Diez meses después de que el entonces director General de Ingresos, Luis Cucalón, firmó un contrato directo con Cobranzas del Istmo, S.A. para actuar como “gestor de cobro” a fin de recuperar la morosidad tributaria, los comerciantes del país fueron obligados a comprar las polémicas impresoras fiscales.
La medida –dijo Cucalón– pretendía mayor control y reducir la evasión fiscal del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS). “Con esta medida se elevarán los ingresos del Estado entre $250 millones y $300 millones al año”, justificaba Cucalón.
Lo que no dijo era que tras esa iniciativa habían empresarios locales –conocidos por su cercanía al poder– que engrosararían sus cuentas bancarias, gracias a Cucalón, que los autorizó a vender estos dispositivos, cuyos precios alcanzaban hasta los $1,500.
NEGOCIOS PARA EL SOCIO
Uno de ellos fue Cristóbal Salerno Ballestas –otrora socio de Cucalón– que también incursionó en este negocio junto a su hija María Alessandra Salerno Gómez, apoderada de Cobranzas del Istmo, compañía que facturó otros $47.1 millones en comisiones por el cobro de impuestos morosos, cuya gestión está en serias dudas.
Salerno Ballestas y su hija se asociaron para vender impresoras fiscales con Gabriel Gaby Btesh –un conspicuo amigo del expresidente Ricardo Martinelli– y socio del empresario Felipe Pipo Virzi.
Btesh y los Salerno estuvieron vinculados en la sociedad Real Space Corporation, que se asoció con la empresa The Factory HKA Panamá, de capital venezolano. Esta última empresa tenía experiencia internacional en la venta de equipos fiscales.
Real Space Corporation estuvo representada por Ailedsabel González, abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi que inscribió en el Registro Público el famoso relleno de Paitilla.
Como presidente de la sociedad fue designado un empleado de Salerno Ballestas que, coincidentemente, gestionó la compra –por $1.4 millón– de las oficinas de Cobranzas del Istmo, en el edificio H2O, en la avenida Balboa, también de Btesh.
AFORTUNADOS
El 8 de junio de 2011, la Dirección General de Ingresos (DGI) –a través de la resolución 201-6216– autorizó a The Factory HKA Panamá a vender impresoras fiscales, una vez que la abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi se convirtió en accionista.
Esta fue una de las primeras compañías que recibió el aval de la DGI para emprender este negocio que, a la postre, les representó facturaciones millonarias.
Cucalón advirtió a los comerciantes que los equipos fiscales eran de uso “obligatorio” y a aquellos que se rehusaran a comprarlos serían sancionados con multas de hasta 15 mil dólares.
Como era de esperarse, la resolución que autorizó a The Factory HKA Panamá a vender impresoras fiscales no fue firmada por Cucalón. En su lugar, lo hizo Esmeralda George, por entonces directora encargada de la DGI (ver facsímil). Y la razón de ello es que Cucalón tuvo vínculos comerciales con Salerno Ballestas como, por ejemplo, en la sociedad NBA Store Panamá, S.A., y en IDS Holding, tenedora de las acciones de la fallida Sears Panamá.
Cucalón dijo ayer a La Prensa que The Factory HKA Panamá logró la aprobación de la DGI luego de tener el aval de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Y, al igual que dijo desconocer a los accionistas de Cobranzas del Istmo, declaró ignorar que Gaby Btesh estuviese vinculado a esta empresa.
Pero no solo Btesh vendió impresoras fiscales. Desde uno de los locales ubicados en la plaza del Súper 99, en Costa del Este, también operó una compañía que recibió autorización para distribuirlas.
Se trata de una empresa en la que aparece como dignatario Ulises Dioger González, padre de la exdirectora de Migración María Cristina González. Dioger González es dignatario de una multiplicidad de sociedades anónimas que le pertenecen al expresidente Martinelli y a su familia.
DE SOCIOS A ENEMIGOS
El negocio de The Factory HKA Panamá prosperaba hasta que el 7 de marzo de 2012, el Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Civil de Panamá decretó un secuestro de hasta de $3 millones sobre sus bienes.
Real Space Corporation adujo que sus socios venezolanos incumplieron un “contrato de comisión” y que ese hecho, les produjo “graves daños y perjuicios cuantiosos”.
El supuesto contrato, según la demanda interpuesta por la abogada de Btesh, dice que los socios panameños “elaborarían e implementarían toda una política de venta de los equipos a cambio de “comisiones”.
“De la noche a la mañana, teniendo todo en regla, esta gente nos secuestró la oficina y todos los bienes; nos sacó de la misma utilizando policías del Estado, funcionarios del Ministerio de Trabajo, y nos demandaron por un supuesto contrato, que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo a La Prensa una directiva de la compañía.
Tras el secuestro, el Juzgado Décimo Tercero designó a un administrador judicial que, a la postre, demandó a Salerno Ballestas por falsificarle la firma en una nota dirigida a Multibank para negociar un cheque de $284 mil. Sorpresivamente, el cheque terminó en la cuenta bancaria de otra sociedad de Salerno.
Cucalón afirma ser millonario desde hace años
Luis Cucalón, exdirector general de Ingresos, también probó del sueño de la casa propia. Aunque, al parecer, no fue una, sino varias, ubicadas en exclusivos sectores de la capital. Cucalón renunció al cargo luego del escándalo de los supuestos cobros ilegales de Cobranzas del Istmo, que acumuló una facturación de $47.1 millones entre 2010 y 2014.
Exactamente dos meses antes de la firma del contrato con Cobranzas del Istmo, el 25 de junio de 2010, se inscribió a favor de la sociedad M.B. Panama Village una propiedad en Punta Pacífica, por más de $324 mil, de los cuales se pagaron $166 mil por adelantado y el resto a través de un préstamo hipotecario.
M.B. Panama Village –creada 31 días después de que empezara el gobierno de Ricardo Martinelli en 2009– tiene como dignatarios a dos de los hijos de Cucalón y a su pareja, la colombiana Dora Luz Morales. Dos años más tarde, en diciembre de 2012, M.B. Panama Village traspasó el bien, al mismo precio que lo adquirió, a la sociedad Aramo Fiduciary Services Inc., a través de la figura del fideicomiso. Se advierte en el trámite de que Cucalón acepta ser el “fiador solidario e ilimitado” de la deuda adquirida por Aramo Fiduciary. El lujoso apartamento está ubicado justo al lado del Trump Ocean Club, en el edificio Pacific Village.
En 2013, entre abril y agosto, familiares de Cucalón vendieron tres apartamentos en $284 mil, a través de sociedades anónimas. Uno de los apartamentos, vendido a Inversiones Gomsi, tiene como directora a Rossana Kwai Ben, hermana de Lilia Kwai Ben, exesposa de Cristóbal Salerno, de quien se sospecha está vinculado a la empresa Cobranzas del Istmo. La propiedad, vendida en $110 mil en abril de 2013, se pagó sin mediar préstamo hipotecario. Un mes antes, Raúl Cucalón, hermano del exfuncionario, también compró en un mismo día –el 4 de marzo de 2013– dos propiedades por la suma de más de $336 mil sin préstamo alguno.
Ambas propiedades, ubicadas en el edificio P.H. Quartier, en San Francisco, fueron adquiridas a través de las fundaciones Rijel y Jelia. Cucalón afirmó a La Prensa que sus bienes provienen de su patrimonio. Alegó que adquirió esos inmuebles “con la plata que yo tengo desde 1998, cuando vendí mi financiera en $7 millones al Primer Banco del Istmo”.
Confirmó que su residencia está ubicada en el edificio Pacific Village y negó haberle comprado apartamentos u oficinas a Gabriel Btesh o a Cristóbal Salerno. Se distanció de su “socio” Salerno, al indicar que no se han comunicado tras el escándalo de Cobranzas del Istmo.
