El diputado costarricense Antonio Álvarez Desanti interpuso una demanda internacional por $100 millones contra el Estado panameño, que ubicó dos fincas que el político compró, en 2010, fuera de los límites del humedal Damani-Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé.
Los terrenos obtenidos gracias a cuestionados procesos judiciales de prescripción adquisitiva son hoy objeto de una investigación por parte de las autoridades.
Los fallos que permitieron la compraventa de las tierras fueron firmados por el entonces juez primero de circuito, ramo civil de Bocas del Toro, Manuel García, y su subalterna Vilma Bryan. García hoy es funcionario de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).
La Prensa intentó hablar con García, pero no respondió los correos electrónicos que se le enviaron
RECLAMO
Una demanda por 100 millones de dólares interpuso el diputado costarricense Antonio Álvarez Desanti contra el Estado panameño –a través de Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, S.A. (Decsa)– en reclamo de tierras en Bocas del Toro, compradas en cuestionados procesos de prescripción adquisitiva.
La acción de Álvarez Desanti se produjo un mes después de que el Juzgado Primero de Circuito Penal de Bocas del Toro abriera causa criminal contra el exalcalde del distrito de Kusapín y otras personas por la venta supuestamente irregular de tierras protegidas.
En la demanda –interpuesta el 13 de marzo pasado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial– Decsa exige que se mantenga la ubicación de dos de cuatro fincas que posee en el humedal Damani-Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé.
Este humedal es el quinto de importancia internacional que tiene Panamá, y en él Álvarez Desanti quiere construir un hotel de lujo.
El demandante aduce que perdió el financiamiento del principal inversionista para el hotel, debido a que el Estado panameño “no quiere reconocer” la ubicación original de sus fincas. Este hotel, irónicamente, se desarrollaría en una de las regiones más pobres del país.
“El 30 de junio de 2010, Decsa adquirió ante notario de Panamá las fincas que forman parte del humedal Damani-Guariviara y en las que debía asentarse el proyecto”, señala el político costarricense.
Sin embargo, estas fincas fueron obtenidas por Decsa en procesos de prescripción adquisitiva, que desde 2011 son objeto de una investigación por parte de las autoridades.
En junio de 2013, aunque la Fiscalía Segunda de Bocas del Toro pidió al Registro Público la inscripción de secuestros penales sobre las fincas bajo investigación para evitar su venta o cualquier transacción, esta entidad –sin explicación alguna– solo inscribió una marginal.
Los secuestros de las fincas se solicitaron luego que una investigación de La Prensa reveló que 2 mil 89 hectáreas de tierra –de las que 685 hectáreas están inscritas a nombre de Decsa– fueron adquiridas en veloces procesos de prescripción adquisitiva, en 2010, beneficiando a personas que no vivían en el área, según confirmaron testigos a las autoridades.
En septiembre de 2013, tras el escándalo y las múltiples denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, el entonces administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Franklin Oduber, realizó una nueva medición a las fincas que reclama Decsa.
Se detectó –de acuerdo con el informe técnico elaborado por la Anati– que dos de las fincas compradas por Álvarez Desanti no están en la zona comarcal, sino en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, lo que motivó al político a interponer la demanda contra el Estado, a fin de que estas mantengan la ubicación original, es decir, dentro de la zona comarcal y del humedal.
Decsa adquirió las fincas luego de que varias personas las reclamaran como suyas al Juzgado Primero, ramo civil, en Bocas del Toro, a través de la abogada Evisilda Martínez y allegados de esta.
El 26 de julio de 2010, Martínez inscribió a Decsa en el Registro Público, junto con su esposo Francisco Castillo. Tres días después, el diputado Álvarez Desanti se integró a la junta directiva.
Curiosamente, Castillo es abogado de Feliciano Beker –que vendió dos fincas a Decsa– y de Andino Archibold, exalcalde de Kusapín, ambos imputados por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública (falsedad ideológica y de documento) y el patrimonio económico (estafa).
Álvarez Desanti aseguró que pagó varios millones de dólares a la abogada Martínez [esposa de Castillo] que había “prometido”, a través de un contrato de compraventa, entregarle esas tierras costeras.
La promesa de Martínez se dio un año antes de que se instauraran las demandas de prescripción adquisitiva de tierras y se emitieran los fallos favorables, lo cual ocurrió en julio de 2009 (gracias a estos fallos, se pudieron vender las fincas). El contrato de promesa de venta de las fincas se firmó entre enero y febrero de 2010.
En una audiencia preliminar, en febrero pasado, el abogado Castillo afirmó que “no se ha acreditado que la comarca Gnäbe Buglé tenga bajo su propiedad esas fincas, en donde se pueda acreditar el delito de estafa...”. Esta afirmación contradice lo planteado por su círculo de clientes: Beker, Archibold y del propio Álvarez Desanti.
Desde 2013, Castillo y su esposa Evisilda Martínez se rehúsan a hablar con La Prensa sobre la venta de las tierras. Este medio llamó a los teléfonos que Castillo aportó a las autoridades, pero están desconectados. También se le envió preguntas a su correo electrónico y no respondió.
¿CONEXIONES DE PODER?
¿Cómo Evisilda Martínez estaba tan segura de que conseguiría –con un año de anticipación– fallos favorables en juicios de prescripción adquisitiva de tierras que no le pertenecían?
La pregunta quedará sin respuesta, ya que Martínez no ha sido llamada por las autoridades ni Álvarez Desanti, que negoció con ella la venta de las tierras.
Otros que no han sido llamados ni imputados son el ex juez civil del Primer Circuito de Bocas del Toro Manuel García y su entonces sustituta en el puesto, Vilma Bryan, que firmaron todos los fallos que beneficiaron a Decsa.
De hecho, García ejerce actualmente el cargo de director nacional de Políticas Legales y Asesoría Jurídica de la Anati, pese a que su nombre se repite en los cuestionados fallos de prescripción adquisitiva –igualmente vertiginosos– que orquestó Martínez (ver facsímil).
García manejó 11 expedientes de prescripción adquisitiva y firmó 8 fallos. Uno de estos permitió la venta de uno de los terrenos que posee Decsa.
El primer fallo favorable a los planes de Martínez salió el 29 de junio 2010, y los otros tres, solo días después.
En tanto, el director de Anati, Carlos González, se apresuró a aclarar que cuando conoció de la investigación sobre irregularidades pidió a García que se declarara impedido y que desconociera del proceso que se realiza a lo interno de la entidad.
En su momento, el entonces vicepresidente y hoy mandatario del país, Juan Carlos Varela, exigió que las ventas tenían que ser “revisadas, investigadas y revocadas”.
“No se puede llevar ese tipo de titulaciones en base a que un político de Costa Rica compra a un juzgado… Estos son los tipos de operaciones que hay que detener de inmediato, investigar y revisar”, insistía Varela.
Pero no es la primera vez que los fallos de García han sido cuestionados. En 2009 fue absuelto de 10 cargos en su contra (entre ellos, faltas a al ética y de dictar fallos de manera tardía) y solo recibió una amonestación verbal.
Este medio intentó obtener la versión de García sobre las supuestas irregularidades en el proceso de prescripción que investiga el Ministerio Público, pero tampoco respondió a las reiteradas interrogantes enviadas a su correo electrónico.
En tanto, el dirigente indígena Gerardo Tugrí exigió la devolución de las tierras y advirtió que, de lo contrario, no descartan tomar acciones. “Si es necesario, vamos a llamar a la población para que defienda nuestro territorio, porque es evidente que sí hubo irregularidades en esos trámites”, afirmó.
Tugrí consideró que el proceso es “una burla” para ellos, ya que “los autores intelectuales de la venta fraudulenta de tierras no han sido imputados y el [ex] juez García fue premiado”.
PROCESO
En cuanto a la demanda millonaria interpuesta por Decsa, el director de Anati señaló que la defensa del Estado la maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de abogados internacionales, mientras “nosotros estamos dando todo el apoyo técnico a esos abogados que están analizando cómo se dio el curso de todo en el expediente”.
González dijo que esperan el proceso de investigación de las autoridades, pero que, por lo pronto, adelantan una inspección de campo para corroborar los linderos de las fincas, ya que los planos revelan que “sí están fuera de la zona comarcal”.
El MEF confirmó que contrató a la firma de abogados Hogan Lovells, por 1.8 millones de dólares para representar al Estado en la demanda. Sustentan que esta es “una firma especializada en arbitraje internacional ante la Ciadi”.
Una fuente oficial informó que estos abogados contrataron a Morgan & Morgan como sus “asesores panameños”, y que el pasado 7 de septiembre llevaron a cabo una reunión poco provechosa con Álvarez Desanti.
