Gran parte de los 60 millones de dólares que pagó en alimentos deshidratados el Programa de Ayuda Nacional (PAN) –bajo la gestión de Giacomo Tamburrelli– se depositó en cuentas bancarias de sociedades off shore.
Todas estas operaciones fueron detectadas por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público que, durante meses, han seguido el rastro del dinero, descubriendo que los beneficiarios finales usaron a terceros para ocultarse.
De esos 60 millones de dólares pagados por la comida deshidratada en los dos contratos, la compañía brasileña Prativita Nutricionales Ltda. –su fabricante– solo recibió 15 millones de dólares, mediante transferencias a través del Banco Do Brasil, en Nueva York.
En otras palabras, ese fue el costo real de los desagradables, peligrosos y poco nutritivos alimentos que, durante meses, niños de escuelas públicas de todo el país consumieron.
En virtud de estos nuevos hallazgos, la Contraloría General de la República –que dirige Federico Humbert– ratificó la semana pasada, en un informe de auditoría, que la lesión patrimonial por este caso se calcula en unos 45 millones de dólares.
Justamente, esta es la cantidad de dinero que terminó en las cuentas bancarias de Lerkshore International, tras suscribir los contratos de comida deshidratada con Tamburrelli, en 2010.
De esos 45 millones de dólares, al menos 30 millones de dólares fueron transferidos electrónicamente por el Banco Nacional de Panamá (BNP) a una cuenta de Lerkshore International en el Banco Trasatlántico Ltd., en Dominica.
El enorme volumen de dinero que en corto tiempo manejó Lerkshore encendió las alarmas de sus banqueros. Así, Towerbank –banco en el que Lerkshore mantenía una cuenta corriente– rechazó recibirle 15 millones de dólares, producto del pago de un adelanto en el segundo contrato de la comida deshidratada.“Los fondos [15 millones de dólares] serán devueltos en consideración del perfil establecido para la recepción de fondos en la cuenta corriente a nombre de Lerkshore International. La cantidad recibida excedía el monto máximo autorizado, de acuerdo a evaluación efectuada y parámetros establecidos”, señala una nota del Towerbank con fecha del 29 de diciembre de 2010, a la que este diario tuvo acceso (ver nota).
No era la primera vez que Lerkshore activaba las alarmas. En ese mismo banco, meses antes, su dueño Rubén De Ycaza, también había solicitado tomar las previsiones para el pago de comisiones por 4.3 millones de dólares, mostrando solamente copia del primer contrato de “agente comisionista” que firmó con el abogado Amado Arjona Duque, de la firma Arjona, Figueroa, Arrocha & Díaz.
Tres semanas después de que Towerbank rechazó los 15 millones de dólares –el 17 enero de 2011– De Ycaza abrió una nueva cuenta, esta vez en el Banco Trasatlántico, hoy Balboa Bank & Trust.
Lerkshore, al tener menos de un año de operación, carecía de estados financieros, pero ello no impidió que los millones pagados por el Estado fueran aceptados en cuentas que Lerkshore abrió en ese banco, en el que –por cierto– De Ycaza era accionista minoritario.
La nueva cuenta tenía el propósito de obtener “fondos de los contratos para el suministro de alimentos deshidratados para las escuelas públicas”. Es decir, su única fuente de ingresos eran los contratos del PAN.
A través del Banco Trasatlántico, De Ycaza giró cheques a sociedades y a particulares. La Prensa tuvo acceso a múltiples cheques, entre los que destacan uno dirigido a su esposa Amarilis Meléndez, por la suma de 200 mil dólares y otro a la firma Rosas & Rosas, por 192 mil 500 dólares (ver cheques).
Este último sirvió para abonar una finca ubicada en urbanización Dos Mares, en Betania, que compró De Ycaza, y donde luego construiría una lujosa mansión (ver foto).
Precisamente, en enero pasado, la hoy exfiscal segunda Anticorrupción Lizzette Chevalier –que inició estas investigaciones– concluyó que: “el pecunio que posee el empresario Rubén De Ycaza no se justifica si se toman en cuenta los recursos con los que contaba él al momento de contratar con el Estado...”.
COMISIONES
El 20 de octubre de 2010, De Ycaza firmó otro contrato de “agente comisionista” con el abogado Amado Arjona Duque, por un monto de 7 millones de dólares. Esa suma representa el 15% del segundo contrato de comida deshidratada, el cual ascendía a 45 millones de dólares (ver contrato).
Lo curioso es que la firma del documento –en el que Arjona Duque se comprometió a asesorar a De Ycaza– se registró dos meses antes de que Tamburrelli contratara, una vez más, los servicios de Lerkshore International.
Es decir –y tal como ocurrió la primera vez–, el proveedor no tenía dudas de que sería beneficiado por el PAN por segunda ocasión en menos de siete meses, aunque ahora su contratación ya no sería a través de una licitación, sino por la vía directa.
De Ycaza argumentó –ante la Contraloría– que no recordaba si se trató de un “error secretarial” el hecho de que el abogado Arjona Duque haya colocado fechas anteriores a la firma de los contratos con el PAN, ya que el documento “contiene información que para la fecha era imposible conocer”, refiriéndose al número del proyecto y el monto a pagar.
En tanto, Tamburrelli reafirmó que desconocía la existencia de los contratos de “agente comisionista” y al propio Arjona Duque, aunque nada dijo sobre la participación de su hijo en la falsa licitación para adjudicarle a Lerkshore el primer contrato de comida deshidratada (ver nota relacionada).
Los 7 millones de dólares de comisión terminaron en cuentas bancarias de las sociedades Piramid Financial Group Inc., Apollo International Services Inc. y Starlington Holdings, por citar solo algunas (ver cheques).
Estas compañías tienen un denominador común: los directores son empleados del abogado Arjona Duque y, además, aparecen como firmantes de las cuentas bancarias. Una de ellas es Yulissa Ortega Espinosa, actualmente su mano derecha.
Una de las cuentas bajo investigación corresponde a la sociedad Starlington Holdings, constituida en Islas Vírgenes Británicas. Esta se aperturó en diciembre de 2011 en el Banco G&T Continental Panamá, con un depósito de 500 dólares.
Se registró como firmante de la cuenta la joven Adriana Samudio Alveo, quien declaró que trabajaba para una agencia de autos y que el dinero que recibía era de su salario y de servicios prestados a una firma de abogados.
Dos semanas después de la apertura de la cuenta –el 17 de enero de 2012– el banco registró un depósito de 300 mil dólares. Pero en esa cuenta hubo movimientos que casi alcanzaron los 3 millones de dólares antes de ser cerrada, el 27 de noviembre de 2014. La Prensa contactó a Arjona Duque y a Ortega Espinosa para conocer su versión sobre estos hechos, pero no aceptaron una entrevista.
PAGOS ANTICIPADOS
Para el empresario De Ycaza, la comida deshidratada resultó en un gran negocio. Facturó millones de dólares sin invertir un solo dólar de su bolsillo. Quizás porque tampoco era mucho lo que tenía.
Y es que Tamburrelli le adelantó millones de dólares que sirvieron para financiar el proyecto. Por ejemplo, del primer contrato de la comida deshidratada –valorado en 15 millones de dólares–, Lerkshore International recibió un anticipo de 3 millones de dólares.
Con ese dinero, De Ycaza envió una primera transferencia de 1.5 millón de dólares a Prativita Nutricionales Ltda., garantizando el primer envío de productos. A medida que el gobierno de Ricardo Martinelli hacía desembolsos, el proveedor giraba dinero al fabricante.
En el segundo contrato –de 45 millones de dólares– Tamburrelli autorizó un anticipo de 15 millones de dólares. El resto del dinero se desembolsaría contra la presentación de las actas de inspección y de entrega del producto.
El segundo contrato vencía en 2014. Sin embargo, la compañía de De Ycaza cobró la totalidad del contrato, pese a que el 9 de noviembre de 2011 el Consejo Directivo del PAN aprobó suspender el proyecto ante las múltiples quejas de padres de familia, docentes y estudiantes.
CELERIDAD SOSPECHOSA
Lerkshore International cobró la totalidad del segundo contrato gracias a una celeridad inusual respecto a los tiempos internos en el PAN y en la Contraloría General.
Por ejemplo, el 6 de diciembre de 2010, cuando Tamburrelli contrató por segunda vez a Lerkshore por “considerar que su propuesta representa los términos y condiciones más ventajosos para el Estado”.
Solo tres semanas después, el entonces director de Fiscalización de la Contraloría Roger Cerrud remitió el contrato a la contralora Gioconda Torres de Bianchini para su refrendo, quien lo firmó ese mismo día.
La orden de proceder del proyecto fue entregada por Tamburrelli el 22 de diciembre de 2010. Al día siguiente, el mismo funcionario remitió una carta al Departamento de Sector Público del Banco Nacional de Panamá solicitando la transferencia de 15 millones de dólares a favor de Lerkshore y el 27 de diciembre de 2010, De Ycaza recibió el millonario adelanto.
Tamburrelli ocultó datos; su hijo, ligado a escándalo
Giacomo Tamburrelli Palma, hijo del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, fue “fiador solidario” de Terno, S.A., que participó en la “licitación” en 2010 –por 15 millones de dólares– de la comida deshidratada. Así consta en un documento emitido por la aseguradora Del Istmo Assurance Corp., tras solicitud formal que hicieron auditores de la Contraloría General de la República, indicó una fuente con acceso a la reciente auditoría que hizo esta institución a los contratos de comida deshidratada.
Terno, S.A. –representada por Jorge Alejandro Noel García– presentó su propuesta al PAN, aunque el día de la licitación ni siquiera aportó muestras de los productos que vendería ni marca ni registros ni la fórmula de mezcla de los alimentos, aspectos básicos en el pliego de condiciones.
Lo mismo ocurrió con otra compañía que acudió a la presentación de propuestas. Se trata de Fujico, S.A., cuyo dueño es Juan Carlos Marciaga, empresario de Penonomé.
Marciaga, como se recordará, facturó en el PAN, al menos, 70 millones de dólares, utilizando un entramado de sociedades anónimas. Tras una investigación del Ministerio Público fue acusado por la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos. Marciaga actualmente tiene una medida de arresto domiciliario. Las fuente dijeron a La Prensa que ante estos hechos, los auditores de la Contraloría concluyeron que si bien es cierto hubo tres proponentes en el primer acto público, dos de ellos –Terno, S.A. y Fujico, S.A.– no suministraron la documentación mínima exigida en el pliego de condiciones. Ello sugiere que ambas “no hicieron un esfuerzo real” para competir y adjudicarse la licitación. O en otras palabras, “hubo una competencia simulada entre los participantes”, cita la fuente el informe de la Contraloría.
SUSPICACIA
El hijo de Tamburrelli fue “deudor solidario” de Terno, S.A., debido a que esta no contaba siquiera con los recursos suficientes para cubrir una fianza de cumplimiento en el evento de que le fuese adjudicado ese primer contrato de 15 millones de dólares.
Según el informe de documentos a los que ha tenido acceso este medio, Noel García pagó por la fianza de propuesta –fechada el 17 de mayo de 2010– la suma de mil 575 dólares. Ese mismo día, a las 10:00 de la mañana, se realizó la apertura de sobres, acto en el que se determinó que la vigencia de la fianza de propuesta adquirida por Terno, S.A. vencía a las 12:00 m. de ese mismo día.
Tal como se esperaba, no hubo competencia y la falsa licitación fue adjudicada a Lerkshore International Limited, representada por Rubén De Ycaza. Lerkshore International fue calificada por la comisión evaluadora con un puntaje perfecto.
Ello, a pesar de que esta compañía presentó en su propuesta, referencias bancarias que en realidad correspondían a la empresa brasileña Prativita Alimentos Nutricionales Ltda., fabricante de los alimentos deshidratados.
La Contraloría General también descubrió, según las fuentes, que Lerkshore International no realizó un análisis de calidad de la fórmula de los productos a fin de determinar las condiciones físicas y químicas de los alimentos deshidratados. Además, se determinó que todas las certificaciones de registro alimentario emitidas por la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), que por entonces dirigía Humberto Bermúdez, “no tienen sellos de la institución ni firma de ningún funcionario responsable de su emisión”. Estos aspectos eran importantes en el pliego de condiciones.
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