Pese a las denuncias de la Defensoría del Pueblo y de expertos en materia carcelaria que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos en la prisión de máxima seguridad de Punta Coco, situada en la isla del Rey, en el Archipiélago de Las Perlas, el Gobierno enviará más detenidos a ese penal.
Entre los reos que serán enviados a esta isla resaltan al menos siete, a quienes se les vincula con narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo y homicidios.
Punta Coco está en la base aeronaval homónima, a 107 kilómetros de las costas de la ciudad de Panamá, bajo responsabilidad exclusiva del Ministerio de Seguridad Pública.
Desde junio pasado ya están en ese penal Azael Ramos, Carlos Mosquera, José Cossio, Clifford Alfonso Hilton Patterson y Henry Alexander Martínez.
De este grupo sobresale José Cossio, quien tiene un amplio prontuario policial. El pasado 30 de abril fue deportado desde Costa Rica y transportado a Panamá en el avión presidencial.
En tanto, Carlos Mosquera fue vinculado en marzo de 2015 con el decomiso de 320 kilos de cocaína en una finca de Sajalices, Chame. Supuestamente, pertenece a una red dedicada al “tumbe” (robo) de drogas.
Mientras, Azael Ramos se fugó en 2010 del Hospital Santo Tomás: enfrenta cargos por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.
OTROS CANDIDATOS
Entre los reos que serán enviados al penal están el líder pandillero Jorge Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo; Jossimare Sheffer Muñoz y Virgilio Magallón, supuestamente implicados en los homicidios de dos niños y sus padres, registrados el 14 de septiembre de 2014 en San Antonio, La Chorrera.
Asimismo, Danyelo Dayan Ramírez, presuntamente vinculado con el robo de $2.4 millones al Banco de China en Colón; y el italiano Mirko Michelle Cito, requerido en ese país por disparar contra cuatro personas en el año 2006.
Además, el costarricense Fernando Montoya, investigado por tráfico de armas; Eduardo Macea y Ricardo Malcolm.
DEFENSORA SE OPONE
La defensora del Pueblo, Lilia Herrera, denunció que la cárcel de Punta Coco viola los derechos humanos y por ello solicitó su inmediata clausura.
“Hemos llegado a esta conclusión, al constatar la condición cruel, inhumana y degradante en que los mantienen encerrados las 24 horas del día en celdas que carecen de ventilación. El calor es insoportable, la proliferación de mosquitos es inevitable, sin derecho a la comunicación, manteniéndoles alejados del mundo exterior, en un total encierro y con problemas de salud sin recibir atención médica”, señala un informe de la entidad, elaborado tras una visita al penal.
Dicha inspección se dio tras una denuncia que recibió la Defensoría del Pueblo de los familiares de los detenidos, quienes indicaron que los reclusos fueron trasladados a Punta Coco sin notificación previa.
Según el informe, los internos argumentan que los abogados que los han visitado han tenido que pagar hasta $3 mil para llegar en helicóptero a Isla Esmeralda, y $500 más para llegar en lancha hasta Punta Coco.
De acuerdo con la Defensoría, el reclusorio tiene dos cercas perimetrales y dos torres de vigilancia. Las celdas tienen un sanitario de metal, un espacio para ducha, lavamanos, una cama de cemento y encima una colchoneta. Además, las paredes carecen de ventilación, debido a que todas son de concreto. Las puertas son de metal con una pequeña ventana por donde les pasan los alimentos.
El informe también resalta que a los detenidos se les concede 40 minutos de patio, aunque no todos los días, sino cuando necesitan lavar su ropa. No todos salen a la vez, sino uno a uno, para evitar comunicación directa entre ellos.
El encargado de la cárcel, el teniente Martínez, le explicó a la Defensoría del Pueblo que el lugar cuenta con una clínica, en la que hay un paramédico durante las 24 horas.
En cuanto a las visitas, el informe destaca que uno de los abogados de los reclusos fue revisado de forma denigrante. El jurista señaló que lo desnudaron, porque si no, no le permitirían visitar a su cliente.
Según el informe, la operación del penal viola los artículos 17, 22, 28 y 109 de la Constitución de la República de Panamá.
Estos artículos hacen referencia al deber que tienen las autoridades de proteger la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros que estén bajo su jurisdicción.
También señalan el deber de informar a las personas, de forma clara, las razones de su detención.
Igualmente, según la Defensoría, se viola la Ley 55 del 30 de julio de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario, debido a que este tipo de penal no está amparado en esta legislación.
De hecho, no está bajo el paraguas del Sistema Penitenciario (Ministerio de Gobierno), sino del Ministerio de Seguridad Pública.
VIOLA CONVENIOS
Para el experto en derechos humanos Roberto Troncoso, una cárcel como esta viola convenios y pactos internacionales.
Precisamente, el informe de la Defensoría del Pueblo detalla que la cárcel viola la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; la Convención contra la tortura, y otros
tratos crueles, inhumanos y degradantes; y las normas para el tratamiento de los reclusos.
Troncoso advirtió que en este tipo de cárceles, que funcionan en islas, el privado de libertad no tiene acceso a la justicia y ese es un principio fundamental de los detenidos en materia de derechos humanos.
Recordó que la tendencia mundial, después de un acuerdo de las naciones del mundo, fue cerrar las cárceles que funcionan en islas; como por ejemplo Alcatraz, en Estados Unidos, y otras en países de Europa que se han clausurado.
En 1994, cuatro años después de la caída de la dictadura militar, fue clausurado en Panamá el penal que funcionaba en isla Coiba, usado para torturas y otras violaciones de los derechos humanos de los detenidos.
LA CONTRAPARTE
El ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, sostuvo que no ha leído el informe de la Defensoría del Pueblo, pero aseguró que la cárcel garantiza el respeto de los derechos humanos.
Precisó que los detenidos son llevados allá cuando existe peligro grave, actual e inminente, que afecte la vida o la integridad física del privado de libertad, o uno de sus compañeros o de terceros no recluidos.
Para Aguilera, se trata de una medida para alejar a estos reos de sus pandillas.
“Se puede trasladar al privado de libertad, respetando sus derechos humanos”, aseguró el ministro.
Asimismo, Aguilera confirmó que la custodia de los detenidos en todo el perímetro es responsabilidad de funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), estamentos armados de la fuerza pública que están bajo su responsabilidad.
Como se dijo, el propio director del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón, aseguró que las celdas que funcionan en la cárcel de Punta Coco no están bajo la administración del Ministerio de Gobierno, sino a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, específicamente del Senan.
