Un ahorro por más de $100 millones representará para el Estado el acuerdo entre el Gobierno de Panamá y el conglomerado italiano Finmeccanica para superar las diferencias legales surgidas tras la firma de contratos con sus filiales Selex, AgustaWestland y Telespazio, afirmó ayer el presidente Juan Carlos Varela.
La firma del acuerdo fue autorizada ayer por el Consejo de Gabinete y, según el mandatario, se produce luego de dos encuentros con el primer ministro de Italia, Matteo Renzi.
Exaltó el trabajo del embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, y del equipo de abogados involucrados en las conversaciones con Finmeccanica. “Con este acuerdo se defienden los intereses de nuestro país y se corrigen errores heredados del pasado”, sostuvo Varela.
Los contratos para instalar el sistema de 19 radares, la adquisición de helicópteros y un mapa digital, que sumaban casi $250 millones, se firmaron en 2010 durante la gestión de Ricardo Martinelli y fueron cuestionados por la existencia de supuestos sobrecostos y el presunto pago de $25 millones.
Con el acuerdo se da por terminado el contrato con Selex para la instalación del sistema de vigilancia costera y la empresa retirará los radares que no instaló.
El embajador Berguido explicó en conferencia de prensa los puntos del acuerdo, con los que puntualizó algunos de los beneficios.
Panamá quedará liberada de pagar 38.8 millones de euros y adicionalmente recibirá un crédito a su favor por 29 millones de euros, que se podrán utilizar para la compra de nuevos helicópteros, piezas o equipos para la flota actual.
Con relación a las comisiones por los contratos de promoción comercial pactados con Agafia, Corp., Finmeccanica asegura que dicha comisión no fue pagada, aunque para Panamá esta equivale a un sobrecosto en el precio acordado.
Dándole fin a este conflicto, Finmeccanica traspasará a título gratuito un helicóptero ambulancia a Panamá para ser utilizado en labores de rescate y ayuda humanitaria, valorado en 8.1 millones de euros.
FINMECCANICA SE LLEVARÁ RADARES Y TRASPASARÁ GRATUITAMENTE HELICÓPTERO A PANAMÁ
La conflictiva relación entre el Estado panameño y el conglomerado italiano Finmeccanica ha dado paso a un acuerdo cuyas bases se empezaron a fraguar a partir del pasado mes de noviembre.
El país desconocía las intimidades del proceso de negociación que se tejía en Italia. De hecho, la carta a la que le apostaba el gobierno era una petición de nulidad de los contratos suscritos con las filiales Selex, AgustaWestland y Telespazio, que se comprometieron a vender a Panamá 19 radares, 6 helicópteros y 1 mapa digital, respectivamente.
Panamá había denunciado que el sistema de vigilancia costera contratado con Selex “no era funcional” para la detección y captura de naves destinadas al narcotráfico.
En la Corte Suprema de Justicia, además, se alegaba la desviación de poder como causal de nulidad de los tres contratos, por haberse descubierto la existencia de una “comisión oculta” que favorecía a una sociedad anónima de nombre Agafia Corp.
El entramado de reclamos y demandas de los contratos firmados en 2010 por el gobierno de Ricardo Martinelli abrió un sinfín de desafíos que vaticinaban una batalla campal: millonarios y prolongados procesos legales en una disputa comercial que, además, conlleva para los italianos el costo reputacional y para Panamá la remota posibilidad de recuperar el dinero que el Estado había ya desembolsado, ante los inexplicables términos de unos contratos favorables a la multinacional.
El complejo escenario terminó por acercar a las partes. Fernando Berguido, embajador del país en Italia, fue quien encabezó la negociación con el Departamento Legal de Finmeccanica, considerada entre las empresas más poderosas de Italia.
Un proceso de transformación corporativa abrió la puerta del lado italiano. (Ver: La regeneración de Finmeccanica favorece al país).
La nueva línea de la empresa fue efectivamente un punto a favor de Panamá, para lograr compensaciones importantes.
El pacto revelado ayer por el Gobierno de Panamá es complejo e impacta varios de los componentes de los contratos firmados por el entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino –hoy acusado junto al exviceministro Alejandro Garuz de peculado en perjuicio del Ministerio de Seguridad Pública– y por el exministro Federico Suárez.
LOS NUEVOS TÉRMINOS
Según el acuerdo logrado por la administración del presidente Juan Carlos Varela, quedará anulado, por mutuo consentimiento, el contrato para la instalación del sistema de vigilancia costera de Selex.
La empresa retirará los radares que se encuentran en el país. Se trata de 12 de los 19 radares que componían el sistema de vigilancia y su equipo complementario.
Los siete radares que ya se encuentran instalados se quedan en Panamá y serán utilizados para cuidar las costas del país, aunque a sabiendas de que no es un equipo ni adecuado ni suficiente para la lucha contra el tráfico ilegal de narcóticos efectuado a bordo de embarcaciones pequeñas.
Precisamente, este es uno de los puntos por los cuales el Estado se rehusaba a seguir haciendo desembolsos por los radares, que le iban a costar 90 millones 521 mil euros.
El gobierno reconoce que los radares de Selex son de excelente calidad, tanto así que el Canal de Panamá, siendo el activo más importante del país, los utiliza en sus operaciones marítimas.
No obstante, el equipo que la administración de Martinelli solicitó es inadecuado para las funciones que supuestamente debían cumplir: para resguardar las costas de la penetración de lanchas pequeñas de narcotraficantes.
Las calibraciones hechas por el pasado gobierno dan cuenta de que los radares solo podían detectar lanchas en un rango de 10 millas náuticas.En términos prácticos y técnicos, con esta distancia las autoridades tienen una capacidad de maniobra casi nula si se propusiera la detección de una lancha rápida utilizada por narcotraficantes.
Además, por tratarse de un sistema de radares fijos, una vez detectada la ubicación de estos equipos, los narcotraficantes utilizarían otras rutas y los huecos en las costas que se producen entre uno y otro radar para pasar desapercibidos.
La operación de este equipo acarrea un costo enorme al país. Resulta que se requeriría de cerca de 900 personas. Serían tres unidades por tres turnos de trabajo durante todo el año, más los funcionarios del centro de acopio.
El cálculo del presupuesto operativo es cercano a los 10 millones de dólares al año, en un sistema que no funciona para detectar lanchas rápidas y tampoco para el combate al narcotráfico.
Con estos números a cuestas era evidente que si se decidía anular el contrato con esta empresa, los siete radares que le quedaban a Panamá, a cambio del monto desembolsado (51.7 millones de euros), era muy poco teniendo en cuenta que el resto del equipo debe regresar a sus respectivas cajas de importación a Italia.
LA PARTE ECONÓMICA
Ahí empieza el forcejeo en las negociaciones. Qué tanto estaba dispuesto a dar cada lado. Aquí lo acordado:
1. Primero, Panamá quedó liberada de pagar 38.8 millones de euros .
2. Recibirá un crédito adicional de 29 millones de euros que podrá utilizarse para la compra de equipo que realmente se necesite.
3. El crédito se determinó en función del total recibido por Selex, menos el valor de las infraestructuras ya realizadas, que son traspasadas a Panamá, así como el monto desembolsado por la empresa para la reparación de cinco naves donadas por Italia.
Las lanchas referidas en el acuerdo fueron donadas a Panamá por el Gobierno italiano, encabezado en ese momento por Silvio Berlusconi, para combatir el narcotráfico y para labores de rescate, como parte de los tres contratos que firmó el gobierno en la era Martinelli con Finmeccanica.
El expresidente panameño aducía que el valor de esas lanchas era de 300 millones de dólares, y se sabe ahora que si acaso llega a los 25 millones de euros.
HELICÓPTEROS
En lo que respecta a AgustaWestland, el acuerdo incluye la aceptación final de su contrato tras recibir los seis helicópteros en estos momentos utilizados por el Servicio Nacional Aeronaval.
MAPA DIGITAL
Se acordó también renegociar el contrato con Telespazio y darle paso a una adenda para concluir el mapa digital del territorio nacional, que al momento de su suspensión tenía un 80% de ejecución.
La adenda con Telespazio incluirá un mapeo más profundo del territorio nacional.
En 2011, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) había solicitado un “mapeo por radar sintético en banda P”, que permite registrar imágenes a ras de suelo, y por debajo de la copa de los árboles.
No obstante, el trabajo que ya estaba en marcha por Telespazio nunca se formalizó de forma contractual.
También se establecerá un centro de procesamiento de imágenes, y parte del costo extra que generan estos nuevos componentes serán compensados con el crédito que Selex le reconoce a la República de Panamá.
LA ‘COMISIÓN’
El tema más sensitivo de la relación con Finmeccanica es el de unas comisiones que la compañía Agafia Corp. recibiría en concepto de “contrato de promoción comercial”.
Agafia no formaba parte de la ecuación formal entre Panamá y las filiales de Finmeccanica. Sin embargo, estas suscribieron contratos para el pago de supuestas comisiones por el equivalente al 10% del precio neto de venta a favor de Agafia.
Según el actual Gobierno de Panamá, la operación constituye una desviación de dinero ante el supuesto pago de “coimas” en los contratos que suscribió Panamá con Finmeccanica, lo que dio pie para solicitar el año pasado la nulidad de los acuerdos ante la Corte Suprema de Justicia.
La justicia italiana, por su parte, considera que se trata de una “comisión oculta” a través de la sociedad panameña Agafia, que debía beneficiar, según ellos, al expresidente Martinelli y a su amigo Valter Lavítola, quien acumula dos condenas en Italia y mantiene otros dos procesos abiertos en su país por corrupción internacional, entre otros delitos.
Para el embajador Berguido, cualquier acuerdo al que se pudiera llegar “tenía como requisito mínimo, además del retiro de los radares, incluir el tema de las comisiones de Agafia. Para los panameños, esas comisiones son un sobrecosto”.
Finmeccanica ha manifestado que dicha comisión no fue pagada, por lo que Panamá insistió en que, si era así, ese monto había que devolvérselo a los panameños, de alguna manera.Para poner fin a la controversia, la multinacional decidió traspasar a Panamá un helicóptero ambulancia para labores de rescate.La aeronave, con un valor de 8.1 millones de euros, sella las diferencias suscritas con el grupo y permite restablecer la relación comercial entre las partes.El helicóptero tiene un valor equivalente a lo que hubiera sido el monto de la comisión de Agafia, según el precio de los helicópteros y el mapa digital. No solo se recibirá la aeronave, sino el entrenamiento para los pilotos, el mantenimiento por tres años, que es el periodo de garantía, y la reposición de piezas.
CONDICIÓN JURÍDICA
Este pacto únicamente tiene competencia en la esfera comercial, lo que implica que, con independencia de este acuerdo, tanto el Estado panameño como Finmeccanica se comprometen a colaborar en los procesos penales que se adelanten en Panamá e Italia surgidos a raíz de los contratos.
Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender provisionalmente los contratos suscritos entre el Estado panameño y las empresas Selex y Telespazio, con el fin de evitar que los efectos del contrato ocasionaran un perjuicio de imposible reparación para la colectividad, ya que podía verse afectado el patrimonio de la Nación por la demora en la decisión de fondo, que en este caso era la demanda de nulidad.
Con base en las pruebas recopiladas por este escándalo, el Estado panameño demandó en agosto de 2015 la nulidad de los contratos de radares con Selex y del mapa digital con Telespazio.
Una de las condiciones del acuerdo es el levantamiento de la suspensión provisional ordenada por la Corte en los contratos de Selex y Telespazio, y que la Sala Tercera decida que, en vista del acuerdo, ha habido sustracción de materia y de por terminados los procesos.
Ayer, el Consejo de Gabinete aprobó el acuerdo, lo que marca el inicio de varios trámites para que este sea efectivo.
Este pacto debe pasar por el tamiz de la Contraloría General de la República, que otorgará su refrendo, previo a recibir el escrutinio de la Procuraduría de la Nación.
PROCURADURÍA DE LA NACIÓN
En tanto, el Ejecutivo, que fue quien presentó la demanda de nulidad de los contratos, debe solicitar el levantamiento de las medidas cautelares.Cuando esto ocurra se empezará a ejecutar lo pactado: se anula el contrato de Selex, se hace una adenda para ejecutar los trabajos adicionales de Telespazio y se firma la promesa a un título gratuito del helicóptero - hospital que recibirá el país en restitución de las comisiones pactadas para Agafia.
