Una nueva acción de inconstitucionalidad persigue que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogue el artículo 1 de la Ley 314 de 2022, que modificó los incentivos fiscales al turismo.
El recurso fue presentado por Ramón Ricardo Arias, quien con anterioridad demandó la Ley 122 de 2019, que reconocía un crédito fiscal de 100% en las inversiones turísticas fuera del distrito de Panamá. La Corte estaría obligada a archivar este caso, porque la Ley 122 de 2019 fue modificada con la Ley 314 de 2022, que ajustó el crédito fiscal de 100% a 60%, sobre el monto de las inversiones.
El argumento en ambas demandas ha sido el mismo: los incentivos fiscales al turismo violan la Constitución porque afectan el presupuesto del Estado, sin establecer rentas sustitutivas y sin contar con un informe previo favorable de la Contraloría General, como exige el artículo 276 de la Carta Magna. Este punto fue apoyado por el procurador de la Nación, Javier Caraballo.
Mientras tanto, en la Asamblea, la iniciativa legislativa que busca derogar ambas leyes tiene poco avance. Después de la audiencia pública que realizó el presidente de ese órgano, Crispiano Adames, dinámica en la que participaron empresarios del sector turístico, ahora los diputados analizan discutir el proyecto en la Comisión de Comercio, y no en la de Economía, en donde reposa actualmente.
Inconstitucionalidad
El abogado Ramón Ricardo Arias interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado martes 30 de agosto, una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 314 de 20 de junio de 2022.
Con esta acción, el jurista Arias impugna nuevamente los controversiales créditos fiscales al turismo, otorgados originalmente en la Ley 122 del 31 de diciembre de 2019.
La lógica detrás de esta acción de inconstitucionalidad busca reemplazar un proceso que está destinado a ser declarado como “sustracción de materia” por parte de la Corte Suprema, dado que el artículo impugnado —contenido en la Ley 122— había sido reemplazado con la Ley 314, antes de que el máximo tribunal se pronunciara sobre la controversia demandada.
En esta nueva acción, el abogado Arias retoma el argumento de su demanda original en la que planteó que la norma viola el artículo 276 de la Constitución Política, porque elimina ingresos del Estado sin establecer una renta sustitutiva de los mismos, y sin tener un informe previo de viabilidad fiscal preparado por la Contraloría General de la República.
Arias menciona un fallo de la propia Corte Suprema del 9 de febrero de 2017, que declaró inconstitucional una norma jurídica con efectos similares, porque incumplió los requisitos establecidos en el artículo 276 de la Carta Magna panameña.
Como parte del proceso constitucional anteriormente interpuesto contra la Ley 122, el procurador general de la Nación (encargado), Javier Caraballo, le había dado la razón a la demanda de inconstitucionalidad de Arias.
“El artículo 276 de la Constitución mantiene un mandato que se materializa en la prohibición de aprobar leyes que pueden afectar los recursos asignados en el presupuesto, sin que al mismo tiempo se establezcan las rentas sustitutivas de las que deje de percibir el Estado”, reconoció el procurador en su vista fiscal del caso.
En el nuevo proceso de inconstitucionalidad, el próximo paso debe ser la admisión por parte de uno de los magistrados o magistradas del Pleno de la Corte, quien deberá remitir la demanda de Arias a uno de los dos procuradores para que emita su vista fiscal, por lo que es posible que nuevamente Caraballo tenga que opinar sobre este tema.
Una vez la Corte Suprema reciba la opinión proveniente de cualesquiera de los procuradores, se establecerán 10 días para que los interesados aporten su concepto sobre esta controversia, luego de lo cual, el magistrado ponente deberá preparar un proyecto de sentencia para discutir con sus colegas.
Si la Asamblea Nacional es seria, dejará que la Corte dirima la controversia. En caso contrario, es posible que antes de fin de año aparezca otra ley de incentivos fiscales al turismo, para causar la “sustracción de materia” de esta nueva acción de inconstitucionalidad.
En la Corte, ya hay un proyecto de ley, presentado por el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, para eliminar las leyes 122 y 314.
