Mitchell Doens, querellante en el proceso de las escuchas telefónicas, advierte de ofrecimientos de dinero y hasta amenazas a las víctimas.
AUDIENCIA
La presencia del expresidente de la República Ricardo Martinelli en la audiencia de acusación, que se realizará el próximo viernes 11 de diciembre, no solo será clave en el avance del proceso que se le sigue por la interceptación de comunicaciones durante su gobierno. Pero, otro aspecto relevante será la suerte del pedido de la defensa del exgobernante para que se les suministre las generales del testigo protegido del caso.
Ante esta solicitud hecha por el abogado Leonardo Paul, el fiscal a cargo de este proceso, el magistrado Harry Díaz, fue enfático: “No las daré [las generales], sino hasta que la acusación se formule delante de Ricardo Martinelli”.
Díaz negó, el pasado viernes 4 de diciembre, el pedido de la defensa del exmandatario y la petición del magistrado de garantías Jerónimo Mejía, para que ampliase y fuera más específico del porqué no daría los datos del testigo.
En la nota enviada el viernes, Díaz argumenta que decidió mantener la reserva absoluta del testigo protegido y explica que su decisión se da luego de recibir llamadas de algunas de las víctimas y querellantes preocupados porque indican que “están recibiendo llamadas de personas allegadas al señor Martinelli con planteamientos que los hace sentir temor por la seguridad e integridad física de la persona identificada como el testigo protegido”.
El magistrado, luego de tomar esta decisión, se reunió el mismo viernes con los querellantes del caso por segunda vez para analizar todos los escenarios legales, las respuestas y la posición que asumirán ante las posibles situaciones que se den en la audiencia.
'NO HIZO LO CORRECTO'
Ante la petición de Mejía, de que Díaz ampliara los motivos del porqué no suministró las generales del testigo protegido, el abogado Raúl Olmos, experto en el manejo del sistema penal acusatorio, manifestó que el magistrado juez “no actuó correctamente al enviar esta solicitud por escrito”.
“En principio los jueces en el sistema penal acusatorio todo lo deciden en audiencia. Si la defensa pide algo y es una cuestión que se refiere al derecho de defensa, el juez de garantías tiene que abrir la audiencia para que decida ese tema, no de manera escrita”, precisó.
Manifestó que si Mejía envió la nota, debe ser que optó por ese mecanismo, “pero no me parece correcto, porque de acuerdo al artículo 73 del Código Procesal Penal, todo se debate en una audiencia pública y oral. Esto incluso pudo haberse tratado en la audiencia del 11 de diciembre”, precisó.
Para Samuel Quintero, otro abogado experto en el manejo del sistema penal acusatorio, el magistrado juez sí puede pedir la ampliación para que el fiscal justifique el porqué se va a mantener en el anonimato al testigo protegido.
“Debe explicar que hay elementos e indicios de que en realidad esa persona corre un riesgo. El fiscal tiene que tener algún motivo fundado del porqué se reservará la identidad del testigo”, sustentó.
Consideró que el fiscal Díaz hizo lo correcto al no suministrar los datos personales del testigo y enfatizó que en el evento de que el juez le hubiese ordenado revelar esa identidad, el fiscal tenía la posibilidad de interponer una acción de amparo de garantías constitucionales porque se viola precisamente la seguridad del testigo.
Incluso, según la interpretación legal de Quintero, las partes pueden conocer a través de su investigación privada o sospechar quiénes son los testigos protegidos y el fiscal no tiene por qué comunicárselos, porque perdería la condición del testigo protegido. “La figura del testigo protegido es durante todo el proceso”, enfatizó.
HAY AMENAZAS
De acuerdo con el ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático Mitchell Doens, quien es una de las víctimas y querellantes del caso, el fiscal no tiene por qué revelar la identidad del testigo, sino hasta el día de la audiencia.
“Yo pienso que el magistrado Díaz está procediendo de manera correcta, porque de darse la identidad de esta persona podría correr peligro su vida”, indicó.
“Estamos frente a una mafia que es capaz de todo ante los objetivos que persiguen de no enfrentar la justicia”, advirtió.
Doens exigió a Martinelli, quien salió del país desde el 28 de enero de este año, que venga a dar la cara el día de la audiencia para que se conozca toda la verdad. “Si Martinelli no se presenta, entonces se le debe declarar como un prófugo o una persona rebelde y allí lo que procede es que le pidan a las autoridades norteamericanas que lo manden de vuelta a Panamá a través de la Interpol con una alerta roja, por que ya es suficiente burla al país lo que viene haciendo este señor”.
En el gobierno de Martinelli se espiaron las comunicaciones de al menos 150 personas desde el Consejo de Seguridad Nacional, incluyendo a activistas de la sociedad civil, políticos, periodistas y empresarios.
