En el país donde el gobierno y la justicia se niegan a reconocer los derechos de las personas LGTBIQ+, la mayoría de la gente está a favor de que se reconozcan y en contra de los políticos que atentan contra ellos: el 66.8% cree que las parejas del mismo sexo deben contar con protección legal en Panamá y el 72.1% no votaría a un candidato que en campaña promueva “discursos de odio o violencia contra personas gay, lesbianas o trans”.
Un nuevo estudio de la consultora Borge y Asociados para la Fundación Iguales muestra además que cada vez son más quienes están a favor del matrimonio igualitario: mientras en 2020 representaban el 59.4%, ahora el porcentaje creció casi diez puntos, en un avance favorable a los derechos humanos de todas las personas y en contra de la discriminación que, según los mismos encuestados, existe en el país.
Borge y Asociados trabaja desde hace 15 años con la Universidad de Vanderbilt y el programa LAPOP para el Barómetro de las Américas midiendo valores democráticos. En Panamá, esta es la tercera muestra que realiza para medir la percepción nacional sobre temas sociales. La primera fue en septiembre 2020; la segundo, en noviembre de 2021, y esta, cuyo trabajo de campo se realizó entre 24 de abril al 14 de mayo 2023, es la tercero.
De esa experiencia, aprendieron que “entre más inclusiva es una sociedad, entre más posibilidades les brinde a todos los miembros de la población, más éxito va a tener el país como país”, dijo el director de Borge y Asociados, Víctor Borge.
¿Por qué, entonces, en contra de esa evidencia de progreso, de la percepción general y de los tratados internacionales que Panamá firmó, el Estado niega derechos?
Un fallo a contramano
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra del matrimonio igualitario, las críticas de expertos, referentes de la sociedad civil y organizaciones nacionales e internacionales por los derechos humanos fueron muchas y rotundas.
“Los derechos garantizados a las parejas de sexo opuesto deben ser extendidos y reconocidos también a aquellas conformadas por personas del mismo sexo”, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado donde instó al Estado panameño a garantizar el matrimonio igualitario, el derecho a la igualdad y no discriminación de las familias diversas.
También recordó que “ni las ideologías o argumentos religiosos”, ni “la falta de consenso social sobre los derechos” de las personas LGTBIQ+, pueden ser considerados “argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir cualquier tipo de discriminación histórica y estructural”. Aunque justamente eso suele ventilarse como pretexto para frenar derechos, los datos muestran otra cosa.
El 78% de la población del país dice que las parejas del mismo sexo deberían tener protecciones legales básicas, como visitar a su pareja al hospital. La distancia entre la ciudadanía y las instituciones del Estado, como la justicia, parece abismal. ¿Qué las lleva a no reconocer algo que la mayoría del país quiere que se reconozca?
“Es evidente que la Corte y la inactividad del gobierno no están escuchando a la opinión pública”, dijo Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales. “Hay ausencia de información”, agregó Borge.
En un país donde las estadísticas oficiales son inexistentes y los estudios sociales pocos, Iguales apuesta por aportar evidencia para que las discusiones y la toma de decisión sean en base a ella: “Aportamos información que no teníamos y que es contundente: los panameños y las panameñas entienden que las personas LGTBIQ+ tenemos los mismos valores de respeto, familia y tratar al otro como quieres ser tratado”.
Discriminación
El estudio “Evaluación de percepción nacional sobre temas sociales” también muestra que el país acepta que la discriminación es una realidad y, por lo tanto, un desafío: el 74.1% de las personas encuestadas considera que existe discriminación hacia otras personas. De ellas, la mayoría piensa que es por motivos socioeconómicos (51.8%), el 20.5% que es por apariencia física y 1 de cada 5 personas, por género u orientación sexual (23.9%).
Reconocerlo no es estar a favor. Al contrario, el 63.3% de los encuestados respondió que está de acuerdo con que una persona trans pueda cambiar el nombre de su documento.
“Es consistente la evolución positiva en todos los tipos de percepción con el tema de más derechos, los números son claros: entre las personas de espacio rural y urbano, hombres y mujeres de todas las edades o de cualquier la religión, hay un crecimiento sostenido desde 2020 de sensibilización y apoyo hacia las personas LGTBIQ+”, concluye Chanis. Y es “con el tema de protecciones legales para parejas del mismo sexo, pero también con los derechos de las personas trans”.
Para Borge también es claro: “El valor del respeto a los demás es algo que se nos ha olvidado decirlo, pero ahí está y es lo que hemos visto a lo largo de todas las mediciones. Los valores de los ciudadanos están alineados con la esencia del cristianismo: el respeto a los demás”.
