Tres de las cuatro empresas ligadas a un escándalo de posible lesión patrimonial por 10.1 millones de dólares por fraude en la facturación de horas de vuelo en helicóptero, contratadas a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) tienen, además, otro vínculo en común: al empresario Gabriel Gaby Btesh y la familia de la secretaria general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Mónica Rodríguez de Silva.
Btesh, del “círculo cero” del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), podría haber confiado la administración de las empresas Cabin Corp., Level One Venture Everlast Aviation (Love Aviation Inc.) y Angels Wings Life Team Inc. a la familia de Rodríguez González, ya que el hermano de Mónica Rodríguez de Silva, José Agustín Rodríguez González, es su piloto personal.
Rodríguez de Silva fue suscriptora de las dos primeras sociedades y presidenta de Angels Wings Life Team Inc. hasta el 18 de junio de 2014, cuando renunció al cargo.
A pesar de las investigación de la Fiscalía Segunda Anticorrupción por el posible peculado, Rodríguez de Silva fue nombrada en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Dos semanas después de haber renunciado a la sociedad –2 de julio de ese año– fue nombrada secretaria general en Pandeportes, con salario de 4 mil dólares.
La sociedad Angels Wings Life Team Inc. fue inscrita en el Registro Público en noviembre de 2009, cuatro meses después de haber iniciado en gobierno de Martinelli. Luego, el 14 de junio de 2010, Rodríguez de Silva compartió la junta directiva con Gaby Btesh, quien fungió como secretario de la sociedad por poco tiempo, ya que fue reemplazado en el puesto por su habitual abogada Aliedsabel González.
Hace pocos meses, y tras el escándalo, Btesh abandonó el país y en junio pasado –a través de una nota al Servicio Nacional de Migración– autorizó la salida del territorio de su hijo.
El pasado 16 de abril, la Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitó información a Rodríguez de Silva, como represente legal de Level One y Angels Wings Life Team Inc., sobre los pagos que recibieron gracias a los contratos directos recibidos.
La solicitud se basó en que “no se ubicaron los documentos que evidencien la contraprestación del servicio” al Ministerio de Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
La respuesta de la hoy funcionaria llegó el 4 de mayo de este año, al indicar que sus empresas “siempre se han caracterizado por cumplir las especificaciones y condiciones de cada contrato…”.
Durante la investigación, las autoridades detectaron que estas tres sociedades, que operan desde el hangar 17 del aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, y que adquirieron millonarios contratos directos, “no cuentan con aeronaves, certificados de explotación de servicios de aeronavegación comercial ni certificados de operación”.
PUGNA FAMILIAR
El piloto Rodríguez González y su hermana Rodríguez de Silva no eran los únicos que administraban estas sociedades. La madre de ambos, Josefa González, también es represente legal.
Al ser interrogado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, Rodríguez González aseguró que, aunque es el gerente de operaciones de Love Aviation y Cabin Corp., su “jefa inmediata” era su madre.
“Soy inocente”, dijo Rodríguez González, respecto a los cargos que se le imputaron, e indicó que Cabin Corp., Love Aviation y Aviones y Partes integran un conjunto de empresas familiares que solo prestan servicio de “intermediación para alquiler de aeronaves comerciales” desde 2003, pero que desde 2006 prestan el servicio a instituciones del Estado.
Confirmó que es piloto de helicópteros de Btesh y de Felipe Pipo Virzi, este último, recluido en su residencia, como medida cautelar, en el escándalo del fallido proyecto de Riego en Tonosí.
Reveló que Cabin Corp. “no posee aeronaves”, pero que en la pasada administración esa empresa recibió más de tres millones de dólares por servicio de alquiler de vuelos, ofrecidos una o dos veces al mes. En Cabin Corp., Rodríguez González aparece como presidente y secretario.
Ante estos señalamientos, su madre, Josefa González, afirmó a la fiscalía que no devenga salario y que su hijo fue quien le pidió que firmara como representante legal de Love Aviation.
Agregó que, aunque su hijo maneja las empresas, ella es la que firma los cheques cuando él se lo solicita.
En cuanto a las contrataciones con el PAN, la madre del piloto de Btesh insistió en que ella “nunca manejó nada”, sino su hijo.
Curiosamente, en el informe de auditoría de la Contraloría General en el que se detecta la posible lesión millonaria al Estado, se atribuyen pagos por un millón de dólares a Mónica Rodríguez de Silva, quien ahora labora en Pandeportes, a través de Angels Wings Life Team Inc. También se descubrió pagos a su madre, Josefa González, por 1.7 millón de dólares, a través de Love Aviation Inc.
¿CONTRATOS ARREGLADOS?
Una exfuncionaria del departamento de Compras del PAN relató a la fiscalía de que no se realizaban las cotizaciones, como exige la ley, porque las órdenes de compras llegaban “preparadas” de las instituciones que solicitaban el pago de los servicios de vuelos en helicópteros.
“Los expedientes llegaban armados con la factura fiscal, el visto bueno de la dirección ejecutiva y el recibido conforme”, aseguró.
El procedimiento, relató la exfuncionaria, comenzaba cuando “llegaban las solicitudes del servicio que se requería, en las cuales se pedía que se elaborara la orden de compra sin cotizar”.
Todo este procedimiento, dijo, era avalado por Rafael Guardia Jaén, quien, como director del PAN, “bajaba al Departamento de Compras y solicitaba que se realizaran las órdenes de compra con urgencia”.
Otra exfuncionaria del Departamento de Tesorería del PAN afirmó que todas estas irregularidades se cometieron en las administraciones de Giacomo Tamburrelli y de Guardia Jaén.
Todos los contratos fueron refrendados sin objeción alguna por la entonces contralora Gioconda Torres de Bianchini.
La Prensa intentó en varias ocasiones obtener la versión de la familia Rodríguez González, pero no contestaron las llamadas ni los mensajes de este medio.
Armando Fuentes, abogado de Mónica Rodríguez de Silva y Josefa González, afirmó que no estaba autorizado para responder por sus clientes.
La Contraloría determinó que varias entidades hacían todos los trámites, desde la selección del contrato, hasta la recepción del servicio de alquiler de helicópteros. Transferían los fondos al PAN para el pago de proveedores. La Contraloría advirtió que estos funcionarios estaban “evitando, de esta manera, la verificación previa por parte de la oficina de fiscalización” de esa entidad.
Igualmente, la Contraloría insiste en que el PAN recibía el expediente para proceder a elaborar todos los documentos, “simulando que todo el trámite había sido efectuado por dicha entidad, para evitar la fiscalización”.
En el Departamento de Compras del PAN también laboró Rita Fundora, esposa de José Rodríguez, quien aparecía en la planilla como asistente ejecutiva del PAN, pero se desempeñó como jefa de Compras de la institución, con salario de 2 mil 500 dólares mensuales.
Una fuente que prefirió el anonimato reveló a este medio que “ella era la encargada de hacer estas contrataciones y así favoreció a su propio esposo”.
Las excusas utilizadas para hacer estas contrataciones fueron el traslado de funcionarios para evacuaciones médicas, rescate de personas y entrega de beneficios de programas sociales.
