El hurto de un helicóptero propiedad del Estado venezolano y su posterior uso para una acción que el gobierno denunció como un ataque terrorista contra varias sedes gubernamentales fue un hecho aislado y no evidencia, de ninguna manera, un quiebre en las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Así lo consideró Rocío San Miguel, la presidenta de la oenegé Control Ciudadano, el Observatorio venezolano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, quien en conversación con este diario confirmó que de acuerdo con la información que maneja de este hecho, ocurrido el pasado martes 27 de junio, no hubo militares involucrados.
“Consideramos que esto lo que revela es que no existe un mecanismo de alerta temprana para la protección aérea de Caracas”, aseguró San Miguel. Y añadió: “Es vergonzoso que después de tantos millones de dólares invertidos en sistemas de armas no exista la posibilidad de una alerta temprana, que no haya radares sobre Caracas y que se haya generado esta situación (…) dentro de la Policía Nacional Bolivariana y sin ninguna repercusión sobre la Fuerza Armada Nacional”, y así lo dejó sentado la organización a través de un comunicado publicado el pasado 28 de junio.
Qué pasó con el radar de Maiquetia? Por que no pudo detectar el helicóptero una vez qué pasa la montaña en ruta a la Costa Central? pic.twitter.com/GninFH7Bpc
San Miguel indicó que se trató de “un piloto adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)”, que iba con “una tripulación que se desconoce hasta ahora quiénes la integran”, indicó.
EL PRESIDENTE DEBE EXPLICACIONES
- El presidente Maduro cuestiona que no hubo una reacción internacional a propósito del ataque con el helicóptero y urge a los países a pronunciarse.
El primero que tiene que reaccionar es él y explicar al país cómo su Fuerza Armada Nacional es incapaz de activar un mecanismo de alerta temprana. Es un hecho inaudito, en términos de seguridad nacional, que un presidente espere reacción internacional cuando él no es capaz de reaccionar internamente por la falla de defensa nacional.
- ¿Cuál es el protocolo que debería darse en estos casos?
Son varios los elementos. El funcionario despega con un plan de vuelo, desde el momento que se aparta de su plan de vuelo puede iniciarse una alerta; el primero que puede tener información es el destacamento de la GNB del Tribunal Supremo de Justicia, que al ser atacado por granadas de ruido puede informar inmediatamente al sistema de alerta de la Fuerza Armada Nacional para darle seguimiento, tanto aéreo como terrestre al desplazamiento de la aeronave en Caracas. Por el contrario, la aeronave se desplazó tranquilamente de norte a sur, en toda la ciudad, sin que hubiese ninguna reacción. Incluso la Fuerza Aérea cuenta con la posibilidad del derribo de aeronaves, por supuesto que no en el área de Caracas, por los peligros que conlleva, pero sí [puede hacer] el seguimiento de una aeronave hasta donde lo pueda hacer.
- ¿Si esto es un hecho aislado, la Fuerza Armada mantiene el respaldo total al presidente de la República en este momento?
Hasta ahora sí, hay una profunda crisis política en Venezuela, hay una confrontación abierta entre el llamado chavismo contra el llamado madurismo, a nivel de poderes públicos, y está por verse si esto va a tener repercusión sobre la Fuerza Armada Nacional.
- ¿En este momento Control Ciudadano tiene conocimiento de que haya un quiebre entre los diferentes estamentos de la Fuerza Armada?
Hay grupos de poder, hay profundas grietas entre los distintos grupos de poder, pero no hay un quiebre hasta ahora [28 de junio de 2017], dentro de la Fuerza Armada Nacional. Es tan volátil la situación en Venezuela que tiene que mirarse día a día.
- ¿Avisora usted algo para las próximas semanas en función de la situación actual, incluido el llamado que hizo la fiscal general prácticamente a desconocer al gobierno a través del artículo 333?
Hay una crisis política muy grande que tiene varias aristas. Por una parte encontramos la anulación del poder de la Asamblea Nacional, la anulación de las facultades de la fiscal, ambos por el TSJ. Estamos asistiendo a una situación en la que el presidente llama a defender la revolución por las armas, estamos frente a más de 80 días de protestas y casi 90 muertos no oficiales ocurridos en el marco de esas protestas, aproximadamente unos 70 asesinados oficialmente. Es decir, la gravedad de la crisis venezolana es auténtica, acompañada de una crisis económica, y estaría por verse si tendría esto un impacto que genere una crisis en el sector militar.
- ¿Vladimir Padrino sigue teniendo el apoyo de la Fuerza Armada en este momento?
Hasta ahora ha tenido liderazgo, ascendencia, es el oficial de más alta graduación activo dentro de la Fuerza Armada. En la historia venezolana, desde 1958, el poder se tiene hasta que se lo quita otra persona o lo entrega a otra persona. Por ahora es un ministro de la Defensa que tiene ascendencia pero ya no cuenta Vladimir Padrino López con el control operacional de la Fuerza Armada, que le ha sido entregado al almirante Remigio Ceballos Ichaso.
- ¿Qué significa el control operacional?
El poder de fuego. Maduro ratificó a Padrino en su condición de ministro, pero le quitó la condición de comandante estratégico operacional.
- ¿Y eso qué lectura tiene para usted?
El ministro debió haber pasado a retiro hace ya cuatro años. Es una manera de perpetuarlo en el cargo, pero dar espacio para los relevos necesarios en materia de esta pirámide militar.
- ¿Y todo ello significaría más represión?
La represión está a la vista, se ha venido acumulando todos estos días y el número de muertos así lo indica. El rol de la Guardia Nacional Bolivariana ha sido desproporcionado, indiscriminado, violatorio de derechos humanos, sin la posibilidad de que se pueda rectificar en este sentido.
LOS HECHOS
La noche del pasado martes, en cadena nacional, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, leyó un comunicado del Gobierno en el que informaba que se habían producido “ataques armados” contra las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ambas de Caracas, “como parte de una escalada golpista contra la Constitución y sus instituciones” e identificaron al atacante como Óscar Alberto Pérez, “un inspector adscrito a la División de Transporte Aéreo del Cicpc”, a quien ligaron a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y a la embajada de esa nación en Caracas, así como a la denominada “derecha golpista”.
Ese mismo día, Óscar Pérez había aparecido en la red social Instagram, donde colgó un video y leyó una proclama en la que rechazaba al gobierno y pedía la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Aseguró que se trataba de una “coalición” entre funcionarios militares, policiales y civiles y que estaban haciendo un “despliegue aéreo-terrestre” para “devolver el poder al pueblo democrático y restablecer el orden constitucional”.
Según el comunicado del Gobierno, en el Ministerio de Interior se habrían efectuado 15 disparos, en momentos en que había un agasajo a periodistas y se encontraban allí unas 80 personas; luego, la aeronave se dirigió a la sede del TSJ, donde habría efectuado “disparos y lanzado al menos cuatro granadas de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló y fue colectada”. “Dos de estas fueron lanzadas contra los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que custodian el edificio”, relata el comunicado.
#EnVideo 📹|| Min. @NestorReverol: Se ha comprobado la relación directa de este funcionario con la CIA pic.twitter.com/aPjwi0mdwz
Posterior a los hechos, el presidente Nicolás Maduro manifestó que este tipo de escalada armada es la que él ha venido denunciando y anunció que había activado a la Fuerza Armada Nacional para defender el derecho a la tranquilidad de los venezolanos.
Más temprano, en un acto público con sus seguidores había manifestado que aspiraba a que “el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte: si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, nosotros no nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”.
Esta situación se produjo horas después de que los diputados de la Asamblea Nacional denunciaron un asedio de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y grupos oficialistas al Palacio Legislativo, luego de que estos confrontaran a agentes del destacamento que opera en las inmediaciones de ese poder del Estado para conocer el contenido de una cajas -con el logo del Consejo Nacional Electoral- que estaban ingresando.
Colectivos violentos régimen lanzan cohetones a jardines Palacio Federal Legislativo mientras malandros uniformados gn permanecen impasibles pic.twitter.com/gTBkBKrkfR
Julio Borges, presidente de la Asamblea, denunció que en medio de la violencia con la que respondieron los uniformados, al menos dos diputadas fueron agredidas. Borges manifestó que no lograron constatar el contenido de las cajas.
Esa misma noche, el Tribunal Supremo de Justicia publicaba una sentencia de la Sala Constitucional en la que atribuyó facultades del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo y otra en la que destituía al vicefiscal nombrado por la fiscal general Luisa Ortega.
El miércoles 28, antes de que cayera la noche, el vicepresidente Tareck El Aissami anunció que habían hallado el helicóptero en el poblado Osma del estado Vargas, y que aún no había detenidos por este hecho.
Este jueves, el gobierno hizo una presentación el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, para que tuviera "una idea de la gravedad de lo sucedido" en las inmediaciones del TSJ y que reportaran a sus países la realidad de lo sucedido.
En el evento, en el que estuvo presente el presidente del organismo, Maikel Moreno, y el nuevo canciller Samuel Moncada, los funcionarios denunciaron que hay una campaña mediática para ocultar esta información.
En el acto estuvieron presentes diplomáticos de la República Democrática de Corea, Irán, Egipto, El Salvador, Trinidad y Tobago, así como embajadores del Reino de los países bajos, quienes hicieron un recorrido por las áreas que las autoridades aseguran que fueron objeto de un ataque.
