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Contraloría refrenda cuestionados contratos a la sombra de la pandemia

Contraloría refrenda cuestionados contratos a la sombra de la pandemia
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Cuatro meses después de que los contratos fueran enviados por primera vez a la Contraloría General de la República, esta entidad refrendó el alquiler de camiones volquete y retroexcavadoras por casi $20 millones. El paquete de 10 contratos fue razón de cuestionamientos por posibles sobrecostos.

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La Contraloría no refrenda contratos de la AAUD; los devuelve para subsanarLa AAUD y la Contraloría se niegan a responder AAUD gastará cerca de $20 millones en contratos directos

Los contratos estaban en gestión desde finales del año pasado por parte de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud). Los contratos corresponden al alquiler de equipo pesado para ayudar con la recolección de residuos en el distrito capital.

Inicialmente, los contratos fueron enviados a refrendo por el director general de la Aaud, Pedro Castillo, en diciembre de 2019. Para ese entonces, el ex-contralor Federico Humbert, quien iniciaba su último mes en el cargo, se los rechazó a la institución. El paquete de contratos fue reenviado a Contraloría el 3 de enero, un días después de que el actual contralor, Gerardo Solís, asumiera el cargo.

El pasado 12 de febrero, la Contraloría emitió un comunicado en el que informó que los contratos serían reenviados a la Aaud para subsanación. En ese momento no se especificó qué aspectos del contrato debían ser subsanados.

Solo se dijo que Solís “advirtió a los funcionarios de la Aaud que la Contraloría ha fortalecido la fiscalización preventiva, con el propósito de asegurar el buen uso de los bienes y fondos públicos…”. Ahora, mes y medio después de esa última devolución -y en medio de la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus- el paquete de 10 contratos fue exitosamente refrendado por Solís.

Según el sistema digital de consulta de la Contraloría, los 10 contratos fueron refrendados el pasado 24 de marzo en horas de la mañana por esa institución. La Aaud eligió a las empresas a través de procedimiento excepcional, es decir, por contratación directa.

Según los contratos elaborados y publicados en el portal Panamá Compra, el uso de los camiones y retroexcavadoras será para atender las necesidades de recolección en Panamá Este y Panamá Norte.

En total, la Aaud alquilará 27 retroexcavadoras y 67 camiones volquetes por un periodo de un año. A pesar de que ninguno de los contratos sobrepasa el costo total de $3 millones, las 10 empresas presentan exactamente el mismo precio de alquiler para los equipos.

La investigación publicada por La Prensa en febrero pasado reveló que, a precio de mercado, era más costoso para el Estado alquilar el equipo que comprarlo. En el pasado, el Gobierno licitó la compra de equipos similares a los que la Aaud decidió alquilar.

Es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). En febrero de 2019, este ministerio celebró una licitación para comprar un camión volquete con las mismas especificaciones de los que ahora pretende alquilar la Aaud.

El Miviot recibió cinco propuestas con precios que oscilaban entre $87 mil y $163 mil por unidad. Ahora, la Aaud pretende alquilar 64 camiones volquete. El precio total de compra –pagando al precio más alto, es decir $163 mil cada uno– sería de $10.4 millones. En cambio, la Aaud pagará por su alquiler —y por apenas un año— $13.9 millones.

La noche de hoy 11 de abril, la Auud publicó a través de su cuenta de Twitter un comunicado donde detallan los cambios que se le hicieron a los contratos para la subsanación que pidió la Contraloría. Según esa entidad, los contratos pasaron de contratar equipo pesado a un precio por hora, a contrataron en función a tonelada de residuo recolectada.

Por su parte, en un comunicado, con fecha del 9 de abril, la Asociación de Distribuidores de Maquinarias (Adima) reitera que entre el 13 de diciembre de 2019 y el 14 de febrero de 2020, en reiteradas ocasiones “advirtieron” a la Contraloría y a la Aaud “de la existencia de sobreprecios y otras irregularidades” en los contratos en cuestión.

En el comunicado, el cual está firmado por la Junta Directiva, manifiestan que las contrataciones reflejan un sobrecosto aproximado de 300%. “Nuestras advertencias fueron ignoradas”, se quejan en el comunicado, y agregan que esta situación deja en evidencia un “posible mal manejo de los fondos públicos”.



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