La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada llevó a cabo audiencias simultáneas para siete personas aprehendidas en la operación Capibara, relacionada con supuestos nombramientos irregulares en el Ministerio de Educación (Meduca).
Esta operación se desarrolló el pasado viernes 11 de octubre en distintas provincias del país. Como resultado, seis de estas personas fueron imputadas y una séptima fue condenada a 60 meses de prisión mediante un acuerdo de pena.
En la primera audiencia, realizada en Panamá Oeste, se imputaron cargos por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado a una mujer, a quien también se le ordenó la detención provisional, informó a través de un comunicado el Ministerio Público.
La entidad explicó que en la provincia de Panamá, se imputó a una persona por tráfico de influencias. La Fiscalía solicitó su separación del cargo y la detención provisional; sin embargo, el juez de garantías, considerando la edad del imputado (63 años) y otros elementos, no admitió los riesgos procesales y decidió no aplicar una medida cautelar.
#ResultadosPGN
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 13, 2024
📹El Fiscal contra la Delincuencia Organizada, Efraín Gálvez informa los resultados de audiencias para las personas aprehendidas en #OperaciónCapibara, relacionado a supuestos negociados en nombramientos de docentes. .👇 pic.twitter.com/JT8w8mQIoP
El Ministerio Público apeló esta decisión, y la audiencia fue programada para el próximo 23 de octubre. Se trata del educador Misael Trejos, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y miembro de la Comisión de Selección de Panamá Centro.
En Bocas del Toro se imputaron cargos por tráfico de influencias a dos personas, y la Fiscalía solicitó su separación del cargo. No obstante, el juzgado determinó que debían presentarse a un reporte periódico, medida que también fue apelada por el Ministerio Público.
Además, en Bocas del Toro, se imputó a otra persona por delito sexual en la modalidad de actos libidinosos y acoso, a quien se le impuso la medida de reporte periódico. El Ministerio Público anunció que apelaría esta decisión.
En la provincia de Chiriquí, se imputó a una persona por tráfico de influencias y se ordenó su separación del cargo. Adicionalmente, otra persona se acogió a un acuerdo de pena de 60 meses de prisión, junto con una pena accesoria de 36 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una vez cumplida la sanción principal.
Un grupo de dirigentes anunciaron para el próximo 17 de octubre una marcha desde el parque Porras hasta la Presidencia de la República, en contra de la presunta persecución al gremio y de la posibilidad de que haya un aumento de la edad de jubilación como parte del debate sobre el futuro de la Caja de Seguro Social.
