Un nuevo caso por los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht debería ser iniciado por el Ministerio Público (MP), a raíz de las revelaciones surgidas en el proceso contra los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en una corte de Nueva York, Estados Unidos.
El pasado 6 de mayo, en dos notas dirigidas al juez federal del Distrito Este de Nueva York, Raymond Dearie, los tres fiscales principales en el caso judicial contra los hermanos Martinelli Linares informaron que estos empresarios panameños habían blanqueado 28 millones de dólares de coimas pagadas por Odebrecht usando la moneda y el sistema financiero estadounidense (lo que daba pie al caso en Nueva York) y el equivalente a otros 30 millones de dólares, pero en euros.
De acuerdo a una fuente con conocimiento de la investigación de los casos de Odebrecht en la justicia panameña, la empresa “no nos dijo toda la verdad”. Panamá entró a la carrera al proceso de delación, a pesar de que se sospechaba que la empresa no decía toda la verdad. La fuente acotó que los fiscales panameños trabajaron con sus colegas de Estados Unidos, Brasil, Suiza y Andorra. “Las interrupciones del Órgano Judicial impidieron conseguir más pruebas de afuera”, explicó. Debido a esta situación, agregó, se acortó el tiempo para conseguir pruebas, sobre todo internacionalmente.
Cada vez que el Ministerio Público intensificaba sus esfuerzos para obtener más pruebas de parte de Odebrecht, había reacciones en contra. “Cuando la fiscalía empezó a exigir a la empresa por esto, el Órgano Judicial empezó a trancar el caso”, afirmó la fuente.
En la investigación llevada a cabo en Panamá quedó por fuera lo relacionado a la fase uno de la cinta costera y a la autopista Madden, ambos proyectos ejecutados por Odebrecht en el gobierno del presidente Martín Torrijos (2004-2009). “Lástima que Dominica nunca respondió a las asistencias judiciales de Panamá”, acotó la fuente. Este país caribeño era la sede del banco desde el cual Odebrecht gestionaba gran parte de sus sobornos.
‘La multa fue un error’: Caraballo
El procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, aseguró que la multa de $220 millones, pagaderos a 12 años, impuesta a Odebrecht en 2017, “fue un error”, ya que este monto debió ser superior. En una entrevista con este diario publicada el pasado 11 de mayo Caraballo dijo lo siguiente: “A mi criterio, fue un apresuramiento, un error en llegar a un acuerdo cuando todavía no se tenía todo el panorama claro de la incidencia delictiva de la empresa”. Agregó que la ley no permite revisar el acuerdo, dado que fue convalidado por un juez. Además, Caraballo informó que el próximo 18 de julio, cuando se tiene previsto el inicio de la audiencia del caso Odebrecht, enviará a los fiscales que tengan una mayor proyección y facilidad de explicación técnico jurídica para que sustenten una vista fiscal que tiene 810 tomos y 22 anexos. Ello luego de que le diera otras funciones a las fiscal Tania Sterling, quien junto a Zuleyka Moore y Ruth Morcillo, estaban al frente de un equipo de 10 fiscales que atendieron el caso. De ese grupo solo queda Morcillo.
La cifra original de los sobornos de Odebrecht se calculó en $59 millones, por la información que habían proporcionado los fiscales de Estados Unidos, en diciembre de 2016. Por eso el monto de la multa en Panamá fue el doble ($120 millones), más $100 millones por el uso del sistema bancario panameño. En total, $220 millones a pagar en 12 años.
Pero ahora, gracias a las notas de los fiscales de Nueva York, se conoce que solo Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares habrían recibido, por lo menos, $58 millones en fondos de Odebrecht, un millón menos de lo anunciado por el Departamento de Justicia estadounidense en diciembre de 2016.
Hay que tomar en cuenta que los hermanos Martinelli Linares son apenas dos de los 62 imputados en el caso que en Panamá lleva la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Un sistema cuestionado
Ana Matilde Gómez, procuradora general de la Nación hasta el año 2010, considera que no fue el Órgano Judicial o el Ministerio Público los que no pudieron manejar la investigación de Odebrecht, sino el sistema inquisitivo mixto. Para la jurista, era claro que el país no estaba preparado para manejar tantos casos de corrupción simultáneamente.
“El sistema inquisitivo mixto permite una gran cantidad de acciones que no tienen ningún fundamento, pero que la norma lo permite, acciones de la defensa que son evidentemente dilatorias y de una deslealtad procesal tan evidente, pero que por el volumen de imputados, de folios, etc., definitivamente el sistema nuestro no contaba con los recursos suficientes para atacar a la vez tantos casos de corrupción de un solo gobierno”, opinó.
Otro ángulo que destaca Gómez es que el caso Odebrecht no es un problema del sistema de contrataciones públicas, ni del Órgano Judicial o del Ministerio Público, ya que el énfasis de la solución está en otra parte.
“El principal correctivo que hay que hacer es sacar los dineros privados de las campañas electorales, porque todo comienza con los compromisos que se establecen una vez que se quiere participar en la política, y aquellos que ganan elecciones sin estar en las papeletas son los que ponen fuertes, grandes, enormes sumas de dinero en campañas políticas, precisamente para tener la puerta abierta y la posibilidad de contratar con el Estado”, agregó.
Una vergüenza nacional
Gómez califica como “una vergüenza nacional” el hecho de que los hermanos Martinelli Linares se hayan declarado culpables por el delito de blanquear coimas pagadas por Odebrecht en favor de un “alto funcionario del gobierno de Panamá, que es un pariente cercano” y que en Panamá no se haya podido hacer ni siquiera la audiencia preliminar del caso (está programada para el 18 de julio).
“Nos enrostra varias deficiencias y nos deja como una burla internacional, porque dos y dos son cuatro. La ecuación está casi perfecta o casi completa. ¿Para quién podrían lavar dinero los hijos si ellos no ocupaban un cargo público?”, preguntó.
La exprocuradora considera que existe suficiente justificación para que el Ministerio Público abra una investigación sobre las revelaciones del caso de los Martinelli Linares en Nueva York. “¿Que debería ocurrir? Que mínimamente se dé un acercamiento extraoficial para luego mandar cartas formales en las que se pide información que permita saber si ese dinero que se lavó en euros salió de bancos de Panamá. Es decir, ¿dónde se cometió el delito? ¿La coima se recibió en Panamá y se lavó en bancos europeos? O, ¿el pago fue directamente depositado en Europa?”, señala.
Agrega que “hay que verificar que ese dinero que se pagó en euros no sea también el resultado de actos públicos celebrados en Panamá, porque aunque el pago se haya hecho en euros que hayan depositado directamente en Europa, Panamá puede abrir la investigación por aquel acto que permitió el pago”.
De ese modo, la evidencia obtenida por los fiscales estadounidenses puede ser convertida, por medio de la asistencia judicial internacional, en evidencia para un nuevo caso Odebrecht en Panamá. Las coimas ocultadas, los proyectos adjudicados a la constructora brasileña que no han sido investigados apropiadamente, como el Metro de Panamá, mencionado por los fiscales de Nueva York, necesitan ser examinados a la luz de estas nuevas pruebas. Panamá necesita saber la verdad, toda la verdad sobre los sobornos de Odebrecht.
