Panamá no ha retirado la petición de restitución de bienes presentada a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, dentro del proceso seguido a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, confesos de haber conspirado para blanquear $28 millones en coimas de Odebrecht, a través del sistema financiero estadounidense.
El procurador (encargado) de la Nación, Javier Caraballo, indicó a La Prensa que el pedido de restitución, presentado en diciembre pasado a través de la Cancillería, está vigente y no se ha retirado. La intención de Panamá es compartir los bienes decomisados.
La duda sobre la prosperidad de este reclamo surge después que los fiscales en Nueva York informaran por escrito que las autoridades panameñas “están considerando retirar esta solicitud, para desarrollar más pruebas como parte de este proceso”. Pero Caraballo fue rotundo: “hasta este momento, no estamos considerando retirarlo”. No obstante, reconoció que se están considerando otras “posibilidades”.
“Ellos [los fiscales de Nueva York] nos están sugiriendo otras vías, que estamos estudiando. Una vía no es retirar, sino simplemente que ellos pidan al juez diferirlo, es decir, que primero se dicte la sentencia y luego entramos en una audiencia para decidir qué se hace con el dinero. Lo segundo es que nos vayamos por otra vía, que no es la restitución, sino compartir el dinero que se obtenga del caso. Es lo que pasó con el caso Speed Joyeros. Fuimos bien claros en decir que esa alternativa habría que verla en blanco y negro, pero mientras tanto, sigue la restitución”, remarcó.
El escollo que ha encontrado Panamá en su pedido de restitución es que Estados Unidos requiere una prueba de que el dinero blanqueado por los Martinelli Linares “proviene de las arcas del Estado panameño y que ese dinero fue producto de actos de corrupción”.
“Hemos tenido algún problema para poder demostrar, a través de documentos, que esos $28 millones salen exactamente de estos contratos. Amén de que hay dos o tres contratos que la Contraloría estableció que no causaron perjuicio. Entonces, todo este tema probatorio está atrasando a los fiscales”, señaló Caraballo.
El procurador habló de estos temas cuando faltan ocho días para que el juez federal Raymond Dearie dicte sentencia a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Actualmente, Ricardo Alberto y Luis –-de 42 y 40 años de edad, respectivamente– se encuentran en una prisión de Brooklyn.
¿Van a mandar alguna delegación a la audiencia de sentencia, el 20 de mayo, en Nueva York?
La vez pasada mandamos un fiscal [a la audiencia en la que se declararon culpables]. No obstante, es importante establecer que el fiscal que va de Panamá no es parte de ese proceso. Se pide la cortesía para que pueda estar ahí y demás; de alguna manera es un espectador que nos representa. No puede participar de la audiencia. La vez pasada fue el fiscal de asuntos internacionales, Agustín Almario. Ahora estamos decidiendo si va un fiscal anticorrupción o si va Almario o ambos.
¿Por qué enviaron a Colón a la fiscal especial anticorrupción Tania Sterling?
Hay un reacondicionamiento de los fiscales superiores en diferentes posiciones. Un porcentaje alto de fiscales superiores, desde que yo estoy aquí, está en posiciones diferentes a donde estaba cuando yo llegué. A la fiscal Sterling la estamos mandando a Colón, donde estamos seguros va a hacer un buen trabajo y donde necesitábamos hace tiempo a un fiscal superior en materia de niñez y adolescencia.
Pero, a dos meses de la audiencia preliminar de Odebrecht, ¿quién piensa que es buena idea sacar del caso a la persona que elaboró la vista fiscal?
Permítame aclarar algo: el caso Odebrecht fue trabajado, investigado y dirigido por 10 fiscales. La fiscal Sterling era una de las 2 fiscales superiores en este grupo de 10 fiscales y se decidió que ella firmara la vista. No todos son fiscales superiores; hay de circuito y adjuntos. Es imposible que un fiscal trabajara todo este caso. ¿Esto cómo se trabajo? Un fiscal de circuito llevó una línea de investigación. Otro fiscal llevó otra… Así se trabajó eso. Y había dos coordinadores, que eran la fiscal Ruth Morcillo y la fiscal Sterling. De ese equipo, quedan 8 de los 10. Aquí los tuve, cuando se estaba haciendo esa vista, que salió en mi periodo y que fue bajo mi supervisión. Aquí los tuve y los escuché cuando me presentaron la teoría del caso de cada uno. Entonces, que no se diga que porque se cambió a un jugador, el equipo va a perder.
El día de la audiencia preliminar de Odebrecht, el 18 de julio, ¿quién va a sustentar la vista fiscal?
De ese equipo de fiscales, se van a escoger a los que tengan mejor proyección y mayor facilidad de explicación técnico jurídica.
Antes, el 19 de mayo, se reanuda la audiencia preliminar del caso New Business. ¿Qué pasará con el imputado Martinelli Berrocal, que está aforado y con principio de especialidad, según el Tribunal Electoral (TE)?
El tema del fuero va a depender de algunas circunstancias que la juez va a tener que decidir al momento de abrir el acto de audiencia. La defensa de Martinelli, en teoría, tiene que estar ahí. Ellos están citados para una fecha principal de audiencia y una fecha alterna.
Y sobre el presunto principio de especialidad…
El tema ya ha sido definido en los tribunales ordinarios, que son los realmente competentes para ver este tema. Si hay algo que resalta en el criterio que emitimos sobre la inconstitucionalidad del fallo de los magistrados del TE, es precisamente que ellos no tienen competencia para entrar al tema del principio de especialidad.
La multa de $220 millones fue un ‘error’
El procurador (encargado) Javier Caraballo consideró que la multa de $220 millones, pagaderos a 12 años, impuesta a Odebrecht, “fue un error”. La cantidad tendría que ser superior.
La multa se acordó en el año 2018, después que Estados Unidos anunciara que Odebrecht había repartido $59 millones en coimas en Panamá, entre 2010 y 2014.
“A mi criterio, fue un apresuramiento, un error en llegar a un acuerdo cuando todavía no se tenía todo el panorama claro de la incidencia delictiva de la empresa”, dijo. Agregó que la ley no permite revisar el acuerdo, dado que fue convalidado por un juez.
“La ley lo que nos permite es exigir que eso se cumpla y en eso estamos enfocados”. Dijo que cuando asumió como procurador encargado la empresa debía dos anualidades, razón por la que se solicitó a un juez que ordene al MEF y a Contraloría retener los cheques que se debe a Odebrecht por el pago de obras estatales.
