“Señores: hay intereses detrás de mí que van a recaer sobre la Universidad [de Panamá...] ¿Soy yo o es lo que está detrás de mí? ¿Y qué es lo que está detrás de mí? Es la universidad. Ojo con nuestra institución, que es la más organizada y apoya a la gente de escasos recursos...”.
Este era el discurso del rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, en julio pasado, ante un Consejo General Universitario al que advertía de ataques “orquestados” para lucrar con el patrimonio de la UP. Nada dijo del negocio inmobiliario –con tierras de la UP– que llevaba años manejando. Tampoco mencionó que miembros del “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli eran sus clientes en esos negocios.
Y es que García de Paredes, en sus 19 años al frente de la UP, ha puesto en manos privadas más de 160 hectáreas de terrenos universitarios, esos que reclama como parte del patrimonio universitario.
TOCUMEN, EL GRAN TESORO
Gabriel Gaby Btesh y Felipe Pipo Virzi –socios en la empresa Btesh & Virzi, y personajes inseparables en múltiples escándalos de corrupción en la pasada administración– negociaron con García de Paredes tierras universitarias adyacentes al área de expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, a fin de edificar un complejo comercial e industrial en el que la UP sería
socia.
Así, García de Paredes convirtió la Casa de Méndez Pereira en socia de Gaby Btesh, vinculado a negocios con el Estado que le habrían causado lesiones por millones de dólares, como por ejemplo, la contratación ficticia de vuelos de helicópteros. También está vinculado con el terreno de Paitilla y es señalado por haber prestado ayuda para albergar equipos de espionaje del gobierno pasado. En tanto, Virzi, su socio, tras estar un tiempo detenido, ahora no puede salir del país, investigado por falsificación de documentos y blanqueo de capitales, casos en los que también está involucrado Btesh.
LA ‘PROPUESTA’
El acuerdo entre la UP y Btesh & Virzi, comenzó en 2010, según la resolución administrativa (No. 11-12), firmada en 2012, cuando el Consejo Administrativo autorizó al rector a negociar un joint venture para construir un complejo industrial y comercial en 36.5 hectáreas de terrenos universitarios en Tocumen.
El documento se fundamentó en la resolución 5-10, de 2010, que autorizó al rector acordar con B&V Btesh/ Virzi Real Estate Developers el desarrollo del joint venture , ya que dicha empresa “presentó a la UP una propuesta” y entregaría dividendos a la institución.
En la resolución 11-12 se concluyó firmar el contrato, pero el nombre de la empresa cambió de Btesh & Virzi, a Inversiones Las Flores, S.A., sin anular lo pactado antes.
Inversiones Las Flores se creó en 2003. Tuvo entre sus dignatarios a Alonso Aponte, quien también fue su suscriptor. Aponte es dignatario en otra compañía con Ailedsabel González, la habitual abogada de Btesh, con quien figura en múltiples sociedades junto al empresario.
Para 2012, cuando se firmo el “acuerdo para un consorcio entre la Universidad de Panamá e Inversiones Las Flores”, los dignatarios de la sociedad fueron reemplazados y José Guillermo Bazán Julio quedó como presidente, quien firmó por la empresa, mientras que por la UP, lo hizo García de Paredes (Ver nota: Las caras visibles de la transacción)
Este contrato –refrendado en 2012 por la entonces contralora, Gioconda de Bianchini– se basó en las dos resoluciones mencionadas, que, como se dijo, exponen la negociación de Btesh & Virzi. En el contrato se pactó también que la empresa podría conceder a un tercero el desarrollo del negocio.
Otra modificación, además del nombre de la empresa, fue que el terreno a desarrollar disminuiría de 36.5 hectáreas a 31.6 hectáreas. No obstante, el proyecto, según los planos de su estudio de impacto ambiental, ocupa 4.9 hectáreas no contempladas en el contrato de alquiler. Pero, según este estudio, el complejo tendría su extensión original: 36.5 hectáreas. Su duración será lo “necesario para lograr el objetivo de la asociación accidental”: 20 años prorrogables.
FÓRMULA DE PAGO
El contrato repite la figura que expertos califican de “colusiva” y que consiste en que la UP le reconoce a sus “socios” hasta el 75% de una inversión tope de $10 millones, descontados del 50% de los beneficios que le correspondan a la UP.
Como “beneficio”, la UP recibiría $200 mil anuales del segundo al tercer año; es decir, cinco centavos al mes por metro cuadrado. Este pago aumenta progresivamente, siendo su mayor incremento de 2% en el decimosexto año del contrato. Después de este, no se contempla otro, aunque el contrato es a 20 años, prorrogables a otros 20 adicionales.
Además, la UP recibirá menos de tres centavos al mes por cada metro cuadrado de área cerrada de construcción, señala el contrato.
El canon es mínimo si se compara con lo establecido en un avalúo de 2007 –cinco años antes de este contrato– de la Contraloría General de la República (CGR), que avaluó 108 hectáreas universitarias, incluyendo el lote de este contrato. Por entonces, propuso un canon de arrendamiento de $36,203 dólares mensual. Eso da en promedio unos tres centavos por metro cuadrado en aquel entonces.
Entonces, ¿cómo se determinó el canon fijo de arrendamiento y los menos de tres centavos mensuales por metro cuadrado de construcción? ¿Cómo supo la UP que esta empresa sería la que mejor rentabilidad le daría?
En el portal de Panamá Compra no existe un acto público referente a este contrato y la Dirección General de Contrataciones Públicas negó que existiera registro de licitación alguna al respecto.
A su vez, ni la CGR ni el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tienen en sus archivos un avalúo de esta finca con fecha cercana a la firma del contrato, como lo exige la ley para definir su precio de arrendamiento o de venta.
Se le preguntó por esto a García de Paredes y se le solicitó copia de los documentos que sirvieron de base para este contrato, pero no facilitó nada.
De hecho, el rector negó la transacción, refrendada e inscrita en el Registro Público.
El proyecto tiene estudio de impacto ambiental Comprobante de la aprobación del estudio ambiental, en el que se adjunta este contrato –y se cita la resolución 11-12– que confirma su desarrollo en una finca de la UP.
“Usted pregunta sobre las tierras paralelas a la expansión del aeropuerto de Tocumen y sobre asociaciones accidentales realizadas por la UP con el fin de desarrollar esas áreas, actualmente la UP no mantiene contrato alguno sobre estas tierras”, contestó García de Paredes.
Además de todo lo expuesto, la figura del consorcio o joint venture no debió ser utilizada, según expertos consultados por este medio.
Que una entidad estatal conforme un consorcio con otra empresa para ejecutar una obra de la misma entidad y activar este tipo de contratación de manera directa, sin cumplir con las normas del procedimiento excepcional, “es improcedente e ilegal; sería un procedimiento colusivo que crea conflictos de interés”, explicó el abogado y exdirector de Contrataciones Públicas Alexis Zuleta.
“Ahí no hay ninguna asociación ni ninguna sociedad de desarrollo, no hay nada. La UP lo único que va a recibir es una renta y es una renta mínima y ridícula”, afirmó el excontralor Alvin Weeden, que analizó el contrato.
A su juicio, se repitió la figura del alquiler con Parque Sur y Global Business Terminal, solo “cambiándole el nombre, vistiendo el muñequito para hacerlo más bonito, [pero] es un mero contrato de arrendamiento”.
La Prensa intentó contactó a Btesh y Virzi, a través de correo electrónico y cartas enviadas a sus oficinas; se les pidió una entrevista o que contestaran el cuestionario, pero no lo hicieron. Tampoco lo hizo Inversiones Las Flores.
Descargue aquí el contrato del consorcio de asociación accidental
Descargue aquí el Estudio de Impacto Ambiental del consorcio
Busque el lunes: UP: El negocio de vender tierras
Las caras visibles de la transacción
Pese a que Inversiones Las Flores, S.A., invertiría $10 millones en un complejo industrial y comercial en tierras de la Universidad de Panamá (UP) negociadas con el grupo Btesh &Virzi, esta es una empresa invisible.
No posee aviso de operación, página web ni figura en el directorio telefónico. La sociedad no ha realizado otra edificación previa, según el registro de estudios ambientales del Ministerio de Ambiente. José Guillermo Bazán Julio, abogado de 46 años, es su presidente.
En los “datos generales del promotor” del estudio ambiental del complejo, la persona a contactar es el consultor ambiental. La Prensa lo contactó, pero, nervioso, evitó decir quién pagó por sus servicios o cómo ubicar a Bazán, quien fue
corregidor de Calidonia (2000–2004) y aspiró a ser representante de corregimiento.
El exfuncionario pasó de dueño de un negocio de fotocopias y tatuajes en 2002 al servicio de pinturas residenciales en 2012. En 2013, tras firmar el “convenio de consorcio accidental” con la UP, Bazán creó un negocio de venta de batidos y golosinas, según Panamá Emprende. La Prensa le dejó mensajes de voz a su celular, se trató de contactarlo por redes sociales y le envió una carta a las oficinas de un familiar con quien prometió entregarla, pero no hubo respuesta a la petición de entrevista.
También fracasaron los intentos de contactar por redes sociales al secretario de la sociedad, Efraín Vidal Abril, estudiante
universitario, que tampoco respondió.
