su parte para pedir tierras nacionales al Mida o a otra institución. “Hay muchas fincas propiedad del Estado, para diferentes usos y actividades. Se puede evaluar esa alternativa”, dijo Carlos Duboy, secretario de Metas de la Presidencia.
¿TRANSPARENCIA?
La documentación entregada a la Secretaría de Metas omite una propuesta recibida en la Rectoría de la UP, el 21 de abril de 2015.
Se trata de una carta dirigida a García de Paredes en la que la empresa Ordos, S.A. ofrece en venta 340 hectáreas a 1 dólar con 50 centésimos el metro cuadrado, ubicada también en Jesús María de Chepo, colindante con el río Bayano.
¿Por qué razón no se incluyó esta propuesta?
“No sé. Yo no sé qué documentación anexaban en el informe. Eso no lo envíe yo”, respondió Cambra. “Se envió desde arriba, las autoridades principales” agregó, refiriéndose a la Rectoría.
Esta finca, junto con otras, eran parte de las que recomendó el Mida para evaluar, indicó el ministro Arango, pero la UP la rechazó.
“Fue la más barata”, pero está embargada por un banco estatal. “Vemos que es una canallada, porque ¿cómo voy a pagar con plata al Estado para que tú, con la misma plata del Estado, le pagues al Estado de nuevo? Eso no debe ser”, dijo el dirigente estudiantil Luis Aldeano, miembro de la comisión evaluadora.
¿Por qué les importa si venden para pagar una deuda si, al final, lo que debe importar es que la Universidad tenga la mejor oferta?
“Esa no es nuestra base para tumbar eso”, cambió de argumento Aldeano. “Cada vez que se abre la compuerta de la hidroeléctrica del [río] Bayano, se inunda la finca”. Hay riesgo de inundación, afirmó.
Las casas construidas sobre pilotes en ese lote nos dicen que se inunda, explicó Cambra, y como está a 11 kilómetros de la carretera Panamericana, habría que invertir en carretera, además de electricidad.
“Las personas que adversan al rector –subrayó Aldeano– ven en estas situaciones algo en lo que él puede coimear, pero nosotros, como estudiantes, administrativos y profesores, somos los que hemos llevado el proceso”.
La comisión evaluadora analizó fincas de una lista de 13 en Chepo –añadió–, las cuales fueron preseleccionadas por una empresa contratada por 10 mil dólares, para darle “transparencia” al proceso –explicó el decano Osorio–, en el que hubo gran especulación e intereses de políticos, de diputados del área, que deseaban beneficiarse de la transacción.
La Prensa intentó en al menos cinco ocasiones entrevistar al rector. De Relaciones Públicas dijeron que se comunicarían, pero no confirmaron fecha alguna. También se espera respuesta a una petición de documentos de este asunto con base a la Ley de Transparencia.
